Ministerio del Interior denunció “irregularidades” en Bomberos

La decisión del Ministerio de presentar la denuncia surge después de recibir un informe de su Unidad de Auditoría, que investigó el servicio especial de prevención de incendios que brinda Bomberos a empresas privadas y públicas, según el escrito al que accedió Búsqueda.

Para el Ministerio, los delitos en los que habrían incurrido los funcionarios de Bomberos son “peculado por aprovechamiento del error del otro, fraude y abuso de funciones no previstos expresamente por ley”.

Primer paso.

La decisión de auditar el trabajo de la Dirección de Bomberos surgió en 2015 a partir de un planteo de Ancap al Ministerio. La petrolera estatal contrata desde hace años un servicio especial de seguridad en materia preventiva de incendios (el 272), pero tenía dudas sobre el grado de cumplimiento de los bomberos.

El contrato entre Ancap y Bomberos, según el informe de la auditoría, tiene como objetivo “la prestación de un servicio permanente de policía de fuego en los predios e instalaciones” de la petrolera. En total se trata de 106 funcionarios de distinta jerarquía distribuidos en La Teja (52), La Tablada (34) y José Ignacio (19).

La auditoría detectó varias irregularidades al analizar el servicio proporcionado a Ancap. El contrato firmado en 2014 dice que Bomberos debía “personal idóneo y con experiencia”. Pero eso no ocurría: “En general el servicio lo prestan funcionarios con grados inferiores a los contratados, sin embargo se factura por los sueldos de acuerdo con la estructura jerárquica acordada en el contrato”.

“Al cubrir el servicio con personal de menor grado que el solicitado por Ancap, la diferencia entre lo facturado y el gasto por remuneraciones era utilizado años atrás para la contratación de eventuales necesarios para cubrir aquellos servicios ordinarios que se vieran afectados o resentidos”, dijo la auditoría. “Sin embargo esta realidad no ocurre durante el período auditado (enero a mayo 2015), ya que no existe contratación de eventuales y los casi $ 8.000.000 de facturación por encima del gasto por sueldos han ingresado a la cuenta bancaria de Bomberos sin un rubro de gasto asociado”.

En su informe, la auditoría también advirtió que no hay registros que puedan dar “evidencia suficiente” de que los funcionarios asignados al servicio de La Teja “estén cumpliendo con la totalidad de los turnos contratados por Ancap y por los cuales se le factura a este organismo”.

El contrato también establece que se facturará a Ancap “por concepto de compensación de servicio el 18% sobre el monto de los servicios prestados y facturados, con destino al pago de una compensación a los funcionarios que prestan el mismo”. Sin embargo, ese dinero solo se distribuyó, según la auditoría, entre los funcionarios de La Teja y el jefe de destacamento de La Tablada, de acuerdo a su grado jerárquico y no su trabajo. “En conclusión —escribió el auditor— la compensación del 18% sobre el monto total de servicios prestados y facturados se distribuye entre un número sensiblemente menor de funcionarios (casi la mitad de los que efectivamente prestan el servicio a Ancap) y por montos fijos establecidos en una escala según el grado que va desde los $ 11.500 para grado 1 a los $ 31.000 para grados 12 y 14”.

La auditoría detectó problemas en la facturación de los viáticos que Bomberos le cobraba a Ancap. Es que se calculaban los gastos por viáticos al comienzo del año y se le cobraba a Ancap ese monto aun cuando el servicio prestado fuera inferior. Para 2015, por ejemplo, se había calculado viáticos por $ 181.466, pero hasta julio se llevaba gastado $ 30.400. “De mantenerse este nivel de viajes al interior es de esperar que el gasto anual por viáticos sea significativamente menor al monto facturado”, señaló.

Más amplio.

Los problemas con el servicio especial 272 de Bomberos no se reduce a las irregularidades en el cumplimiento con Ancap. De acuerdo con el informe, “a nivel general y de los relevamientos realizados no surge evidencia de que se realice control de que las prácticas habituales de realización, liquidación y distribución del producido de los servicios se ajuste a la normativa vigente”.

Una comisión creada por resolución del director de Bomberos era la encargada de controlar y administrar el servicio 272. Cada uno de los integrantes de esa comisión, según las fuentes, recibía una remuneración que superaba los $ 40.000. En el período investigado por la auditoría (enero a mayo de 2015) ese grupo estaba integrado por el director, el asesor letrado y la contadora de Bomberos.

“Corresponde señalar que en relación a la Comisión, el funcionamiento y la gestión actual del servicio no contempla todos los aspectos señalados en esta reglamentación y no se tuvo evidencia de que se cumplan en su totalidad los cometidos y funciones”, dijo el auditor en su informe fechado en agosto de 2015.

Agregó que hay problemas con la supervisión y menciona el ejemplo de tres supervisores: “ingresaron la misma hora de control en distintos servicios dentro de un mismo día”.

La normativa establece que Bomberos debe destinar el 80% de lo que recauda por el 272 al pago de remuneraciones, mientras que el 20% restante “se empleará en la adquisición de medios materiales para su prestación”. Pero, otra vez, “no se evidenció el cumplimiento de los aspectos previstos en la normativa en relación a la utilización de los fondos destinados a la adquisición de materiales”.

La auditoría detectó también que “se liquida sin el debido control del total de horas efectivamente prestados”, al punto que en algunos casos por “la suma de horas extraordinarias liquidadas por cursos, servicios y viáticos” el involucrado debería “trabajar en promedio 15 horas diarias durante todo el mes” para justificar la compensación económica.

El dinero recaudado por todos los servicios extraordinarios va a una cuenta bancaria, por lo que no se tiene clara su procedencia. Así, advirtió la investigación, “se podría incurrir en la utilización de fondos recaudados por otro concepto para financiar el pago a los funcionarios que prestan el servicio 272”.

Además de presentar una denuncia penal, el Ministerio resolvió dejar sin efecto la Comisión que controlaba el 272 cuando el 1º de marzo Leandro Palomeque asumió como director de Bomberos.