Mujica desconocía que Olivera García sigue trabajando para el fideicomiso y no entiende por qué “ese señor” continúa ahí

“Sí, el doctor Olivera García es abogado del fideicomiso y por tanto sigue trabajando al servicio del fideicomiso, que es la materia para la que fue contratado”, fueron las breves palabras de Lorenzo en el Parlamento el martes 17 antes de pasar a responder la siguiente pregunta de Moreira. En ese momento no se sintieron los rumores, los comentarios ni las risas irónicas que acompañaron con frecuencia las más de 10 horas de interpelación.

Cuando la sesión se acercaba al final, los senadores colorados y blancos presentaron una moción para “exhortar al Poder Ejecutivo a terminar la vinculación con el doctor Olivera García”, en vista de los resultados que se obtuvieron con su asesoramiento. Aunque la moción no prosperó, Pedro Bordaberry pidió la palabra para fundamentar su voto afirmativo.

“Hemos escuchado decir al presidente de la República que el responsable de lo que sucedió con Pluna fue quien asesoraba al gobierno, Ricardo Olivera García. Si el señor presidente ha dicho que el culpable es Olivera García, no entendemos cómo los ministros siguen siendo asesorados por ese profesional. Gráficamente dijo el presidente: ‘nos comimos la pastilla de Olivera García’. Suena un poco fuera de lo común que la bancada oficialista no acompañe la posición del presidente y que sí lo estemos acompañando desde la oposición”, argumentó.

Fuentes del gobierno dijeron a Búsqueda que, “afectado” por los cuestionamientos que se le formularon en la interpelación, Olivera García transmitió al fideicomiso que “estudiaría” su continuidad.

“Sin más trámite”.

Sin estar en la sala, como había ocurrido en la anterior comparecencia de los ministros, el presidente del Banco República, Fernando Calloia, fue uno de los más aludidos. El jerarca se excusó de asistir a la sesión argumentando que todo lo relativo al aval otorgado a la aerolínea española Cosmo para que pudiera participar de la subasta de los aviones de Pluna estaba en la órbita judicial. Ante su ausencia, Lorenzo respondió algunas de las preguntas que Moreira había formulado para Calloia.

Según informó “El País” el sábado 9 de noviembre, el contrato firmado por el Banco con el empresario Juan Carlos López Mena —que se hizo cargo del pago del aval— incluía una cláusula que preveía la devolución en caso de que la ley que estructuró la subasta “quedara sin efecto o resultare inaplicable”. En esa circunstancia el convenio se resuelve “sin más trámite (...) debiendo el Banco reembolsar las sumas ya abonadas”.

En respuesta a una de las preguntas de Moreira, Lorenzo informó que el 27 de noviembre, luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional la ley 18.931, López Mena “notificó” a través de un acta notarial que había operado la “resolución de acuerdo”. El ministro aseguró que el Banco República respondió por la misma vía sosteniendo que “no se han verificado los supuestos previstos contractualmente”.

“Podría haber venido (Calloia) a explicarnos qué fundamentos tiene la jurídica del banco para decir que le van a cobrar a López Mena y no van a devolverle la plata. Yo creo todo lo contrario porque admitir que se ponga una cláusula resolutoria en un contrato de aval no me parece normal. Que no se ponga la misma cláusula entre el Banco República y el fideicomiso... ¿Por qué no se puso ahí? Se puso sólo en el caso de López Mena, sabiendo que era una ley completamente inconstitucional y era sumamente previsible ese resultado”, cuestionó Moreira.

Unanimidad.

Una de las mociones presentadas por los senadores oficialistas sobre el final de la interpelación fue una declaración de apoyo al proyecto de los ex trabajadores de Pluna que trabajan para conformar la nueva aerolínea Alas Uruguay. Las voces de los parlamentarios no demoraron en levantarse acusando de “poco seria” y hasta “demagógica” la moción.

“¿Qué proyecto estamos apoyando?”, se preguntó Bordaberry.

A lo largo de la interpelación los ministros casi no se refirieron al proyecto de los trabajadores. El ministro Pintado había entregado a la mesa el documento que Alas Uruguay presentó a la jueza de concurso ofreciendo comprar tres de los siete aviones Bombardier CRJ 900.

Sin embargo, más tarde en la misma sesión, el senador frenteamplista Eduardo Fernández informó que los trabajadores de Pluna había descartado adquirir los aviones de Pluna y avanzaban ahora en el alquiler de tres Boeing 737. El cambio en el proyecto obedece a que el gobierno les informó que el Estado no podía ser garante de la compra de los aviones al concurso.

Esa mañana “La República” había adelantado la modificación en el emprendimiento.

Fuentes de Alas Uruguay confirmaron a Búsqueda el cambio y adelantaron que pedirán un adelanto de U$S 500.000 al Fondes para poner en marcha la empresa. De esa manera pretenden cerrar el alquiler de los aviones, que puede costar entre U$S 50.000 y U$S 180.000 por mes.

Gracias a la mediación del senador comunista Eduardo Lorier, el apoyo a los trabajadores se convirtió en la única unanimidad de la jornada. La solución fue redactar dos mociones: una de apoyo a los trabajadores “en la búsqueda de un proyecto que fortalezca la conectividad del país” y una moción de orden para “pasar a la Comisión de Transporte el proyecto de los trabajadores cuando esté elaborado”.