Ministra de la Corte decide apartarse de causas de derechos humanos ante nuevas recusaciones que objetan su imparcialidad

Ante los primeros pedidos de recusación que llegaron a la Corte tras sus declaraciones en el programa En perspectiva en marzo —donde dijo que los indagados en esas causas “hicieron uso de cuanta dilatoria había” y que “algún juez debió haber parado el carro”— la ministra decidió oponerse. Eso derivó en que el tema se resolviera por los restantes cuatro ministros de la corporación. Como se mostraron divididos sobre la decisión, la Corte debió sortear la integración de un quinto ministro en cada expediente en el que se presentó la recusación para que definiera si Minvielle podía o no intervenir. En la gran mayoría de los casos, los ministros rechazaron los argumentos de los militares y consideraron que la ministra no había prejuzgado.

En el seminario Partidos políticos y Poder Judicial, Minvielle dijo que la Corte estaba “siendo omisa” al no poner un freno a las “dilatorias” de los militares investigados. También cuestionó que no se hiciera “perder el derecho al cobro de los honorarios” de las abogadas de los militares.

Las defensas de los militares investigados presentaron esas declaraciones como nueva evidencia de su supuesta imparcialidad. En varios casos, debido a que el pedido de recusación ya se encontraba en etapa de sentencia, las pruebas no fueron admitidas. En otros, que estaban todavía en estudio, fueron admitidas como “hechos nuevos” para que fueran tenidos en cuenta por los ministros al momento de resolver.

Sin embargo, la ministra decidió poner fin al asunto y apartarse voluntariamente de esos expedientes. Según su escrito, tomó la decisión incluso a pesar de que en su amplia mayoría los fallos sobre la recusación fueron “favorables” a su posición.

Minvielle plantea que “es inocultable” que desde la vigencia de la Ley 18.831, que declaró imprescriptible los delitos de la dictadura, se plantearon “de continuo un sinnúmero de procesos de inconstitucionalidad en cada uno de los singulares procesos referidos al pasado reciente, ya contra esa ley (…), ya contra otras que le han sobrevenido”, como la de creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Lesa Humanidad.

Y, desde marzo, cada una de las inconstitucionalidades estuvo acompañada de un escrito de recusación, además de que se presentaron también en las inconstitucionalidades que ya habían sido radicadas en la SCJ, detalla Minvielle.

“Huelga decir que todo ello produce y producirá una mayor alongadera en los concretos procesos en los que la recusación se discute, pero además se distraen recursos humanos y materiales”, dice la ministra.

“El actual estado de situación, y por virtud de las recusaciones referidas, conspira en el ánimo de más de uno de sus integrantes y en el de la suscrita especialmente, convirtiendo a tal tema en el central, cuando debe ser una cuestión rápida y expeditamente resuelta”, añade.

La ministra señala que de su “defensa acérrima” contra los planteos de recusación “devino —involuntariamente— en los hechos en una puerta abierta por la cual, una vez más, desemboca una mayor dilación de la instrucción o de la disposición del archivo por parte del juez de primera instancia en las causas de los hechos relativos al pasado reciente”.

En ese marco, Minvielle concluye que su persona no puede estar “por encima de los intereses (de indagados y de víctimas —directas o indirectas—) en dilucidar las diversas cuestiones que en los procesos principales se discute”, y entiende por lo tanto que apartarse de los procesos es la solución “más razonable”.