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En 2012, tras la conmoción generada por el asesinato de un mozo de La Pasiva durante una rapiña, el entonces presidente José Mujica anunció 15 medidas para mejorar la seguridad. Entre ellas estaba el aumento de penas al tráfico de pasta base. No era una idea antojadiza. Las autoridades atribuyen el crecimiento de algunos delitos a la expansión del consumo de pasta base a partir de la crisis económica de 2002. Esa droga, que genera severos daños físicos y psicológicos y una alta dependencia, es una versión más barata de la cocaína, por lo que su consumo está más extendido en los sectores de menos recursos.
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Sin embargo, la ley que se aprobó a continuación, que impuso una pena mínima de tres años para el tráfico y posesión de pasta base “fumable”, rara vez se aplica. Es que para identificar si la sustancia incautada o hallada en manos de un detenido es pasta base, es necesario que se realice un análisis con personal y equipamiento especializado.
Inicialmente, el Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial no contaba con la tecnología necesaria para estudiar la sustancia, por lo cual los jueces penales no podían ordenar las pericias. Pero en la actualidad, el ITF cuenta con dos cromatógrafos de gases, que fueron adquiridos especialmente para realizar ese tipo de estudios. Además, en 2017 también se habilitó al laboratorio de Policía Científica para que realice los análisis. Sin embargo, son pocas las veces que los fiscales —que tras la reforma del proceso penal tomaron las riendas de las investigaciones— ordenan que se analice la sustancia para determinar si se trata de pasta base y, por ende, aplicar sanciones más graves.
El Ministerio del Interior planteó su preocupación por el tema en una reunión de seguimiento sobre el nuevo Código del Proceso Penal realizada a principios de marzo, en la que participaron el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia Bernadette Minvielle, según dijeron a Búsqueda fuentes de la secretaría de Estado.
El ministro Eduardo Bonomi pidió que se aplique la ley e insistió en que para eso es necesario que los fiscales hagan las pericias. Según relataron las fuentes, desde el Poder Judicial aclararon que el ITF ya cuenta con dos cromatógrafos de gases y que no tienen inconvenientes para realizar los análisis.
Tras el planteo, el fiscal de Corte dijo que comunicaría a los fiscales especializados en estupefacientes y a las sedes del interior que trabajan con esos casos que los equipos están disponibles y que deben solicitar las pericias. Díaz cumplió su compromiso poco después de terminada la reunión.
En el Ministerio del Interior entienden que tras la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), en noviembre de 2017, los fiscales priorizan resolver el caso rápidamente mediante un acuerdo con el detenido, y por eso prefieren saltarse la pericia para ahorrarse la demora de aguardar el resultado.
Desde que está en marcha el CPP, la inmensa mayoría de los casos se resuelven con acuerdos celebrados mediante procesos abreviados, en los cuales los detenidos admiten su responsabilidad a cambio de obtener una pena más leve. Si una pericia confirma que la sustancia involucrada es pasta base, la pena a imponerse es mayor, lo cual cambia los términos de la negociación.
No obstante, el problema no empezó con el CPP, añadió una de las fuentes. “Antes, con el código viejo, los jueces tampoco pedían esa prueba. El tema es que el único laboratorio que estaba autorizado para hacer el análisis a sustancias sospechosas era el ITF y al principio ellos no tenían los equipos para hacer ese tipo de análisis”, explicó. Sin embargo, luego de que se adquirieron los cromatógrafos, continuaron sin ordenarse las pericias. Y la incorporación del laboratorio de Policía Científica tampoco redundó en más solicitudes. “De ahí es que el ministerio reclama que se aplique la ley”, explicó una fuente de la cartera.
Otro inconveniente relativo a la identificación de la pasta base es que no hay un patrón definido sobre cuál es su composición química, debido a que varía de acuerdo a los químicos empleados para procesarla. Las fuentes indicaron que se está pensando en una “solución legal” para el problema, que determine qué puede identificarse como pasta base.
Cuando la pasta base llega a Uruguay
La Ley N° 19.007, que se aprobó en noviembre de 2012, aumentó las penas para delitos contra la administración pública y para el tráfico de pasta base de cocaína. En concreto, dispuso que cuando las actividades delictivas de suministro, tráfico o posesión de estupefacientes “tengan por objeto material todas aquellas formas de cocaína en su estado de base libre o fumable, incluida la pasta base de cocaína, la pena a aplicar tendrá un mínimo de tres años de penitenciaría”.
La norma fue la respuesta a un fenómeno que las autoridades del Frente Amplio han descrito varias veces para explicar la creciente inseguridad desde principios de siglo. Según declaró Bonomi a Búsqueda en una entrevista de junio de 2017, la paste base comenzó a ingresar a Uruguay en 1997, como resultado de la situación en Colombia (N° 1.921). “Hay un combate a las fábricas de coca y por eso traen la pasta base para terminar el proceso en otros países, como Uruguay. Esto tuvo un costo y lo hicieron hasta que el narcotraficante que compraba en dólares se encontró en 2002 que el dólar se va de 11 a 30 pesos. Ahí hay una decisión de no procesar la pasta base y venderla como estaba”, narró.
“El consumo de pasta base crea una adicción fuertísima y los consumidores hacen cualquier cosa para consumir, hasta robar a su propia familia. Luego empieza a recuperarse el país y empieza a sustituirse el consumo de pasta base por el de cocaína y marihuana y las bandas empiezan a pelearse entre sí. Atrás del aumento de la rapiña, del hurto y de los homicidios está la droga”, sostuvo Bonomi.
En febrero de 2018 el ministro reiteró su análisis, aunque dio cuenta de un cambio en la tendencia, gracias a la mejora en la situación económica de los uruguayos. El consumo de pasta base “produjo un cambio en la forma de distribución de la droga. Antes no había boca de venta de cocaína, sino que esa droga la distribuían en fiestas, en bailes, en determinados lugares. Cuando cambia el consumo de cocaína a pasta base, se empieza a comprar en la boca y existen los grupos que la manejan. Hoy vuelve a aumentar el consumo de cocaína y de éxtasis, cuyo volumen de consumo es nuevo, y disminuye la pasta base. Entonces, los grupos que se consolidaron alrededor de la venta de pasta base ven cómo pierden mercado y salen a disputarlo, y lo hacen de esta manera. De alguna forma, es consecuencia del trabajo que se ha hecho a nivel policial y es consecuencia, quiéranlo o no, del aumento de la capacidad de consumo de los uruguayos, que pasan de la pasta base a la cocaína de nuevo” (Búsqueda N° 1.956).
