N° 2027 - 04 al 10 de Julio de 2019
La fuga del mafioso italiano Rocco Morabito y de otros tres delincuentes en la medianoche del 23 de junio volvieron a desnudar la incapacidad, arrogancia y tozudez del Ministerio del Interior y sembraron de sospechas de corrupción, cuyo alcance probablemente nunca conoceremos.
La fuga confirmó además la militancia oficialista de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), una acción que había comenzado cuando descalificó el plebiscito y el referéndum que se votarán el 27 de octubre con las elecciones nacionales.
Morabito debía cumplir en Italia una pena de más de 30 años por asociación criminal y tráfico de drogas. Prófugo en su país desde 1994, hacía 13 años que vivía en Punta del Este con documentos apócrifos que incluyen una cédula uruguaya auténtica con nombre falso. Pasó inadvertido hasta que en setiembre de 2017 lo identificaron en un hotel por sus huellas digitales.
No es un ladrón de gallinas. Integra la poderosa mafia calabresa ‘Ndrangheta, que distribuye en Europa 80% de la cocaína y trafica con personas. Una fuente judicial de Milán me dice que los ingresos anuales de esa organización oscilan entre US$ 50.000 y 100.000 millones. A sus “negocios” se vinculan organizaciones mafiosas de América Latina y tienen la protección de varios gobernantes y funcionarios corruptos.
Cuando tenía 20 años Rocco se afilió a la ‘Ndrangheta con su ritual histórico: juró ante un revolver y una pastilla de cianuro. Los iniciados reciben una advertencia: “Desde este momento no os juzgan los hombres, os juzgáis vosotros mismos. Si habéis cometido una falta grave, deberéis elegir el camino a seguir: el suicidio con cianuro o un disparo con el revólver. Si fuesen interrogados por la policía, ni una palabra…”.
Mantuvo el juramento. En la última audiencia ante la jueza del Crimen Organizado, Dolores Sánchez, se desacató y gritó: “¡Io non sono Rocco!”. Sánchez suspendió la audiencia (Búsqueda Nº 2.026).
Ingenuamente esperé la opinión de la INDDHH sobre la responsabilidad del gobierno en la fuga y su valoración sobre las consecuencias para los derechos humanos. Ni una palabra. Si bien la INDDHH no sustituye las competencias originales de los poderes del Estado, la ley la habilita a “sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en violaciones a los derechos humanos…”.
Comenzó su militancia oficialista el 17 de junio cuando en un comunicado descalificó el plebiscito para incluir en la Constitución instrumentos de combate contra la delincuencia, y un referéndum que busca eliminar la “ley trans”.
Surgió 12 días después de que una encuesta de Opción Consultores revelara que 64% de la población votaría a favor de la campaña “Vivir sin miedo”. Con el 27 de octubre a la vuelta de la esquina, las casualidades no existen.
Mediante un razonamiento antidemocrático y de desprecio por la voluntad ciudadana, sostuvo que antes de habilitar un plebiscito o un referéndum la Corte Electoral debería valorar si una propuesta puede mejorar los derechos humanos o los afecta por ser regresiva. En pocas palabras: censura previa a la voluntad ciudadana. Como en la dictadura.
No ingresaré en otras consideraciones. Ya lo hicieron con elocuencia Hoenir Sarthou (en su columna Sin miedo del semanario Voces) y Leonardo Guzman (en El País con el título Vetando plebiscitos). El editorial de ese diario del 23 de junio advierte con ironía que la INDDHH tiene un “tufillo subversivo”.
Siguiendo ese razonamiento hubo dos subversiones. La primera por acción, cuando cuestionó el plebiscito y el referéndum, y la segunda por omisión al ocultar arteramente las responsabilidades y consecuencias de la fuga. ¿Valoró que si cuestionaba al ministro Eduardo Bonomi podría colocarle al gobierno y a su partido un lastre electoral?
Por sus facultades tenía la obligación de opinar y marcar el territorio. Imposible pensar que la fuga se haya concretado sin ayuda ¿Acaso dudan de que Morabito corrompió a más de uno para llegar a la azotea de Cárcel Central y desde allí a un edificio lindero? ¿Las cámaras de seguridad se apagaron solas?
Bonomi y sus subalternos fueron omisos pese a que la directora de Cárcel Central, Mary González, les advirtió, “en reiteradas oportunidades (…) oralmente y por escrito”, sobre el riesgo de fuga. Luego hizo una sugestiva afirmación: “Yo tengo la conciencia tranquila”. ¿Sus superiores creyeron que su reclamo era injustificado, fantasioso o paranoico? Los caminos de la corrupción son inescrutables, tanto como determinar hasta qué nivel puede llegar.
Desde su creación la INDDHH ha opinado en varias cuestiones de segundo orden comparadas con este hecho de proyecciones dramáticas. Toda fuga debe preocupar, pero la de Morabito, por sus antecedentes, gravedad de los delitos, disponibilidad económica, vínculos internacionales e impacto sobre sectores sociales desprotegidos, implica una regresión para los derechos humanos.
Ahora en libertad se suma al tráfico de drogas y personas, lo que constituye un golpe a las minorías afectadas que han sido reiteradamente citadas por la INDDHH.
Cuando durante su primer gobierno el presidente Tabaré Vázquez impulsó la creación de la institución, algunos intuyeron que buscaba un aliado con un disfraz imparcial. El paso del tiempo lo confirma, y la oposición que apoyó la ley hoy se tira de los pelos.
No hay mal que por bien no venga. Estos antecedentes deberían generar una profunda reflexión para buscar modificaciones. ¿Un país en crisis necesita cinco integrantes para funciones que desempeñan con energía y presencia varias organizaciones privadas y dependencias del Estado?
Veamos unas pocas: Amnistía Internacional, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Crysol, Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Institución de Derechos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Secretaría de Derechos Humanos y Secretaría para el Pasado Reciente, ambas de la Presidencia de la República. Quedan varias en el tintero.
La Suprema Corte de Justicia, con el mismo número de integrantes que la INDDHH, dirime conflictos en diferentes materias (penales, civiles, de familia, de menores, laborales, etc.) que involucran violaciones a los derechos humanos.
Los directores de la INDDHH (actualmente Mariana Mota, Josefina Pla, Wilder Tyler, Mariana Blengio y Juan Faroppa) cobran un salario que la ley establece en 75% del sueldo de un senador. Significa alrededor de $150.000 mensuales. En el palacete de Bulevar Artigas 1532 que le adjudicó el gobierno trabajan más de 50 empleados (incluidos pases en comisión) cuyas remuneraciones nominales oscilan entre $ 38.025 y $ 80.811. El salario mínimo es de $ 15.000.
Así nos va.
