El costo que no deja factura
Los costos visibles de la inseguridad pueden contarse: la mercadería robada, una vidriera rota, la alarma o el seguro. En un estudio de 2024, el BID estimó que, en 2022, los costos directos del crimen equivalieron al 3,4% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. La cuenta incluye pérdidas de capital humano por homicidios, gasto público y desembolsos empresariales en seguridad, pero no agota los efectos sobre la inversión y la productividad.
El nuevo trabajo académico intenta observar uno de esos daños: el local que nunca abrió. Los investigadores cruzaron el Registro de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con los delitos informados por el Ministerio del Interior y reconstruyeron la entrada y salida de firmas en cada seccional policial del área metropolitana. La base empresarial abarca el período 2008-2024, aunque el análisis causal principal se concentra en 2020-2023.
La medición comprende empresas formales comerciales, industriales y de servicios. Los “nacimientos” incluyen firmas nuevas y reactivaciones luego de, al menos, un año de inactividad; una mudanza puede aparecer como una salida en una seccional y una entrada en otra. El comercio mayorista y minorista domina la estructura analizada, seguido por transporte y almacenamiento.
“Vos abrís un kiosco en tal lugar y tenés un riesgo directo de que te roben, ataquen contra tu propiedad”, señaló Acerenza. Su intuición apunta a ese peligro, aunque la investigación no permite distinguirlo de otros canales: mayores gastos en seguridad, trabajadores que evitan la zona o clientes que dejan de circular. “No está testeado, no puedo decir con certeza que efectivamente ese es el canal”, aclaró.
El delito que pesa en la decisión
Una estafa virtual, un abigeato y una rapiña frente a un comercio pueden terminar sumados dentro del mismo indicador. Para quien evalúa abrir un negocio, sin embargo, no representan la misma amenaza.
Cuando los autores —investigadores de la Universidad ORT— agruparon todos los delitos no encontraron un efecto claro sobre la entrada o salida de empresas. El resultado apareció al aislar los violentos (homicidios consumados, heridos por arma de fuego, lesiones, rapiñas, secuestros y violencia doméstica).
La distinción tiene una expresión concreta en Uruguay. Según datos presentados el lunes 20 por el Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2026 se registraron 7.762 rapiñas, 4% menos que un año antes. Sin embargo, los homicidios aumentaron 6,6% interanual y los heridos por arma de fuego, 7,4%, mientras el total de delitos denunciados cayó 3,7%. El agregado puede ocultar trayectorias muy distintas.
El emprendedor, además, no elige instalarse en el promedio del país ni siquiera en el de Montevideo: elige una calle por la que deberán circular trabajadores, proveedores y clientes. Una mejora general puede convivir con zonas donde el riesgo continúa alterando decisiones.
Entre 2020 y 2023, el crimen violento disminuyó en el área estudiada, mientras que la aproximación al crimen organizado aumentó. Sin embargo, fue el primero el que apareció vinculado con el nacimiento de firmas. La clave no estaría solo en cuánto delito existe, sino en el tipo de amenaza que transmite.
En la estimación principal, el efecto del crimen violento sobre el nacimiento de empresas fue negativo y estadísticamente significativo, aunque perdió fuerza o desapareció en algunas pruebas alternativas. Acerenza desaconsejó convertirlo en una equivalencia rígida entre delitos y empresas perdidas: “No me tomaría muy en serio el coeficiente. Es más importante el canal y el signo que el numerito”.
Las rapiñas son la categoría que más contribuye a la variación utilizada para identificar el resultado, seguidas por la violencia doméstica y las lesiones. No se trata de un ranking del daño económico. Acerenza explicó que, al excluir la violencia doméstica, el resultado central se mantiene.
La ausencia de un efecto robusto para el crimen organizado tampoco prueba que no tenga consecuencias. Su medición —que incluye drogas, extorsión, secuestros y heridos por arma de fuego— es imperfecta y puede reunir mecanismos contrapuestos, desde la expulsión de competidores y el cobro de protección hasta ventajas selectivas para quienes aceptan el control criminal.
Además, la base solo observa empresas formales. “No podemos decir nada sobre el sector informal”, reconoció Acerenza.
Lo que pierde un barrio
Una empresa que no nace no es solamente una inscripción menos. Un estudio de Rodrigo Ceni y Gabriel Merlo, basado en registros del empleo formal uruguayo entre 1996 y 2015, mostró que las firmas nuevas concentraban apenas 5% de los puestos laborales, pero generaban más de una cuarta parte de los nuevos empleos. El trabajo de Acerenza y sus coautores no permite calcular cuántos puestos se pierden por la violencia, aunque indica que afecta uno de los márgenes más dinámicos del mercado laboral.
No todos los proyectos desalentados desaparecen. Un emprendedor puede postergar la apertura o trasladarla. En ese último caso, la cantidad total de firmas del área metropolitana quizás no cambie, pero el barrio más violento pierde el local, los empleos, los proveedores y el movimiento económico que habría generado.
“En vez de emprender en el barrio tal o en la seccional policial tal, va a emprender en otra”, ilustró Acerenza. El estudio no distingue cuántos proyectos se abandonan y cuántos se relocalizan, pero sugiere que la violencia puede influir no solo en si una empresa nace, sino también en dónde lo hace.
Cómo saber que no es al revés
Aislar el efecto causal de la violencia es el principal desafío al analizar estos fenómenos. Una zona comercial también puede atraer delitos porque concentra clientes, mercadería y dinero, mientras que la pobreza o el deterioro urbano pueden generar simultáneamente más violencia y menos empresas. Una simple comparación entre seccionales seguras e inseguras no habría alcanzado.
Para separar esa relación, los investigadores combinaron la composición delictiva que tenía cada seccional policial en 2019 con los cambios nacionales posteriores de cada delito, dejando fuera del cálculo lo ocurrido en la propia zona. Así, un aumento general de las rapiñas debería repercutir más en los territorios históricamente expuestos a ellas, sin depender de que allí haya crecido la actividad comercial.
Los autores hicieron varias pruebas para comprobar que el resultado no reflejara tendencias anteriores de cada zona. El efecto siguió siendo negativo al agrupar las seccionales en áreas más amplias, aunque con menor precisión. Sin embargo, en una prueba más exigente, que elimina la parte de los cambios del delito compartida por todo el país, la relación prácticamente desaparece. También es difícil distinguir cuánto pesa la violencia de la propia seccional y cuánto la de las zonas vecinas.
La conclusión debe ser cuidadosa. La investigación aporta evidencia de que la violencia desalienta el nacimiento de empresas, pero no permite establecer una equivalencia exacta entre delitos y negocios perdidos ni asegurar que el efecto termine en la seccional donde ocurre el crimen.
Las cámaras
La expansión gradual de la videovigilancia ofreció otra pista. Los resultados agregados apuntan hacia menos violencia y más nacimientos empresariales en las seccionales que incorporaron cámaras. Los efectos estadísticamente detectables aparecen solo en algunos niveles de cobertura.
“Lo interpretamos un poco con pinzas”, dijo Acerenza. Las autoridades pueden instalar cámaras donde crecen el comercio y la circulación; en ese caso, los negocios explicarían la vigilancia y no al revés. Si los supuestos del modelo se cumplen, en cambio, las cámaras reducirían la violencia y, por esa vía, mejorarían las condiciones para invertir.
El antecedente local más directo es una investigación de Ignacio Munyo y Martín Rossi, que estimó que las cámaras monitoreadas por la Policía redujeron el delito alrededor de 20% en las áreas vigiladas de Montevideo, sin evidencia de un desplazamiento significativo hacia zonas próximas.
La pregunta gana relevancia ante la expansión del sistema. El director del Centro de Comando Unificado, Víctor Torres, anunció este mes la integración de cámaras públicas, empresariales y residenciales, un plan que podría duplicar las cerca de 20.000 monitoreadas actualmente.
Sin embargo, la localización de esos dispositivos responde al análisis criminal, por lo que las zonas con más vigilancia no son automáticamente comparables con las demás.
El estudio de Acerenza, Segantini, Croci y Veneri no demuestra que las cámaras generen empresas; plantea que una política destinada a mejorar la seguridad también podría modificar las condiciones locales para invertir.
Política productiva que empieza en la calle
El análisis se limita a firmas formales del área metropolitana y su período principal abarca 2020-2023. No identifica el mecanismo exacto ni permite extrapolar el resultado al medio rural. Además, utiliza cantidades de delitos denunciados —no tasas por habitante, debido a la falta de datos anuales de población por seccional— y no descarta diferencias territoriales en la propensión a denunciar.
“Si a uno lo que le interesa es aumentar la actividad económica del país, reducir los costos para las empresas, este margen quizás hay que observarlo”, planteó Acerenza. La seguridad y la economía, agregó, no deberían tratarse como discusiones independientes.
Reducir la delincuencia no sustituye las políticas de crédito, regulación o productividad. Pero las condiciones para producir tampoco empiezan únicamente dentro de una empresa. Empiezan en la calle por la que llega el trabajador, en el recorrido del cliente y en el lugar donde alguien decide si vale la pena invertir.
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