Ministros de la Suprema Corte coinciden en que hay un problema formal que puede causar el rechazo de la acción contra la “ley de Pluna”

Según las fuentes, la audiencia pública que se desarrolló ayer, miércoles 6, en el Palacio Piria, logró que algunos de los ministros que estaban en duda repararan en este aspecto formal. En la audiencia hicieron uso de la palabra, entre otros, el abogado Pablo Correa —representante de Raúl Rodríguez, particular que presentó una acción de inconstitucionalidad— y el abogado Ricardo Olivera, quien redactó la norma a pedido del gobierno y la defiende.

Argumentos.

En su informe a los ministros de la Suprema Corte, Olivera se centró en dos argumentos: “la falta de legitimación” de los actores que promovieron las acciones de inconstitucionalidad y “el interés general” que motivó la aprobación de la ley 18.931.

Entiende que los promotores de los recursos “no verificaron créditos en el concurso de acreedores” y por eso “carecen de interés directo, personal y legítimo” para llevar adelante la reclamación. Olivera sostiene que, según las leyes vigentes, “la verificación de los créditos se produce con la aprobación de la lista de acreedores por el juez de concurso” y eso, asegura, “no ha ocurrido aún”.

Además, el abogado argumenta que “el síndico —en este caso la Asociación Uruguaya de Peritos— es el único legitimado para promover una excepción de inconstitucionalidad”.

Por otra parte, Olivera defendió la ley aludiendo al “interés general” que la motivó. El abogado recordó que se perseguían tres objetivos: la conservación del valor de las aeronaves, preservar la conectividad del país y preservar las fuentes de trabajo. A su criterio, “ninguno de los tres resultaba posible” con la ley de concursos 18.387.

En contraposición, el abogado Correa sostuvo que la función de “preservación de los aviones” que se le dio al fideicomiso “la tenía la sindicatura y la podía ejercer por la ley concursal”.

“El argumento de que la sindicatura no tenía dinero podía ser efectivo antes de la vigencia de la nueva ley concursal, pero hoy no. Todos sabemos que los concursos que demoraban 10 o 15 años hoy en un año están resueltos y en menos también”, dijo.

Correa recordó que el fideicomiso creado por la ley 18.931 fracasó en dos intentos de subastar los aviones y lo atribuyó a que “en el sector aeronáutico los consideraban aviones con títulos sucios”. Por eso, afirmó, esos aviones solo iban a poder volar si mediaba “una subasta judicial que limpiara los títulos”.

Añadió que el fideicomiso solo logró vender tres aviones a la empresa Alas Uruguay por U$S 47 millones con “tres años de gracia, sin pagar un peso”. De todos modos, dijo que no se sabe cuándo van a comenzar a operar, por lo que “en definitiva los siete aviones que quedan siguen parados”.

Correa agregó que la conectividad del país se recuperó sin que volara ningún avión de Pluna y que tampoco se cumplió con “preservar los puestos de trabajo”, ya que el proyecto de Alas Uruguay abarca solo a 250 de los 700 empleados de la aerolínea.

“El fideicomiso salvador lo único que hizo fue generar gastos e ineficiencia”, aseguró.

“Difamación”.

Correa comenzó su informe a los ministros aludiendo a su colega Olivera, que había sido el encargado de abrir la audiencia. “Agradezco las palabras de Olivera, pero no entiendo por qué las hemos escuchado”, introdujo luego de argumentar que entendía que “le correspondía a la sindicatura la representación de Pluna”.

En su discurso también recordó el protagonismo de su colega en todo el proceso de cierre de Pluna. Indicó que fue “abogado de Leadgate” y negoció para Matías Campiani y sus socios “un acuerdo de indemnidad con el Estado”, que redactó la ley, a su criterio “inconstitucional”, y que fue “patrocinante del concurso de Pluna”.

Cuando se acercaba el final de su intervención, Correa calificó como un hecho “lamentable” la cantidad de “declaraciones de inconstitucionalidad” que hubo en este período de gobierno. Pero lo grave del asunto, a su entender, es que esos proyectos de ley no salieron de legisladores ni de integrantes del Poder Ejecutivo sino de “colegas (abogados) que cedieron a sus principios en aras de obtener cuantiosas ganancias”.

“Eso es gravísimo porque nos expone como profesionales, como curiales, como auxiliares de derecho, a la categoría de timadores”, afirmó.

Cuando Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema Corte, se disponía a dar por finalizada la audiencia, Olivera pidió la palabra. “He sido públicamente llamado timador en esta audiencia. Timador —podríamos contrastarlo con el diccionario de la Real Academia Española— quiere decir estafador. Es decir, se me ha insultado en esta audiencia la comisión de un delito”, reclamó molesto.

“No hice ninguna alusión personal. Si él se adjudica el dicho escapa a mí”, se apuró a explicar Correa.

Los ministros le dieron a Olivera cinco minutos para responder la alusión. “Se me ha calificado de timador. Timador implica la comisión de una estafa, con lo cual me gustaría que estas palabras del colega quedaran en versión y que estos antecedentes se pasaran a la Justicia Penal. Creo que se ha cometido un delito de difamación que no tengo por qué tolerar”, insistió.

El pedido de Olivera quedó estampado en el último párrafo del acta.