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Modificación al Código del Niño genera debate sobre la protección de la sociedad y los derechos de los adolescentes que delinquen
El proyecto de reforma propone aumentar de forma considerable las multas contra los medios de comunicación que divulguen el nombre de los menores infractores; el INAU quiere que también se sancionen los comentarios en Internet
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Que un adolescente cometa un delito grave, como un homicidio, genera una amplia repercusión en la sociedad. Por eso, un cambio previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) para acompasar las modificaciones que tendrá el sistema penal de los adultos a partir de noviembre, tiene en estado de alerta a algunos legisladores.
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La controversia se generó a partir de un planteo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) a los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, que analiza el proyecto de reforma del CNA. El INAU pidió que se mantenga en la legislación una norma que establece que si el juez no tiene una sentencia firme en un plazo de 60 días para delitos graves y 90 días para delitos gravísimos, el joven que cometió el delito debe quedar en libertad. El proyecto, firmado por todos los partidos en el Senado, no hace referencia a esa posibilidad.
El adolescente “no debe permanecer más de 90 días privado de libertad si no hay sentencia firme en ese tiempo”, explicó el martes 4 en la comisión el vicepresidente del INAU Fernando Rodríguez. El jerarca dijo que el organismo quiere “recuperar esta medida”, ya que “no está establecida con precisión” en el proyecto de modificación que tienen a estudio los legisladores.
El planteo del INAU preocupó al colorado Pedro Bordaberry. El senador recordó que a fines de junio, dos hermanos —uno de 14 y otro de 16— ingresaron a una casa y mataron a una mujer. “Me cuesta imaginar que, si a los 90 días no hay una sentencia definitiva, a esos menores se les restituya la libertad. (...) Son menores que no mostraron ningún arrepentimiento”.
Por eso dijo que le parecía “preocupante” que se esté pensando en “devolverles la libertad a los 90 días porque no hay un fallo definitivo”.
“Está bien que pensemos en la reinserción de esos jóvenes, pero también hay que pensar en la mujer y en las posibles víctimas. Tenemos que proteger a la sociedad de estas conductas. Sé que tiene que haber medidas socioeducativas, pero también tenemos que pensar que hay que proteger a la sociedad”, agregó el legislador.
La presidenta del INAU, Marisa Lindner, dijo que el directorio está comprometido en tener en cuenta la situación de las víctimas de los delitos.
Bordaberry insistió con los casos relacionados con adolescentes que no fueron procesados y luego de liberados “volvieron a matar”. “Estos casos son tremendos, son los que más conmocionan a la opinión pública y crean una sensación de impunidad en quien es menor, porque sabe que no le va a pasar nada”.
El legislador dijo que entendía la idea del plazo de los 90 días, pero señaló que “a veces los casos judiciales no son tan claros como parecen”. “Entiendo el planteo, pero a veces es necesario analizar si no se están autoincriminando para salvar a otro, averiguar quién es el otro que intervino o quién se lo encargó, etcétera”. Por eso dijo que todo el proceso puede llevar más de 90 días.
Rodríguez señaló que en la práctica los jueces cumplen con los plazos y que es excepcional que superen los 90 días para resolver. “En el caso que menciona el señor senador Bordaberry de hace dos semanas, si un juez en 90 días no dicta sentencia es porque hay otro problema y no que los adolescentes queden en libertad”, afirmó.
La idea de los legisladores es aprobar en las próximas semanas las modificaciones al CNA para acompasar los cambios que traerá el nuevo Código del Proceso Penal al sistema de Justicia de los adultos.
En líneas generales, las autoridades del INAU respaldaron las modificaciones planteadas por los legisladores. “Nosotros consideramos que este proyecto de ley es un avance en cuanto a sumar garantías a los derechos de los adolescentes que deben pasar por un proceso infraccional”, dijo Lindner.
Aumento de multas.
El proyecto que incorpora modificaciones al CNA tiene otra novedad: aumenta las multas a los medios de comunicación que identifiquen a los adolescentes que cometen delitos. Hasta ahora la multa es de entre 20 a 200 Unidades Reajustables (UR). En la nueva propuesta el mínimo que deberán pagar los medios ascendió a 200 UR ($ 198.344) y el máximo a 2.000 UR ($ 1.983.440).
Sobre este punto, Lindner planteó que la redacción incluya también las divulgaciones a través de las plataformas de Internet. “En el caso de que esto sea considerado, queremos decir que no apuntamos solamente a aspectos planteados a través de los medios de comunicación habituales sino también a otros ámbitos en los que resulta muy complejo hacer un seguimiento respecto a la protección de los derechos de los niños y adolescentes, con el fin de aplicar una sanción en caso de que sea necesario”.
Lindner dijo además que la mayoría del directorio quiere que el Parlamento considere la posibilidad de eliminar las leyes que establecen una pena mínima de 12 meses de prisión para los adolescentes que cometieron delitos graves y que mantienen los antecedentes luego que se cumplen las medidas socioeducativas. Recordó que el Comité de los Derechos del Niño ha observado a Uruguay por estas normas.
“Estas leyes han modificado el CNA y a juicio de la mayoría de nuestro directorio se trata de normas que han retrocedido en cuanto a la garantía de los derechos, con relación a lo que teníamos desde 2004”, agregó Rodríguez.
