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La primera semana de octubre de 2012 fue tormentosa para el gobierno de José Mujica. Las malas noticias se sucedían, una tras otra. Pero el peor día fue el jueves 4. Esa mañana los quioscos lucieron dos tapas que quedarían para la historia. Una, la de El Observador, con una foto en la que el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, compartía un almuerzo con el director de Buquebus, Juan Carlos López Mena, y con el “caballero de la derecha”, que había comprado mediante una subasta los aviones de Pluna unos días antes. La otra, la de Búsqueda, con el título principal que revelaba algo que había sido mantenido en secreto: el aval a Cosmo, la empresa compradora, había sido otorgado por el Banco República.
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Al otro día, en la tarde, el portal de Radio El Espectador informó sobre el vínculo entre López Mena y el “caballero de la derecha”, que se había presentado a la subasta con el nombre de Antonio Sánchez, cuando su verdadero nombre es Hernán Antonio Calvo Sánchez. Luego se sumó Santo y Seña de Canal 4, que entrevistó a los responsables de la empresa Cosmo, que nada sabían de la compra de los aviones de Pluna.
Búsqueda publicó el primer artículo periodístico al respecto ese jueves 4 en tapa y contratapa, bajo el título: Con el aval del Banco República, la empresa española Cosmo compró siete aviones y ahora negocia con el gobierno y López Mena que sigan operando en Uruguay.
A partir de ese momento, el semanario dio especial importancia al aval otorgado a la española Cosmo por el principal banco estatal, aunque ese asunto no estuvo en el centro del debate durante las primeras semanas.
En las dos primeras ediciones de diciembre de ese año, Búsqueda publicó otras dos notas que provocaron la ira de Calloia, que respondió públicamente que los periodistas del semanario tenían “problemas de comprensión lectora” y que lo otorgado a Cosmos fue un “aval perfecto”.
En el 2013, Búsqueda publicó más de 15 notas referidas al tema del aval otorgado a Cosmo y a la intención del gobierno de cobrárselo a López Mena. En la cobertura se incluyeron declaraciones de especialistas bancarios, la defensa del Banco República que realizó el abogado y exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, los perjuicios generados al Estado y las reuniones mantenidas en secreto entre Calloia y López Mena. En todo momento, el entonces presidente del Banco República negó que ese trámite se hubiera hecho de forma ilegal hasta que al final de ese año fue procesado por “abuso de funciones” debido al otorgamiento del aval.