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El Senado tiene a consideración el proyecto de ley “Consumo abusivo de drogas. Normas para el ejercicio del derecho de la voluntad anticipada para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social”, que ya cuenta con media sanción de Diputados. La iniciativa legal aparece como respuesta a un reclamo de grupos de madres de adictos, recogido por la diputada colorada Nibia Reisch, pero cuenta con el firme rechazo de la academia, a través de varios voceros.
En algún momento se criticó duramente al expresidente José Mujica por poner “lo político por encima de lo jurídico”. En este caso, la circunstancial mayoría de diputados (54 en 94 votos) puso lo político —y lo emocional, después de escuchar las tremendas historias de las madres involucradas— por encima de la comprobación científica nacional e internacional.
El planteo de esas madres tiene más que ver con el eterno problema del pésimo sistema penitenciario con que cuenta nuestro país. No hay solución posible sin un sistema de penas alternativas y diferenciadas y sin capacidad para tratar de forma diferente los casos vinculados a las adicciones y la salud mental. Hoy los jóvenes que cometen delitos menores terminan en reclusión con delincuentes de todo tipo, en un mundo lleno de drogas que solo empeora las cosas. El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, trabaja, junto con los grupos de madres, para mejorar esa situación, pero no es suficiente porque estamos ante un problema estructural.
Es un proyecto “hecho desde el dolor de los familiares”, destacó el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. “Hay que entenderlos, pero el dolor no nos da la razón. Que tengamos un problema y que no haya respuestas adecuadas no quiere decir que cualquier respuesta sea buena”, agregó.
Justamente porque el proyecto es impulsado por madres que conviven con adictos que llegan a la desesperación y al delito para conseguir droga, es que se centra en la internación como recurso principal para enfrentar el problema. Pero los académicos, y en especial los que han estudiado en profundidad este tema en Uruguay y en el mundo, aseguran que esa forma de atender adicciones tiene un índice muy elevado de fracaso.
Un párrafo aparte merece el capítulo del proyecto de ley referido a la voluntad anticipada para cualquier tratamiento, en la cual el sujeto acuerda su internación compulsiva en caso de empeorar, a partir de una resolución médica, que deberá ser regulada. Esto choca con la Ley de Salud Mental vigente, que salvaguarda la libertad de decisión del paciente, salvo situaciones muy específicas. Con la idea de la firma de un compromiso de voluntad anticipada se le pide al paciente que renuncie a su derecho a la autodeterminación e incluso a la posibilidad de revocar su propia decisión.
En cuanto al tratamiento de menores, la iniciativa legal da poder de decisión a padres o tutores, chocando con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia respecto a la autonomía progresiva de esos menores involucrados. En el caso de discrepancias entre ellos y sus mayores, se recurre a la intervención de un juez competente.
Voceros de las sociedades de Psiquiatría que presentaron sus puntos de vista ante los legisladores promotores del proyecto recomendaron que se siga apuntando a respuestas integrales en el marco de la nueva Ley de Salud Mental. “Se trata de exigir que las estructuras actuales funcionen correctamente y la normativa vigente se tome en cuenta”, señalaron.
Si bien en Diputados la mayoría de la coalición de gobierno aprobó el proyecto, no fue votado por el Partido Independiente ni por algunos legisladores del Partido Nacional. En el Senado es posible que se logre el mismo objetivo, pero su implementación no parece tener un camino despejado. La buena noticia para los futuros afectados es que pueden no firmar.
