Ningún pelotudo

La columna de Pau Delgado Iglesias

5 minutos

Nº 2192 - 22 al 28 de Setiembre de 2022

En junio de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) anuló la sentencia conocida como Roe vs. Wade, que garantizaba el derecho al aborto. Esto significó un duro golpe para los derechos sexuales y reproductivos, no solo de ese país sino del mundo entero. El poder que tiene EE.UU. como potencia mundial implica que esta decisión de la Corte puede influenciar en las políticas de otros países respecto al tema. Es sabido, además, que no es necesario derogar una ley para complicar su aplicación, y las leyes que despenalizan el aborto suelen ser lamentablemente un gran ejemplo de esto.

En este sentido va el decreto aprobado el 13 de setiembre por el gobierno ultranacionalista de Hungría, liderado por Viktor Orbán. El decreto obliga a quien quiera solicitar un aborto, a presentar un certificado de haber recibido información sobre los “signos vitales del feto”. Los medios húngaros afirman que al decir “signos vitales” el gobierno está haciendo referencia a los “latidos del corazón”, aunque no lo menciona expresamente.

A pesar de que el Fidesz (el partido de extrema derecha que está en el poder desde el año 2010) ha asegurado en varias oportunidades que no tiene intenciones de eliminar el derecho al aborto, ya desde hace algunos años se vienen implementando medidas que dificultan el proceso. Pero el reciente decreto envía una señal más fuerte, y mientras que es aplaudido por los grupos antiaborto, es visto con enorme preocupación por los movimientos que defienden los derechos de salud sexual y reproductiva. En particular, la ONG Unión por los Derechos Fundamentales (Tasz) expresó a través de un comunicado que “la enmienda anunciada no es otra cosa que una medida dañina que solo sirve para humillar a mujeres que ya se encuentran en una situación muy difícil”.

Pero el tema de los latidos no es nuevo. La medida de Hungría recuerda a la ley que el estado de Texas (EE.UU.) implementó en 2011: una que obligaba “a todas las mujeres que quieran abortar, incluso las víctimas de una violación” a someterse a ultrasonidos antes del aborto y “escuchar las palpitaciones del feto”. Por supuesto, esto era solo un comienzo: 10 años después, en setiembre de 2021, el estado de Texas prohibía el aborto a partir de la sexta semana de gestación (un margen de tiempo en el que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de que están embarazadas). El argumento, otra vez, eran los supuestos “latidos del feto”, a pesar de que muchas organizaciones médicas a escala internacional salieron a aclarar que “no existe latido en la sexta semana de gestación”. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia condenó públicamente “la connotación emotiva de la expresión ‘proyecto de ley del latido’ que utilizan los grupos de presión antiaborto, pues no es un término médicamente exacto”. Finalmente este año, la anulación de Roe vs. Wade permitió que, a través de una ley de activación automática, Texas se convirtiera en uno de los primeros estados de EE.UU. en prohibir totalmente el aborto.

En octubre de 2012, y después de un largo recorrido, se aprobó en Uruguay la Ley 18.987 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que entró en vigencia en diciembre de ese año. La ley establecía la despenalización del aborto “para el caso que la mujer cumpla con los requisitos” siempre que sea durante las primeras 12 semanas de embarazo.

En enero de 2013, una paciente de Pan de Azúcar que quería realizarse un aborto denunció públicamente que, al llegar a la consulta en el hospital de Maldonado, le ofrecieron “escuchar los latidos del embrión” antes del plazo de reflexión previa al acto quirúrgico. Según reportó FM Gente, la mujer tomó la oferta como una agresión a su privacidad y el caso fue investigado por las autoridades nacionales de la salud. Lo que salió a la luz en esa instancia fue que el equipo médico coordinado por el doctor Roberto Sergio (responsable del servicio de Maternidad y Ginecología del hospital de Maldonado) proponía “a todas las pacientes que solicitan la realización de un aborto, la escucha de los latidos del embrión”. Así operaban ya, recién estrenada la ley que despenalizaba el aborto en Uruguay, las presiones antiaborto.

En ese mismo mes, enero de 2013, el doctor Sergio pidió al Ministerio de Salud Pública que investigara el caso de otra mujer a quien le había realizado un aborto, porque según su experiencia el feto superaba las 12 semanas de gestación.

Casualmente, el doctor Sergio es el mismo médico que denunció ante la policía a la mujer que el pasado 5 de setiembre fue condenada a 13 años de cárcel por abortar con un embarazo avanzado. El mismo que, según reportó Victoria Fernández para Búsqueda, al enfrentarse a la mujer ensangrentada y en estado de shock ,que creía haber abortado un feto de unas 20 semanas, le dijo: “¿Tengo cara de pelotudo?”. El mismo que en una conversación de tono jocoso (otra vez con FM Gente), dijo que fue al juicio abierto a “dar clase de obstetricia”.

Para Lilián Abracinskas, de Mujer y Salud en Uruguay, la mujer no recibió la orientación adecuada, precisamente porque, a pesar de tener una ley vigente, hay operadores en el sistema de salud que hacen lo posible por no brindar las garantías adecuadas a quienes solicitan asistencia en este tema. Como le dijo a Búsqueda en la nota de Fernández: el mensaje que reciben las mujeres en situaciones así es “no vayas al sistema de salud porque terminás en la cárcel”.

El derecho al aborto tambalea en el mundo de la mano de grupos ultraconservadores, religiosos y de extrema derecha. Es necesario tener más que nunca los ojos atentos ante cualquier persona que pretenda desestabilizar, desde adentro, los derechos adquiridos.