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¿Los homicidios incluyen casos de legítima defensa? ¿Qué se define como muerte dudosa? ¿La falta de movilidad social de la pandemia produjo menos rapiñas? ¿Los hurtos se registran tentativos o consumados? Trimestralmente, el Ministerio del Interior presenta los indicadores de denuncias de delitos en el país y enseguida se genera un debate con la oposición sobre la certidumbre de esas cifras, la manera en la que se producen y la diferencia que suelen tener con los números oficiales a cargo de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Salud Pública y otros informales que surgen del monitoreo de noticias de los medios de comunicación.
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Hasta ahora la respuesta del Ministerio del Interior ha sido siempre la misma: no cambiaron la metodología ni los integrantes de su Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, que se creó hace dos décadas para centralizar la información policial de las distintas dependencias del ministerio y que mantiene como director a Javier Donnángelo, el mismo que estuvo en administraciones pasadas del Frente Amplio.
Sin embargo, la duda política constante sobre el observatorio, sumado a barreras estadísticas que diferentes administraciones no lograron subsanar, impulsó al gobierno a realizar modificaciones en la medición de los delitos. Estarán a cargo de Diego Sanjurjo, asesor del ministro Luis Alberto Heber, quien las incluyó en la nueva estrategia de seguridad de la Secretaría de Estado tras acordarlas con académicos y partidos políticos. La importancia de la iniciativa determinó que Heber la destaque ante parlamentarios del Frente Amplio.
“Queremos mejorar lo que es el observatorio. Me parece que tiene que estar auditado, tiene que estar garantizado, porque, si terminamos siempre discutiendo por la veracidad o no de los datos, no nos entendemos nunca. Me parece importante tener criterios más objetivos a la hora de tener que hacer evaluaciones, porque de lo contrario tenemos una discusión de cuestionamiento de números que nada nos ayuda en la discusión que queremos”, dijo el 26 de julio en la Comisión de Presupuestos Integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes.
El cambio principal será la participación del Instituto Nacional de Estadística (INE) para asesorar al Ministerio del Interior sobre mejoras en la calidad y la transparencia de sus procesos estadísticos. Será un acuerdo de asistencia técnica con el objetivo de evaluar la recolección, la producción y la publicación de información. Entre 2019 y 2022 ya se llevó a cabo una evaluación de este tipo, a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que aunque dio el máximo grado de calidad estadística al ministerio también formuló una lista de recomendaciones: desarrollar una tabla de correspondencia de los delitos registrados en su sistema con la Clasificación Internacional de Delitos con fines Estadísticos (ICCS) de Naciones Unidas; difundir la publicación de informes con periodicidades más cortas, por ejemplo, mensualmente; y fortalecer las capacidades y el profesionalismo de policías, becarios y fiscales que operan el sistema.
“Vamos a echarle mano al observatorio; vamos a hacer cambios ahí, y queremos que esto sea bien transparente, porque no queremos que se termine cuestionando al observatorio. Me parece importante que el espectro político sepa que vamos a mirar con un criterio amplio, garantista, para que todos tengamos la tranquilidad de que se está midiendo bien el tema y no terminar siempre con cuestionamientos sobre los números que presenta el Ministerio del Interior, que le hacen mucho mal a la sociedad, al Ministerio del Interior y a la discusión política”, sostuvo Heber.
Delito sin denuncia.
Además del asesoramiento del INE en materia técnica, el Ministerio del Interior apunta con el acuerdo a atacar una de las debilidades estadísticas que históricamente tiene la gestión de seguridad pública en Uruguay, donde los delitos solo se miden en función de las denuncias que hacen las víctimas. Para solucionarlo se espera que el INE ejecute, de forma periódica y estandarizada, encuestas de victimización, instrumentos de recolección de información cuantitativa que miden la vivencia de haber sufrido delitos y ofrecen un panorama más integral de la violencia al complementar los datos que surgen del observatorio.
“Dado que en todo el mundo los ciudadanos solo denuncian una minoría de los hechos delictivos que sufren, las encuestas de victimización se han vuelto una herramienta fundamental en los países desarrollados, donde se aplican anualmente y han pasado a suplantar a los registros administrativos a la hora de valorar públicamente la evolución del delito”, establece el documento del ministerio elaborado por Sanjurjo.
El problema de la medición del delito solo a través de las denuncias estuvo sobre la mesa la semana pasada en el Parlamento. El diputado frentista Sebastián Valdomir afirmó que “mucha gente no denuncia cuando sufre un hurto, una rapiña”, lo que deriva en que a la Policía le falten “ojos y oídos para orientar el patrullaje y la política de prevención del delito”. Heber respondió que es necesario facilitar las denuncias a la población porque efectivamente, en ciertos casos, “puede haber delito sin denuncia”.
“¿En qué casos? En el homicidio, no, pero en el hurto puede haber más delitos que denuncias. En menor medida, en las rapiñas puede haber más delitos que denuncias. En general, se denuncian las rapiñas. En cuanto al hurto, nos consta por las reuniones que hemos tenido con muchos vecinos que la gente se cansa de denunciar y no lo hace más”, admitió.
El mismo punto también formó parte de un intercambio que Andrés Capretti, uno de los asesores de Heber, mantuvo días atrás en una reunión con vecinos de Malvín. Según informó El Observador el lunes 31, los vecinos se molestaron cuando las autoridades policiales afirmaron que en julio no tuvieron hurtos registrados en el barrio.
Aunque las encuestas de victimización son la respuesta que permite superar la falta de denuncias, la experiencia en Uruguay ha sido corta y poco fructífera. La primera encuesta se realizó en 2011 con una empresa privada y no cumplió con los estándares internacionales que por lo general se utilizan. La segunda, de 2017 y elaborada por el INE, se enfocó en las valoraciones de la ciudadanía sobre la inseguridad y la Policía, pero no en averiguar la cifra negra de delitos.
