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Cuando el entonces presidente José Mujica resolvió aumentar en la Ley de Presupuesto de 2011-2015 los salarios de los ministros de Estado, no imaginó los coletazos que tendría su decisión. Es que al subir esos sueldos 26%, para igualarlos con los de los senadores, se produjeron de forma automática otros aumentos, como los salarios de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que están equiparados a los de los ministros de Estado y que a su vez son la base que determina toda la escala de sueldos del Poder Judicial.
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Las sucesivas leyes que intentaron subsanar el error fueron declaradas inconstitucionales por la SCJ, y el asunto derivó en un largo conflicto salarial con los gremios judiciales. Ante la negativa del gobierno de reconocerles un aumento que había otorgado de forma involuntaria, varios jueces, funcionarios y fiscales iniciaron juicios, mientras que la mayoría optó por firmar un convenio que les reconoció un incremento del entorno del 18%.
Sin embargo, el acuerdo no puso fin al problema. Fueron cientos los que siguieron adelante con los juicios y consiguieron sentencias favorables que ordenaron al Poder Ejecutivo a pagar. Para terminar con los litigios, el actual gobierno acordó con el Poder Judicial reconocer el aumento e incluirlo en el proyecto de ley de Presupuesto que enviará a fines de agosto al Parlamento (ver página 5).
No fueron solo los gremios judiciales los que reclamaron cobrar el aumento. También lo hicieron 11 ministros y exministros blancos y colorados de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, que consideraron que sus sueldos estaban incluidos en la equiparación con los senadores.
Los primeros en reclamar —pidiendo la inconstitucionalidad de una de las normas que buscó corregir el “enganche” inadvertido— fueron los exministros de la Corte Electoral Alberto Brause y Gustavo Silveira (en representación del Partido Colorado), y Sandra Etcheverry y Margarita Reyes (Partido Nacional), y del Tribunal de Cuentas Ruperto Long y Beatriz Martínez (Partido Nacional) y el actual ministro Álvaro Ezcurra (Partido Colorado), según informó la diaria en octubre de 2019.
Pero pese a que la SCJ hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del anterior gobierno “no accedió al cumplimiento voluntario de las sentencias”, informó a Búsqueda el abogado de los ministros Carlos Delpiazzo, por lo que “fue necesario promover juicios de cobro de pesos”.
Ahora, finalizadas todas las etapas, “acaba de librarse un oficio judicial al MEF para el pago de las liquidaciones correspondientes”, informó Delpiazzo.
Más recientemente, un segundo grupo presentó un recurso de inconstitucionalidad con el patrocinio de Delpiazzo. En marzo de este año el ministro del Tribunal de Cuentas Francisco Gallinal (Partido Nacional), y los exministros de la Corte Electoral Arturo Silvera y Analía Piñeyrúa (Partido Nacional) y Juan Máspoli (Partido Colorado), obtuvieron un fallo favorable de la Corte.
Según indicó Delpiazzo, “se está en conversaciones con el MEF para ver la posibilidad de que, teniendo en cuenta el caso precedente, no sea necesario promover otro juicio ordinario por cobro de pesos, sino que pueda instrumentarse el pago de un modo más ágil”.
El abogado no precisó los montos que cobrarán los reclamantes. De acuerdo a cálculos del Tribunal de Cuentas a los que accedió la diaria, la deuda con los ministros Ezcurra, Long y Martínez ronda los $ 22 millones (un aproximado de $7 millones para cada uno).
Los representantes del Frente Amplio en ambos organismos no se sumaron al reclamo. Según declaró a la diaria el extitular del Tribunal de Cuentas León Lev, en su momento entendieron “que no era justo, porque hubo un error de redacción, pero el contenido de la ley no era para aumentar [el sueldo] a todos los ministros de todos los organismos”.
Según dijo a Búsqueda uno de los ministros que reclamó, que no quiso ser citado, los representantes del Frente Amplio no reclamaron “por un tema político, ya que accionar ante la Corte supone básicamente mostrarse en desacuerdo con una ley del gobierno de José Mujica y dar la razón a la (entonces) oposición de que esa ley fue mal ideada, diseñada y redactada”.