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Negocios de Ancap investigados por la Justicia surgieron del “plan” de la administración Martínez, declaró exdirector indagado
Ante la consulta del abogado de Sendic, el oficialista Juan Gómez señaló que la estrategia fue aprobada en 2007 y que el Poder Ejecutivo recibía información sobre las decisiones de la petrolera
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Los operadores judiciales involucrados en el caso Ancap esperaban que la audiencia en la que declararía como indagado el exdirector Juan Gómez fuera más intensa que las anteriores. Se trata de una persona que había integrado el Directorio de la empresa por varios años, justo cuando se adoptaron buena parte de las decisiones que son objeto de la investigación judicial.
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El interrogatorio del martes 17 por la tarde probó que la hipótesis era acertada. Gómez, que integró el directorio entre 2010 y 2016, debió responder preguntas acerca de diversos negocios denunciados por la oposición: la contratación de la agencia de publicidad La Diez, los adelantos millonarios a una empresa de transporte de cal, las triangulaciones con otras petroleras y las negociaciones para saldar la deuda con PDVSA.
Pero no solo la jueza, el fiscal y los denunciantes interrogaron a Gómez acerca de esos negocios, también el abogado del ex vicepresidente Raúl Sendic, otro de los indagados, aprovechó la oportunidad para hacer preguntas que buscaban minimizar la eventual responsabilidad de su defendido.
Algunas de esas interrogantes fueron en línea con dos ideas sobre las que la Lista 711 ha insistido a la hora de defender la gestión de su líder: las inversiones de Ancap cuestionadas surgieron de un Plan Estratégico que fue aprobado en 2007 cuando el presidente de la petrolera era Daniel Martínez; y el déficit de la empresa respondía en parte a que el Poder Ejecutivo no le permitió transferir costos de distribución de combustibles a los precios de las naftas.
La audiencia con Gómez llevaba más de tres horas cuando le tocó el turno al abogado Gúmer Pérez. El defensor de Sendic le preguntó al indagado si las inversiones de Ancap en los últimos años, por un monto de US$ 1.200 millones, habían sido resueltas por el Directorio de la empresa o por el gobierno nacional.
Gómez respondió que esas inversiones estaban previstas en el “plan estratégico 2007”, al que había hecho referencia cuando fue interrogado por la jueza Beatriz Larrieu. Esa estrategia “se planteó un montón de desafíos de realizar fuertes inversiones, que fueron las 10 fábricas que dije hoy, fueron los 1.200 millones y fue una iniciativa del Directorio de Ancap del 2007, y los diferentes presupuestos para impulsar esas inversiones fueron elevados año a año al Poder Ejecutivo”, añadió.
La siguiente pregunta de Pérez fue si el Poder Ejecutivo era el que “indicaba los seguimientos de fijación de precios de tarifas” al Directorio de Ancap. Gómez respondió que eran las autoridades de la empresa las que proponían los ajustes de precios, pero el Poder Ejecutivo tenía la última palabra.
Durante la comisión parlamentaria que investigó las últimas administraciones de Ancap y después de que los partidos de la oposición presentaron denuncias penales, Sendic y su entorno pretendieron diluir las responsabilidades del ex vicepresidente con argumentos que se reflejaron luego en las preguntas de Pérez.
El senador de la 711 Leonardo de León declaró a Búsqueda en mayo que todo lo que hizo Ancap —y que derivó en un déficit de US$ 800 millones— estaba enmarcado en una “política energética” ideada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. “En ese momento en Ancap estaba Daniel Martínez a la cabeza, se discutió un plan estratégico que tuvo el apoyo del gobierno y ese plan es el que se llevó adelante. La planta desulfurizadora, las inversiones en portland, los biocombustibles se hicieron por ese plan estratégico. No hubo una decisión por fuera de lo que aprobó el primer gobierno de Tabaré Vázquez”, dijo.
De León, que también declaró como indagado en la causa de Ancap, cuestionó que la empresa debió asumir costos de distribución de combustible que aumentaron su déficit y que no pudo transferir a los precios de las naftas por culpa del Poder Ejecutivo.
Las declaraciones de De León en aquel momento cayeron mal en el entorno de Martínez, quien no está en la lista de indagados confeccionada por el fiscal Luis Pacheco, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
Responsabilidad de otro.
Durante la audiencia, Gómez buscó eludir responsabilidades sobre algunos negocios que generaron pérdidas millonarias para Ancap.
Varias preguntas estuvieron dirigidas a la contratación de la empresa de transportes Pleno Verde, para que se encargara de llevar cal que Ancap le vendía a la brasileña Electrobrás CGTEE. Acir García, el brasileño dueño de la compañía de camiones, declaró en el Juzgado en abril que fue él quien le llevó la idea del negocio de Electrobrás a Ancap, y que con ese motivo se reunió con Sendic y con el gerente de la División de Portland y presidente de Cementos del Plata, Juan Romero.
García confirmó que no participó en un proceso competitivo para quedarse con el negocio y que en un momento, como Ancap no cumplía con la cuota de cal que debía enviar, su empresa estuvo por cerrar.
Cuando llegó el momento en que ya no podía mantener el “negocio vivo”, le pidió “socorro” a Romero, relató. El gerente de Ancap “me dice que nos iban a dar una mano y ahí respiré”, dijo García. Esa “mano” fueron adelantos de dinero que sumaron US$ 2.400.000.
Al ser consultado en la audiencia del martes, Gómez dijo que Ancap encomendó a Romero cerrar todos los contratos necesarios para cumplir con el acuerdo con CGTEE. Acerca de los adelantos, aseguró que “la gerencia respectiva” le comentó cosas al respecto pero que no habían sido aprobados por el Directorio de la petrolera.