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El Ministerio del Interior pidió a la Justicia prorrogar el desalojo del edificio ubicado en Andes y 18 de Julio en el que viven ocupantes ilegales. El operativo está previsto para hoy, jueves 14, y hasta ayer al cierre de esta edición el juez del caso todavía no había tomado una resolución respecto al aplazamiento.
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En el escrito presentado, el Ministerio del Interior explica que en una reunión de coordinación el martes 12 tomaron conocimiento de varias condiciones que hacen que desalojar “ponga en riesgo la seguridad pública”.
Según afirman, “no existe un censo de las personas que ocupan el edificio”, por lo que no se conoce, entre otras cosas, la cantidad de personas, edad y condición sanitaria. El edificio no tiene luz y está conformado por 15 pisos, con ocupantes en cada uno de ellos. Tampoco está previsto un lugar para el traslado de los ocupantes y sus bienes, como tampoco la logística para hacerlo.
Además, agregan que cuando quedaron vacías las unidades “no se procedió a su tapiado y tampoco está previsto el tapiado de las unidades que se vacíen en esta oportunidad”.
Con ese contexto, consideran que “sacar a la población a la calle y dejarla en la vía pública con sus pertenencias no solo conspira contra ellos sino con las garantías que deben proveerse al resto de la ciudadanía para circular libremente, con seguridad, y sin personas y bienes invadiendo los espacios públicos”.
En la solicitud presentada recuerdan que el artículo 1º de la ley orgánica policial pone como cometido “el mantenimiento del orden público, la garantía de los derechos individuales y la prevención de los delitos”.
La cartera sostiene además que existió “imprevisión del propietario”, que “no tapió los inmuebles vacíos” y “tampoco dispuso de una guardia que impidiera el avance o la reinstalación de las ocupaciones”.
Con esos argumentos solicitan al juez prorrogar el desalojo por un plazo “no menor a 120 días” de manera que se pueda “relevar el número total de personas que habitan el edificio —por parte de los organismos competentes—, sus condiciones, prever su traslado y el de sus bienes”, “proceder al tapiado de las unidades vacías” y las que se “desalojen” y “disponer mecanismos de seguridad adecuados” para impedir el ingreso de nuevos ocupantes.