Mujica se comprometió “a luchar por un aumento” salarial para los funcionarios judiciales con los 30 votos que tendrá en el Parlamento

“Hoy no podemos dar mucho más pero la vida continúa y estaré con treinta votos en el Parlamento entrante y por considerarlo justo me comprometo a luchar por un aumento decente y diferenciado a favor de los funcionarios. Tengo muy claro a la clase que pertenezco”, es la frase con la que cierra la carta.

El proyecto, elaborado luego de meses de discusión con los gremios judiciales, fue también aprobado una semana después por la Cámara de Senadores pese a ser rechazado por todos los integrantes del Poder Judicial. En su carta Mujica explica que el proyecto no encontró aceptación en el Poder Judicial por culpa de “los reclamos inusitados de la jerarquía”.

“Sé además que con los reclamos inusitados de la jerarquía y con los mecanismos de enganche muchos de ustedes debieron haber generado expectativas que la propuesta que se presentó no puede conformar”, afirmó.

“Este asunto hoy no es un reclamo salarial sino un penoso choque de poderes que podrá superarse si tenemos voluntad política”, concluye.

Buenísimos ingresos.

Tras el final de la feria judicial el pasado lunes 2, la Asociación de Funcionarios Judiciales se reunió en asamblea y decidió mantener el conflicto pero sin efectuar manifestaciones ni paros, por lo que la salida al problema es muy difícil que pueda darse antes del 1º de marzo, cuando Tabaré Vázquez asuma su segundo mandato como presidente.

El problema entre ambos Poderes surgió al comienzo de la administración Mujica, cuando en la ley de presupuesto aprobada en 2010 se equiparó el salario de los ministros de Estado con el de los senadores.

El artículo 85 de la Ley Orgánica de los Tribunales establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no pueden ganar menos que los ministros de Estado y en función de eso se fija una escala salarial para todos los magistrados del país.

Advertido de esa situación, el Poder Ejecutivo envió en dos oportunidades proyectos de ley que fueron aprobados por el Parlamento, en los que se establecía taxativamente qué cargos se beneficiaban del aumento. Sin embargo, ambas normas fueron declaradas inconstitucionales por una Corte integrada por ministros de Tribunales de Apelaciones, ya que los ministros de la corporación se abstuvieron de fallar al respecto.

Las diferencias aumentaron sobre el cierre del año pasado hasta desembocar en el peor conflicto con los gremios judiciales en décadas, ya que tanto los actuarios como los defensores de oficio, los magistrados y los funcionarios paralizaron sus actividades debido a los reclamos.

Los “mecanismos de enganche” a los que se refiere Mujica consisten en que los funcionarios judiciales toman como referencia el sueldo de los jueces y ministros de la Suprema Corte para calcular sus propios aumentos salariales.

Pese a diferenciar en su carta que no es lo mismo un sueldo de $ 20 mil que uno de $ 180 mil, en diciembre durante uno de sus audiciones de M24 Mujica señaló que tanto los jueces como los funcionarios judiciales “tienen buenísimos ingresos, que como cualquier cosa pueden ser discutibles, pero en términos corrientes son espléndidos ingresos en relación con lo que gana la masa del pueblo uruguayo”. Se trata de “gente que no está pasando hambre, de gente que gana bien, que vive bien, que no tiene urgencias para comer esta noche o mañana” (Búsqueda Nº 1796).

En esa misma audición el presidente sostuvo que el conflicto no es simplemente laboral, sino que “lo que está pasando en los hechos es que existe reiteradamente un avasallamiento del cuerpo legislativo”. Para el primer mandatario “se ha dicho con enorme liviandad que hubo inicialmente un error en el mensaje del Poder Ejecutivo”, lo que, a su juicio, no fue así.