Más de la mitad de los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron contra la ley interpretativa de la ley de caducidad fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia, según un estudio que realizó la propia corporación.
Más de la mitad de los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron contra la ley interpretativa de la ley de caducidad fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia, según un estudio que realizó la propia corporación.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEse informe, que fue aprobado ayer miércoles en acuerdo, por los ministros de la Corte, será enviado a la Institución de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguraron las fuentes.

La ley 18.831, aprobada por el Poder Legislativo en octubre de 2011, dispuso el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado y estableció el criterio de que esos crímenes son de lesa humanidad y, por lo tanto, no se computa plazo de prescripción o caducidad alguno.
Hasta el momento se presentaron 47 planteamientos buscando la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma. Ninguno de ellos fue iniciado de oficio, tres fueron propuestos por vía de acción y los restantes por vía de excepción, es decir en el marco de un proceso. Al día de hoy se han resuelto 41 de esos casos, restando que la corporación se expida en seis de ellos.
En 20 ocasiones la SCJ declaró la inconstitucionalidad de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la norma. En 15 de esos casos la inconstitucionalidad se declaró por mayoría de 4 votos a 1 y en los restantes por mayoría de 3 votos a 1. En todas las oportunidades fue discorde el ministro Ricardo Pérez Manrique.
La declaración de inconstitucionalidad de esa ley generó una gran conmoción pública en su momento, motivó malestar de organizaciones de derechos humanos y el cuestionamiento a la Corte por parte de algunos funcionarios de organismos internacionales.
En cambio, la pretensión de inconstitucionalidad fue desestimada por razones formales en 18 oportunidades. Se concluyó en esos casos que los accionantes carecían de legitimación porque no tenían un interés “directo, personal y legítimo”. “En su mayoría se trataba de militares retirados que abrían el paraguas por las dudas”, resumió un ministro de la Corte.
En un caso, además, se rechazó por “inadmisible” la pretensión y en dos expedientes la corporación decretó la clausura del proceso.