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La Asamblea Nacional de Cuba, órgano legislativo subordinado a la dictadura, aprobó el domingo 15 un nuevo Código Penal. Es aún más represivo que el anterior. El texto despertó total rechazo entre la oposición al régimen. Castiga “delitos” en Internet y apunta a blindar el sistema totalitario. Cuba vive momentos de alta tensión tras las masivas protestas del año pasado, cuando multitudes salieron a la calle protestando por la escasez, al ritmo de la preciosa canción Patria y vida.
Sometido a votación ante los diputados presentes, el código fue aprobado. Según sus autores, protege al sistema político comunista de cualquier actividad que se cometa contra el orden constitucional o fomente la inestabilidad. Cuba procesará así “legalmente” a opositores no violentos. El delito definido como “propaganda enemiga” constituye una violación brutal a la libertad de expresión. Los ataques a la seguridad del Estado incluyen toda crítica al sistema imperante. Están definidos en términos muy vagos. Quien emplee los medios de comunicación para realizar propaganda opositora recibirá una pena de siete a 15 años. Esto implica un poderoso elemento de disuasión para la libre expresión.
La policía puede arrestar a ciudadanos sin orden judicial y juzgarlos a puerta cerrada. Los presos ni siquiera reciben copia de la resolución judicial que los inculpa. Una vergüenza.
Presenció la reunión el dictador Miguel Díaz-Canel. La Asamblea endureció el Código Penal escrito bajo el propio Fidel Castro para evitar nuevas protestas populares. Un código a la medida de una revolución que ya no existe pero quiere eternizarse en el poder. Se mantiene la pena de muerte y la cadena perpetua. El viejo régimen de La Habana intenta así aterrorizar a opositores y periodistas independientes, pero la amenaza alcanza a todos los cubanos.
Se crearon 37 nuevos delitos relacionados con las redes sociales, fundamentalmente los derivados de la rebelión de 2021. La llegada incontenible de Internet fue un duro golpe al régimen. Las conexiones en directo y sin censura han jaqueado la hegemonía comunicacional del PCC. Y esta es la reacción de un gobierno sin apoyo ante la creciente pluralidad de la sociedad civil.
La votación coincide con una etapa de alta tensión política en la isla. El código apunta al expansionismo penal y está diseñado para frenar el activismo democrático. Cualquier similitud con los proyectos de Constitución autoritaria de dictaduras militares del pasado no es coincidencia. Responden a la misma mentalidad intolerante. Es sabido que “los extremos se tocan”.
Asfixiar a la prensa
En Cuba, donde los medios privados son ilegales y los reporteros no tienen forma de obtener financiamiento local, prohibir el apoyo internacional es una sentencia de muerte para el periodismo libre. La valiente opositora Yoani Sánchez, creadora del medio 14ymedio, afirmó que la nueva norma desata tantas críticas “por sus atropellos a la libertad de expresión (…) que incluye penalizar toda ayuda externa a la prensa independiente”.
Según René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, la organización más antigua de abogados opositores, el nuevo código es “otra vuelta de tuerca oficial para intensificar la represión”. Sus defensores, en cambio, afirman que la ley “recoge el carácter humanista de la revolución y está a tono con la jurisprudencia penal, respetando los derechos humanos”. Uno no sabe si creen lo que dicen —difícil— o se están burlando. Apuesto por lo segundo.
El diputado Jorge González Pérez, de San Miguel, señaló que votaron un trabajo serio, destacando que en Cuba las leyes no tienen nombre, “pues son del pueblo y parten” de él mismo. De qué modo el pueblo participa cuando ni siquiera habrá un plebiscito, obviamente, no supo explicarlo. Era —como la famosa serie— una misión imposible.
