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    N° 1887 - 06 al 12 de Octubre de 2016

    ¿La “década de gobiernos frenteamplistas” ha sido una década ganada o perdida? Una pregunta que con frecuencia se plantean políticos, analistas y periodistas abriendo un debate que se enriquece con múltiples y variadas opiniones. Inciden en las conclusiones convicciones, simpatías, intereses personales o políticos. Dadas las diferencias es un debate que no tiene fin. Pero por sobre todo porque desconocemos las consecuencias de los hechos que transcurren, es una película cuya proyección continúa.

    Para muchos analistas en la región los años 80 fueron una “década perdida”. Un período en el que los países estaban agobiados por el peso de un endeudamiento que limitaba severamente las necesidades de crecimiento económico y de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. La siguiente fue considerada “década ganada” no solo porque se logró un alivio en el tema de la deuda, sino porque se encararon reformas que contribuyeron a lograr mejores desempeños económicos en un mundo cada vez más competitivo.

    No hay décadas en las que solo haya “pérdidas” o “ganancias”. Por eso, lo verdaderamente relevante es la importancia que esas “pérdidas” y “ganancias” tienen en la proyección del futuro, cómo condicionan la vida de la gente. En los 80 se gestaron condiciones para aliviar el peso de la deuda y se tomó conciencia de la necesidad de llevar a cabo reformas macroeconómicas. ¿Década pérdida? En los 90 se dieron condiciones políticas para que la región le abriera paso a “populismos” y “progresismos”, gobiernos obsesionados con eliminar la pobreza y las desigualdades sociales que se dejaron llevar por voluntarismos mágicos. Aplicaron políticas que se disfrutan hoy y se pagan con ajustes y dificultades mañana. ¿Década ganada? Los casos de Venezuela, Argentina y Brasil están a la vista para quien quiera verlos.

    En estos once años y medio de gobiernos frenteamplistas el país ha tenido “ganancias” y “pérdidas”. Cualquiera sea el juicio que se tenga sobre estos gobiernos, la primer ganancia se contabiliza en el orden institucional. La alternancia de partidos en el poder no es un dato menor, la competencia política, la renovación de equipos de gobierno tiene siempre un efecto refrescante. Refuerza la adhesión a la democracia y regenera esperanzas en los ciudadanos. Pero además, la renovación de orientaciones y de políticas tiene la virtud de que, tarde o temprano, cuando el discurso y las promesas políticas son contrastadas con la realidad, se abre una instancia en la que los ciudadanos comparan conductas, procedimientos, resultados. Y toman sus decisiones.

    En estos años de gobiernos del Frente Amplio (FA) ha habido un fuerte crecimiento económico, creación de empleo, mejora salarial, reducción de la pobreza. La mayoría de los ciudadanos pudieron acceder a un nivel de confort y de consumo como no habían conocido antes. Fue posible gracias a una coyuntura internacional muy favorable que permitió financiar planes sociales para atender a los sectores más golpeados por la crisis. Pero no todos se beneficiaron de igual manera, sigue habiendo bolsones de pobreza humillantes.

    La mejora, acompañada de un discurso político esperanzador, tuvo su recompensa en las urnas en las siguientes dos elecciones. Un efecto sin duda procurado, porque en política, como en toda actividad, se trabaja pensando en la recompensa.

    Ha habido un manejo inteligente y prudente de la deuda, se ha logrado un cambio en la matriz energética que redujo la dependencia del petróleo y de factores climáticos que condicionan la producción hidroeléctrica. En materia de telecomunicaciones han habido importantes avances y mejoras notorias en instalaciones portuarias. El Plan Ceibal es una herramienta informática imprescindible que aporta mayor igualdad de oportunidades en las nuevas generaciones. 

    La administración estatal ha incorporado mejoras de gestión en varios organismos mediante reestructuras e incorporación de nuevas tecnologías. Pero los antecedentes políticos siguen siendo decisivos en el proceso de selección de directores y gerentes de las empresas públicas, que debe depender de experiencias profesionales y compromisos de gestión. Asimismo han sido sancionadas leyes reconociendo derechos de ciertas minorías. No son las únicas mejoras y quizás algunas ni siquiera las más valoradas por los ciudadanos.

    Ahora bien, no todo han sido avances ni mejoras. En los últimos años ha habido evidencia de ello. Las pérdidas de Ancap, los malos negocios del Fondes, malas decisiones sobre la regasificadora, el mamarracho de la subasta de los aviones de Pluna. Todos casos turbios.

    El triunfo del FA en 2004, consecuencia de la crisis económica y del “voto castigo” a los partidos tradicionales, despertó enormes expectativas en una inmensa masa ciudadana que vio en el FA “la última esperanza”. Si las expectativas eran grandes, los temores de quienes se le oponían no eran menores. Se temía que el gobierno de izquierda, integrado por fuerzas que defienden ideas socialistas, que recelan de la economía de mercado y consideran que las empresas públicas deben ser palancas del desarrollo nacional, derivara en inestabilidad económica y política, como lo sugieren numerosas experiencias históricas. Existía, tambien, el temor de que las diferencias internas, pasadas a segundo plano en tiempos en que lo prioritario era “acumular fuerzas”, pudieran paralizar la gestión del gobierno.

    Ello no ocurrió. Hubo un manejo macroeconómico prudente facilitado por una coyuntura económica favorable que alivió las cuentas fiscales y dio rienda suelta al gasto público. Las diferencias y pugnas internas fueron laudadas de una u otra forma. Y aunque persisten con mayor intensidad los cabildeos que retrasan —o bloquean— las decisiones, ello no ha impedido a su mayoría marcar el ritmo en el Parlamento.

    En su tercer mandato, transcurridos once años y medio de su llegada al poder, es hora de apreciar lo hecho y lo por hacer. Ver si las mejoras son sustentables, si los cimientos son suficientemente sólidos para lo que viene. Los recientes ajustes fiscales (tarifas, impuestos) nos hablan del exceso del gasto público, despilfarro para construir carreras políticas o cultivar la imagen internacional de un gobernante. Facturas que ya estamos pagando.

    Cuando se piensa en la construcción del futuro no pueden ignorarse las consecuencias de la fractura social, hipoteca con la que el país cargará por un buen tiempo. Porque sin perjuicio de los esfuerzos realizados y pese a la bonanza económica de estos años, de los mayores recursos disponibles, no hay forma de esconder el déficit en materia de seguridad pública o los pobrísimos resultados educativos que tanto nos pesan y rezagan. Más recursos y más poder a la corporación docente sin contrapartida en los resultados. Dos tercios de los alumnos que ingresan al sistema no completan los estudios secundarios. ¡Hoy, en el siglo XXI!

    O lo poco o nada se ha hecho para superar el “apagón logístico” (carreteras, infraestructura ferroviaria) que hoy condiciona la finlandesa UPM para instalar su segunda planta de celulosa en nuestro país.

    Pocas cosas gravitan más en la construcción del futuro que la seguridad pública, la calidad de la educación con la que se forman las nuevas generaciones, la infraestructura necesaria para movilizar la producción exportable, la competitividad de las empresas y de sus trabajadores.

    Y, por supuesto, la inserción internacional. La política comercial de un país no puede basarse en coincidencias políticas, ideológicas o en afinidades personales de gobernantes que van y vienen. No es razonable pretender viajar en el pescante de Brasil, ni depender de la buena voluntad de Maduro o de los “gobiernos K” para colocar nuestra producción. Un país pequeño como Uruguay no puede cerrarse y dejarse ganar por los temores a “perder soberanía” o a quedar expuesto a “políticas depredadoras de las multinacionales”, a riesgo de quedar aislado del comercio mundial. Hace una década Danilo Astori propuso negociar tratados de libre comercio con China y Estados Unidos, despertando la ira de los sectores más ortodoxos ideológicamente del FA. Ahora, el mismo presidente que el año pasado ordenó el retiro de las negociaciones por el TISA bajo presión política de la coalición gobernante, quiso salir en la foto de la firma de un TLC con Chile. Y en dos semanas estará volando a China a negociar un acuerdo de libre comercio. Nos “avivamos” después que tras largas negociaciones ya lo hicieran Australia y Nueva Zelanda, dos países que nos compiten en varios rubros agropecuarios.

    Cuando se mira hacia atrás no es posible no ver el tiempo que hemos perdido y las causas de que ello haya sido así. Por eso cuando se advierte la magnitud de las tareas pendientes, las “ganancias” obtenidas quedan opacadas por las oportunidades perdidas y devaluadas frente a lo que será necesario emprender. Se sabe, no hay pasaje a la prosperidad gratis.