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Desde mediados del año pasado los partidos políticos con representación en el Senado negocian la integración de aquellos organismos que requieren mayorías especiales para su conformación, y hasta el momento los intentos para llegar a acuerdos no han dado frutos.
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Sobre la mesa está la vacante que se producirá en octubre en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la salida del ministro Luis Tosi, quien cumplirá 70 años; el cargo de fiscal de Corte, que Jorge Díaz deberá abandonar obligatoriamente en abril de 2022, y la futura integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. En estos últimos dos casos hay un principio de acuerdo en cómo debería ser su composición, pero resta resolver quién ejercerá la presidencia de los organismos.
Para destrabar el grueso de la negociación, el Partido Nacional sondea la posibilidad de que la ministra de un Tribunal de Apelaciones en lo Penal y presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Graciela Gatti, ocupe el cargo de fiscal de Corte y que Díaz pase a la SCJ a partir de octubre.
La segunda parte de esta propuesta es rechazada por Cabildo Abierto, dijeron desde ese partido a Búsqueda. Los liderados por el senador Guido Manini Ríos tienen una visión crítica de la actuación de Díaz, e inclusive el 20 de julio del año pasado dos de sus legisladores, el senador Guillermo Domenech y el diputado Eduardo Lust, entregaron una carta a Presidencia en la que pidieron su destitución.
La negativa de Cabildo Abierto complica las posibilidades de Díaz, según las fuentes oficialistas consultadas. Es que el resto de los partidos de la coalición no están dispuestos, al menos por el momento, a votar divididos en ese tema.
En caso de no alcanzar acuerdo para ocupar la vacante generada por Tosi, los jueces de los tribunales de apelaciones que siguen en orden de antiguedad para ingresar a la SCJ y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo son Ana Maggi (aunque cumple 70 años en enero, por lo cual no ingresaría), Doris Morales, Rosina Rossi, Ángel Cal y José Balcaldi. Los últimos tres empatan en años de antigüedad como ministros.
En tanto, la posibilidad de que Gatti sea designada fiscal de Corte es vista de manera positiva por legisladores blancos y frenteamplistas consultados, pero no ha sido analizada aún por el Partido Colorado ni por Cabildo Abierto. Para su designación se requieren tres quintos de los votos del Senado.
El nombre de la magistrada no fue el único arriba de la mesa durante la negociación. Durante las conversaciones el Frente Amplio transmitió que no le parecía mala idea que el fiscal adjunto de Corte, Juan Gómez, quedara en el cargo una vez que culmine el mandato de Díaz. El problema en este caso es que Gómez se retirará en 2025, porque cumplirá 70 años.
Gatti dijo a Búsqueda que no ha recibido consultas o propuestas para ocupar el cargo de fiscal de Corte. Díaz también dijo que no está al tanto de las conversaciones.
Corte
Las negociaciones en la interna de la coalición gobernante deberán superar otro escollo. La fórmula de Cabildo Abierto para renovar la Corte Electoral, que consistía en votar los miembros “políticos” del organismo con base en el artículo 324 de la Constitución por mayoría simple, fue descartada por el oficialismo dada la negativa del Partido Colorado.
Dicho artículo establece que los cuatro titulares de la Corte que sean “representantes de los partidos” pueden ser elegidos por la Asamblea General “por doble voto simultáneo de acuerdo a un sistema de representación proporcional”. La Constitución diferencia a estos miembros de los llamados “neutrales”, que son los restantes cinco (incluido el presidente), quienes se elegirán por dos tercios de la Asamblea General y deben ser “ciudadanos que, por su posición en la escena política, sean garantía de imparcialidad”.
Los colorados basaron su negativa en un libro de Héctor Gros Espiell titulado La Corte Electoral (1990), donde el abogado penalista analiza el segundo inciso de dicho artículo y sostiene que es “evidente” que la Constitución “solo prevé el caso de designación conjunta de los miembros de la Corte”. A juicio del experto, la renovación parcial de la Corte era posible en constituciones anteriores, como la de 1934, en la medida que “dejaba librada a la ley la forma de elección de la Corte”, pero no en función de lo que dice la actual Carta Magna.
Ante la dificultad de las negociaciones para conseguir un nuevo presidente “neutral” (el actual, José Arocena, tiene más de 80 años), una de las variantes que se manejó en la interna de la coalición fue proponerle al Frente Amplio que elija la presidencia del organismo, pero a cambio de que quede en minoría allí, con solo cuatro de los nueve ministros. Por el momento la oposición no cerró ninguna propuesta.
En tanto, en el Tribunal de Cuentas la propuesta planteada por la coalición es mantener en el cargo a la presidenta Susana Díaz, a lo que accedería el Frente Amplio. No obstante, en los ministros de la oposición no hay conformidad con el accionar de la actual presidenta porque, sostienen desde el organismo, la jerarca suele plegarse en sus posicionamientos al resto de los ministros del oficialismo.
