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“Estaban robando pesca uruguaya, riqueza de los uruguayos y trabajo de los uruguayos”. Este llamado casi desesperado del ministro de Defensa, Javier García, resonó en nuestros oídos cuando tiempo atrás la Armada detectó la presencia de naves brasileñas de pesca ilegal en nuestras costas, en nuestra jurisdicción marítima. Pero en realidad es prácticamente un hecho menor si se toma en cuenta que en este rubro hoy en día deberíamos reclamar justicia contra uno de los países más poderosos: China.
En estos días la Global Fishing Watch ha detectado en sus radares no menos de 100 embarcaciones pesqueras del gigante asiático merodeando en los límites de las aguas uruguayas. La presencia de esos buques coincide con una baja sustancial en las posibilidades de pesca en nuestras costas que, dicho sea de paso, viene bajando año a año, creando una situación muy negativa para todo trabajador de la pesca y también para cualquier proyecto de pesca deportiva, una atracción turística millonaria en los países que cuidan sus aguas.
El gobierno acertadamente muestra interés en un tema que no se atendió en administraciones anteriores debido a una cierta impotencia, escasez extrema de recursos e incapacidad para influir en la estrategia depredadora de los países poderosos de la pesca, sea legal o ilegal, poco les importa. En el caso de los 19 pesqueros brasileños, el Poder Ejecutivo no pudo tomar ninguna medida ante semejante ilícito por no contar con los medios necesarios.
El tema es de una complejidad extrema, ya que tiene implicancias medioambientales y de derechos humanos —los barcos chinos tienen el peor ranking en esclavitud—, además de provocar, como explicara el ministro de Defensa, una pérdida de recursos para nuestro país de proporciones no cuantificadas. Para los controles y arrestos, el gobierno debería mejorar sustancialmente su flota marina, pero además manejar con mayor severidad el ingreso de buques extranjeros en nuestro puerto.
En un estudio realizado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que analiza la vulnerabilidad de los estados en el caso de la pesca pirata, publicado a mediados del 2019, Uruguay aparece con buenas calificaciones, pero sus promedios colapsan cuando se trata del puntaje del Puerto de Montevideo, ya que se encuentra entre los peores del mundo por permitir la atención a buques sospechosos de pescar ilegalmente.
La defensa de las aguas territoriales es competencia del Ministerio de Defensa Nacional, pero también la pesca ilegal es una problemática que le ocupa a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Como firmante del acuerdo de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, bajo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras normativas, Uruguay trabaja para mejorar la performance en la lucha contra la sobrepesca que está destruyendo al planeta.
Esta es una parte del problema, pero el llamado del ministro para evitar el robo de nuestro patrimonio requerirá un esfuerzo económico muy importante. Se necesita cuantificar la contrapartida, sea de protección medioambiental, de los recursos de pesca uruguayo o como posibilidades de explotación turística en el futuro. Uno de los modelos que se podrían seguir es el de Costa Rica, que no solo recuperó buena parte de su selva, sino que también recuperó su mar y hoy tiene una industria del turismo para la pesca deportiva que crece sostenidamente. Como nos dijo un experto: “Costa Rica entendió que el pez vivo (léase, atractivo para el turista pescador y aporte ambiental) vale mucho más que el muerto”.
