Muchos comercios siguen cerrados y otros tratan de incrementar la venta por Internet; las industrias están a media máquina, salvo aquellas que proveen a las farmacias, supermercados y autoservicios, que siguen haciendo abrir y cerrar sus cajas registradoras. Y en general los pequeños emprendimientos —talleres mecánicos, peluquerías, transporte de escolares, restaurantes— también están prácticamente paralizados. La “luz al final del túnel” a la que aludió días atrás el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para referirse a la crisis provocada por el coronavirus y a la puesta en marcha de los motores de la economía para salir del pasadizo lo antes posible, todavía no se ve en varios de los rubros de actividad. Los shoppings, por ejemplo, no tienen “idea” cuándo podrán volver a abrir sus puertas y señalan que entonces será con caídas de los niveles de consumo previos al Covid-19; mientras tanto “no cobran alquiler” por los locales.
En cambio, las empresas y trabajadores de la construcción volvieron a la actividad el lunes 13, tras finalizar la licencia especial de la semana anterior a la de Turismo y la reglamentaria durante esos días. El retorno se da, además, con una serie de cambios introducidos al régimen de vivienda promovida, que según la visión del gobierno y de los constructores servirán para reactivar la economía mientras el país procesa la crisis actual.
“Supernoticia”. “Volvieron entre 2.500 y 3.000 centros de trabajo, desde el más grande como UPM hasta una reforma pequeña en un barrio. Parte de la reactivación de la economía es que salga la construcción a trabajar. Y se vuelve con una supernoticia y un aliciente enorme”, dijo a Búsqueda el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Ignacio González Vierci. Así se refirió a la próxima derogación de los topes de precio y restricciones en el porcentaje de unidades de uno, dos y tres dormitorios que regían desde 2014 y otros ajustes introducidos en 2017. Además, ahora se permitirá que los edificios construidos bajo este régimen de promoción con exoneraciones impositivas incluyan cierta cantidad de monoambientes. Para el titular de la Appcu, la nueva normativa, que se publicará en estos días, permitirá el “libre albedrío, según cada uno considere cómo le va a ir en el negocio”.
“Habrá negocios y oportunidades que se abran porque hay sectores que no están siendo tan golpeados, por suerte, y porque la pandemia es pasajera”, dijo sobre las expectativas de concretar compraventas de las nuevas unidades que se vuelquen al mercado.
Además de las decisiones que buscan incentivar la construcción, el gobierno también está evaluando una serie de medidas para impulsar la actividad industrial, dijeron a Búsqueda fuentes del ministerio del ramo. Se prevé que próximamente se resuelva la prórroga “por un año” en la vigencia de las admisiones temporarias, un instrumento muy utilizado por las fábricas mediante el cual importan insumos exentos de impuestos para agregarles valor y luego ser exportados. También se evalúa el “corrimiento” de los plazos establecidos en la “ley de inversiones” para el cumplimiento de la matriz de indicadores de los proyectos en general. Las fuentes indicaron que, además, se estudiaron los costos que podría tener aumentar la devolución de impuestos indirectos a las exportaciones en algunos rubros, pero admitieron que esta medida tiene menos probabilidad de prosperar.
“Sin perder los principios, vamos a hacer todo para prender la llave del país de vuelta”, había dicho Lacalle Pou días atrás. Y coincidiendo con esa actitud, tras reunirse con el mandatario, García Pintos afirmó que dada la “situación crítica y extraordinaria” que atraviesa el país “hay que gastar lo que sea necesario”.
Medidas “insuficientes”
En los últimos días, algunas personas que habían comprado un auto fueron al concesionario para devolverlo porque no podían afrontar la deuda; también hay industrias que están teniendo problemas para el cobro de sus ventas y comerciantes solicitando a proveedores que se le depositen los cheques emitidos más tarde para que no reboten por falta de fondos. El panorama es diverso, según las consultas realizadas por Búsqueda entre empresarios y gremiales de distintos rubros. Algunos están acudiendo a las medidas que el gobierno tomó para aliviar a las firmas por la afectación económica del coronavirus, pero otros advierten que algunos de los anuncios no han sido llevados a la práctica, o bien que no los alcanzan a beneficiar y también están los que no acceden porque, dicen, los bancos no atienden el teléfono y si van a la sucursal hay colas de gente afuera.
A su vez, plantean que en general las empresas han enviado mucho personal al “seguro de paro” para reducir los costos pero también toman medidas preventivas respecto a los trabajadores resfriados o con alguna enfermedad, lo que termina desarticulando equipos y sus capacidades de gestión y operación, sumando inconvenientes en el funcionamiento del negocio puertas adentro.
En los primeros 14 días de abril las solicitudes de subsidio por desempleo fueron 50.996; la amplia mayoría (42.058) son por la causal “suspensión” de actividad, según datos del Banco de Previsión Social (BPS).
Desde la Liga de Defensa Comercial (Lideco) indicaron que se preparan para, a la salida del “túnel”, ayudar a que los deudores y acreedores encuentren soluciones para los problemas de pago e insolvencia que se potencian en tiempos de crisis. En general, los que tienen problemas financieros postergan los pagos y apuestan a generar ingresos frescos, dijo una fuente. Pero cuando los meses pasen y las cuentas con retraso se acumulen, es posible que más recurran a mecanismos de refinanciación previstos en el régimen concursal.
Para entonces es que, en conversación con legisladores oficialistas, algunos abogados están redactando un proyecto para modificar aspectos de la ley de concursos y reorganización empresarial (Nº 18.387) por la situación de “emergencia económica” ocasionada por la pandemia. La idea principal, dijeron, es alargar los plazos establecidos (de 30 días a 180 días) para que las firmas que conocen su situación de insolvencia se presenten a concurso, suspender por un tiempo la posibilidad de que los acreedores de una firma hagan la presentación a concurso del deudor (concurso necesario) y así “tratar de salvar” la empresa antes. Además, prevén flexibilizar las condiciones para presentar un acuerdo privado de reorganización, una figura que hoy está restringida a hacerse solamente antes de la declaración judicial de concurso y con el acuerdo del 75% de los acreedores comerciales sin garantía. Apuntan a que se pueda celebrar luego de entrar en concurso y con la mitad de la aprobación (50%) de los acreedores.
Pero, mientras tanto, para que el “impacto de la crisis sea el menor posible” el gobierno anunció una “batería de medidas”, enfocado especialmente en los emprendimientos de menor porte, como el corrimiento del plazo para las firmas que pagan el IVA mínimo (literal E) para fines de marzo, la exoneración de parte de los aportes patronales a los monotributistas y unipersonales (con hasta 10 empleados) y subsidios por cese de actividad para los emprendedores vinculados al Mides (de unos $ 6.800) y un préstamo blando de $ 12.000 para abril y mayo para monotributistas, literal E y régimen general. Entre el feriado del viernes 10 y la mañana del lunes 13 la Agencia Nacional para el Desarrollo (Ande), que gestionará los dos subsidios mencionados, recibió casi 700 consultas para conocer los beneficios, indicaron desde la institución. Están terminando de implementar un mecanismo de consulta por la página web del BPS, al estilo del que se realiza para ver si corresponde la devolución del Fonasa, de modo que el beneficiario acuda luego a una red de cobranza para hacerse del efectivo.
Solo “un respiro”
El titular de la Confederación Empresarial del Uruguay, Carlos Delfino, indicó que hay interesados, pero también “miedo” en tomar esos préstamos porque no se sabe en qué situación se estará para pagarlos. En general, dijo que las distintas medidas “dan un respiro” y si bien “no alcanzan, peor es no tener”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), Pablo Villar, dijo que comparte la intención del gobierno de dar alivio a los monotributistas pero advirtió que no se contempla a la gran mayoría de las mipymes, por lo que juzgó “insuficiente” el apoyo.
Advirtió, además, que la prórroga de los pagos a la DGI y el BPS sirvió, pero no hay novedades al respecto para este mes y que hay inconvenientes con la exoneración de una parte de los aportes patronales porque se estableció para determinadas razones sociales y, por ejemplo, no alcanza a las sociedades anónimas.
Por estas situaciones, la Anmype planteó esta semana al Ministerio de Trabajo que los “marcos de beneficios sean aplicables según el tamaño de las empresas y no según la razón social”, en función de una certificación oficial que podría emitir la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas.
Villar habló de la necesidad de sostener la cadena de pagos con el acceso a créditos “blandos” y a los que, por ejemplo, el Banco República todavía no tiene operativos —aunque lo estaría desde esta misma semana, según dijeron fuentes oficiales—, o de líneas de descuento de cheques diferidos a tasa cero, dada la “inusual” situación que se vive. “Hay rubros que están prácticamente liquidados. Los peluqueros están desesperados porque la mayoría alquila local y no les entra gente al salón. Hay comercios chicos con muy poca venta porque muchos clientes piden por Internet a las grandes superficies que entregan a domicilio, el transporte escolar, los talleres mecánicos no tienen trabajo directamente”, resumió el titular de la Anmype.
La baja movilidad también afectó la actividad de las estaciones de servicio. Pero el 90% de esos comercios no se encuentran entre los beneficiarios de las medidas anunciadas por el gobierno, dijo Daniel Añón, directivo de la gremial que las nuclea, ya que en general tienen más de 10 empleados y, además, han optado por enviar parte de su plantilla al “seguro de paro”. Lo mismo hicieron muchas concesionarias de marcas de automóviles, dijeron fuentes del sector. Si bien aducen no tener problemas financieros, advirtieron que con algunos clientes que son “revendedores” están teniendo que acceder a depositar los cheques más tarde para que no les reboten. Y para bajar costos, algunas automotoras “depositarán las chapas” de los vehículos usados en las intendencias porque las ventas “no bajaron, sino que desaparecieron”. Consideraron que como lo “peor todavía no llegó” comprar un auto “hoy es inmoral”.
Desde el sector industrial, también indicaron que “está empezando a verse más” cheques rebotados y retrasos en los cobros, lo que demanda más necesidad de capital financiero para “aguantarse” operativos.
A todo esto, la confianza de los consumidores registró un brusco retroceso en marzo, según las encuestas realizadas ya con la emergencia sanitaria decretada. Así lo informó el miércoles 16 la Cátedra Sura de la Universidad Católica, que elabora ese indicador junto con Equipos Consultores. El índice volvió a un rango de “moderado pesimismo”.
