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Las acciones del empresario Juan Carlos López Mena no pasan inadvertidas y generan debate. Esta semana, su propuesta para construir una terminal fluvio-marítima en el viejo Dique Mauá, ubicado en la rambla sur de Montevideo a pocas cuadras de la Ciudad Vieja, generó críticas en el Senado.
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Para poner en marcha el plan, el Parlamento tiene que aprobar un proyecto de ley que autorice al Poder Ejecutivo a enajenar dos terrenos ubicados en la zona a cambio de que la empresa ganadora se haga cargo de la construcción del muelle y puerto.
La empresa de López Mena (Buquebus) presentó un proyecto para instalar en la zona una nueva terminal de pasajeros y le sumó la construcción de un hotel y estacionamiento. La inversión ronda los US$ 200 millones, según dijo el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, al diario El País en abril del año pasado.
Según el proyecto de ley, el Estado conservará el derecho de uso de las instalaciones destinadas a servicios públicos, como la terminal.
La iniciativa no fue aprobada en la sesión del miércoles 23 debido al debate que se generó y volvió a la Comisión de Transporte y Obras Públicas para recibir más información.
Pedro Bordaberry (Partido Colorado) dijo que el proyecto le generaba “severas dudas”. Criticó que mediante la iniciativa legal se realiza una concesión para el uso del puerto pero que la enajenación de los terrenos donde se construirá el hotel será “para siempre” de la empresa privada. “Esto es una novedad absoluta en materia de concesión en el país”, agregó.
El legislador dijo que “ni siquiera” mostraron los planos donde se realizarán las obras, algo que fue rechazado por Lucía Topolansky (Frente Amplio).
Bordaberry criticó que el beneficiario final sea López Mena. “No me gusta López Mena”, afirmó.
El legislador cuestionó los últimos antecedentes del empresario, en especial sus acciones en el caso Pluna. “¿Quién está apareciendo de nuevo? El ‘caballero de la derecha’. Porque esto que se propone es de la misma persona que participó en aquella fraguada operación-remate de la venta de los aviones de Pluna. Acá está apareciendo el caballero de la derecha, poderoso caballero don Dinero que siempre aparece. Ahora le estamos dando el patrimonio de los uruguayos por este proyecto de ley. No puedo votar esto”, afirmó. Bordaberry agregó que espera que esta actividad no sea gerenciada por Hernán Calvo, quien en nombre de la empresa Cosmo trató de comprar los aviones de Pluna.
Enrique Pintado (Frente Amplio) admitió que un mejor proceso es ir por una subasta como se hizo en su momento con la Terminal de Contenedores y el Aeropuerto de Carrasco.
Pintado —que era ministro de Transporte cuando se generó el problema con Pluna y la intervención de López Mena— dijo que si se guiaba por una “cuestión afectiva” iría en contra de lo que se planteaba con el proyecto, pero señaló que la idea le sirve al país. “La terminal de pasajeros en el puerto es un problema”, dijo.
Señaló que cuando se discutió el tema en comisión todos tuvieron sus “precauciones”, porque “el que se quemó con leche, ve la vaca y llora”.
Rafael Michelini (Frente Amplio) defendió el proyecto. Sostuvo que la inversión “significa trabajo” para los uruguayos. En este caso, López Mena trajo una iniciativa que es “buena para el país”, agregó.
Sobre el caso de Pluna, que derivó en el procesamiento del entonces ministro de Economía y del presidente del Banco República, Michelini dijo que al empresario ese episodio le “costó dinero”, y que la Justicia “actuó” en el tema. Por eso, rechazó que con ese “antecedente” se le quiera decir al empresario: “Señor, váyase del Uruguay”. “Porque eso es lo que se le está diciendo, si tienen coraje díganlo con todas las palabras: ‘Váyanse del Uruguay, no inviertan más acá’”.
Luis Alberto Heber (Partido Nacional) aclaró que nadie estaba en contra de la inversión y defendió que desde la oposición haya “dudas razonables”.
“Queremos inversión; ahora, los antecedentes del Frente Amplio no son buenos en este tema, ¿no? No han tenido inversiones con las que estamos conformes. Muchos anuncios, inversiones que se están investigando en la Cámara de Diputados. Es lógico que la oposición pregunte y sepa para poder dar su voto”, explicó.
El Partido Nacional fue quien pidió que el tema vuelva a comisión para evacuar algunas dudas. Lucía Topolansky (Frente Amplio) aceptó el planteo, pero aclaró que el mecanismo utilizado por López Mena es legal, ya que apeló a la ley 17.555, de Reactivación Económica, aprobada durante el gobierno de Jorge Batlle.
El colorado José Amorín dijo que si bien estaba de acuerdo con las concesiones, no votaría la enajenación. Además, recordó que un “senador del Frente Amplio” —en alusión a Reinaldo Gargano— llegó a realizar un “piquete alrededor de la bolsa de valores” para evitar que se hiciera la subasta por la Terminal de Contenedores del puerto de Montevideo.