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El martes 17, a la misma hora que el ministro de Salud, Jorge Basso, daba una conferencia de prensa que había sido convocada de forma “urgente”, varios directivos de mutualistas de Montevideo mantenían una reunión paralela, de rutina, en la que se terminó hablando de temas que no estaban en el orden del día. Es que el anuncio del ministro trastocó la agenda. En la conferencia, Basso explicó un reciente decreto gubernamental con nuevas regulaciones a la publicidad que pueden hacer las instituciones médicas sobre sus servicios. La normativa obliga a las mutualistas a solicitar autorización al Ministerio de Salud Pública (MSP) antes de lanzar avisos comerciales. Y además prohíbe que esas publicidades sean financiadas con ingresos provenientes de las cuotas que las instituciones reciben mensualmente a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
“Ese tema nos ha perseguido”, dijo Basso. Y enfatizó en la necesidad de “mejorar la calidad del gasto” y “darle un mejor destino a lo que toda la población aporta a través de la seguridad social”. El ministro señaló que el decreto apunta, en lo sustantivo, a “decidir que los dineros del Fonasa sean destinados exclusivamente para fines de atención sanitaria”. Y que, a partir de su publicación, todos los prestadores que por distintas razones quieran ejercer actividades relacionadas con gastos en publicidad o con la contratación de personal para captar nuevos socios lo deberán hacer con recursos de sus propias arcas, y no de las del Estado.
El anuncio no cayó nada bien en buena parte del mutualismo. Durante esa reunión, en la que se enteraron de las intenciones del MSP y de su instrumentación mediante un decreto, se subió la temperatura de la discusión y se evaluó salir con una respuesta inmediata. Con el correr de los días el tema fue analizado con una mirada más fría. Y al menos tres mutualistas de Montevideo decidieron que van a impugnar el flamante decreto.
Según pudo saber Búsqueda de fuentes del sistema mutual, se recurrirá la normativa porque entienden que prohíbe cuestiones vinculadas a la publicidad que la ley general de creación del sistema de salud no prohíbe. Además porque interpretan que eso afecta a la “libre e igual competencia” para captar nuevos usuarios y porque puede operar una especie de “censura previa” si hay que comunicar al rector sanitario cada vez que se quiera lanzar una campaña publicitaria. Hay directivos de mutualistas que sostienen que la idea del gobierno con este recorte publicitario es ir hacia un concepto de “marca blanca” donde por la vía de los hechos se diluye la identidad de las instituciones y se elimina la competencia. Y que todo eso ocurre después de que “algunos de los prestadores han hecho toda la publicidad que quisieron y están en condiciones de captar nuevos usuarios”, señaló a Búsqueda una de las fuentes.
No es la primera vez que el gobierno le pone una plancha en el pecho a las mutualistas por el tema de la publicidad y sus costos. Ya en febrero de 2018, cuando se anunció que por segundo año consecutivo no se abriría el denominado corralito mutual —que permite la movilidad de usuarios de una institución a otra—, el MSP cuestionó la plata destinada a los avisos comerciales. Basso dio entonces una cifra que repitió en la conferencia de prensa del martes: dijo que las mutualistas gastan US$ 18 millones anuales en promocionar sus servicios. Y evaluó que es dinero que el sistema se podría ahorrar y orientarlo a mejorar la calidad asistencial. Las mutualistas respondieron en su momento a este planteo. En una nota publicada en Búsqueda, los directivos de las instituciones señalaron que el ahorro era “marginal” en la estructura general. “El sistema no se beneficia de manera sensible por el ahorro en publicidad que se produciría al no competir por el traspaso de usuarios. Los mentados US$ 18 millones que las mutualistas habrían invertido en promoción y publicidad son escasamente significativos en el marco de un sistema que mueve unos mil millones de dólares al año”, indicó entonces uno de los representantes de las mutualistas. Consultados nuevamente por este tema para este artículo, dijeron que mantienen su postura.
“Trabajando” para abrir el corralito
El anuncio del ministro funcionó como antesala a la posibilidad de abrir el corralito mutual en febrero del próximo año. Ya van dos años seguidos en los que el usuario afiliado al Fonasa queda preso si tiene la intención de cambiarse de mutualista. El gobierno ha dicho que no están dadas las garantías para evitar la intermediación lucrativa —el pago a usuarios para que elijan uno u otro prestador— y en la medida que no ha resuelto ese problema, la movilidad permanece estática. Ahora parece haber novedades. En la conferencia del martes, Basso aseguró que se está “trabajando” para abrir el corralito, pero no llegó a confirmar esa posibilidad.
Distintas fuentes del mutualismo dijeron a Búsqueda que las señales y gestos del Ejecutivo van en el camino de la apertura. En las últimas semanas hubo dos reuniones con los prestadores en donde se presentó el sistema informático operativo que permitirá dar transparencia a los procesos de afiliación. Las mutualistas están, en general, de acuerdo con el nuevo software y entienden que no deben incurrir en grandes gastos. Todas deberán tener una terminal con un scanner que identificará las huellas digitales de los usuarios.
El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, se limitó a responder a Búsqueda que están teniendo reuniones periódicas con los representantes de las mutualistas y que están “trabajando“ para concretar la apertura del corralito. Por lo general, cuando en cada febrero se permitía el libre trasiego de usuarios, cerca de un 4% de los habilitados se cambiaba de institución. Ahora estos números pueden variar. Las mutualistas estiman que, si este año se vuelve a permitir el traspaso, el porcentaje irá en aumento. “Es lógico que la cifra sea más alta. No sabemos cuánto”, respondió Echevarría.
Oposición advierte riesgo financiero
Otra cuestión que subyace detrás de la no apertura del corralito es cuidar la salud financiera de algunas instituciones que pueden quedar severamente desfinanciadas si sufren una estampida de sus usuarios. El diputado blanco Martín Lema accedió mediante un pedido de informes a auditorías externas de la situación contable de todo el sistema mutual. Y concluyó que hay “varias que tienen riesgo financiero”. De acuerdo a las auditorías, la institución más comprometida es Casa de Galicia, que ha sido sostenida mediante fideicomisos aprobados por el Parlamento, al igual que la Asociación Española y el Casmu. Lema cargó tintas contra el MSP por este asunto. “Es un testigo de lujo de lo que sucede en el sistema de salud, ya que no controla ni lo asistencial ni el comportamiento financiero. Durante todo el período hubo un claro incumplimiento del rol de rector que la ley le asigna al MSP en materia sanitaria”.
Sobre la apertura del corralito, el diputado blanco se mostró escéptico. “El ministerio se contradijo en varias oportunidades. Y por inoperancia o razones que desconocemos finalmente limitaron derechos de los usuarios. Perdieron credibilidad para realizar anuncios, por tanto, estamos a la espera de que se concrete este nuevo anuncio de apertura”.
