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Desde su puesta en marcha el 1º de noviembre de 2017, el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) generó críticas por ser demasiado benigno y se lo acusó de provocar un aumento de los delitos. A las voces críticas se sumó en estos días un duro análisis del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, que publicó un extenso artículo en la página web de la Facultad de Derecho estatal.
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Pacheco señaló que las últimas estadísticas muestran que solo 3,6% de los casos formalizados fueron a juicio oral y que 95% de las condenas penales fueron negociadas entre el fiscal y la defensa. “El proceso abreviado —que estaba pensado como una de las ‘vías alternativas’ a la solución del conflicto penal para ‘descongestionar’ los casos que van a juicio oral— ha pasado a ser inexorablemente la norma general”, cuestionó.
A su juicio, que “la casi totalidad de las penas impuestas sean fruto de una negociación es contrario a toda lógica: no cabe sino concluir indefectiblemente que nos encontramos ante un modelo procesal penal de muy baja calidad” aseguró.
La renuencia de los fiscales a acudir al juicio, sostuvo, se debe a que se trata de un proceso “costoso, largo, desgastante y poco práctico”.
Para el fiscal tampoco es razonable “que la prisión preventiva sea dispuesta sin diligenciamiento de prueba”, como ocurre en el actual proceso. “Nos hallamos ante la medida cautelar más gravosa de todo el ordenamiento jurídico (…), sin embargo, es la única medida cautelar que pasó a ser dispuesta solo mediante argumentos orales”.
Como no se diligencia prueba en la audiencia de formalización, el juez debe condenar “a ciegas” sin “saber absolutamente nada de los hechos sobre los cuales condena”.
El fiscal Pacheco —que pidió el procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic por el “caso Ancap”— concluyó que el nuevo modelo procesal “no ha sido exitoso en el plano de las garantías”, “no resultó ser un modelo transparente” ni “protector de la víctima”, y convirtió al juez “en un mero homologador de los acuerdos que celebran la Fiscalía y la Defensa”. Tampoco mejoró la eficacia en la persecución penal, aseguró, ya que resultó “en un aumento del número de delitos”.
Finalmente, criticó que la aplicación del proceso abreviado significó en los hechos “una disminución de las penas en un 95% de los delitos en el Uruguay”.