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Seguimos deslizándonos lenta e inexorablemente hacia las fauces más afiladas del narcotráfico, pero no se ve a casi nadie que lo advierta frontal y claramente. Nos debatimos entre estadísticas que no quieren decir casi nada por sí solas, mientras que desde el gobierno el ministro del Interior proclama en medio de una interpelación que Uruguay es único y que el narco no ha entrado a la política, una convicción que no sé (ni sé si alguien sabe) de dónde sale. Ya no tenemos en la Policía oficiales líderes que adviertan a los políticos y a la gente, como ocurrió en su momento, que el delito se estaba territorializando y feudalizando; que de país de tránsito nos convertimos en país de consumo (primeros en consumo de cocaína per cápita en el continente); que los grandes carteles y sus capos ya no solo utilizaban a Uruguay como santuario para refugiarse sino como escenario de sus negocios; que el lavado de dinero es una actividad que debería ser controlada con más firmeza porque los indicios sobre esa actividad son fuertes; que el sicariato vino para quedarse; que usar autos blindados por parte de políticos, policías, jueces y fiscales no es para nada una exageración; que los grupos más poderosos de la región ya reclutaron a las bandas locales y trabajan para ellos.
No se reconoce públicamente, pero algunas investigaciones policiales se encaminan a confirmar que grupos como los Camalas, que opera en Casavalle, están apoyados por el narcotraficante Sebastián Marset y que al menos una decena de homicidios pudieron ocurrir por encargo de este para poner “orden” en el barrio.
Y lo que tampoco se ha dicho claramente en las valoraciones que el gobierno hace es que el país ingresó en una nueva categoría dentro de la escala del narco, lo que augura nuevos fenómenos y la agudización de otros que ya están instalados: Uruguay se ha convertido en un país no solo de tránsito hacia Europa, sino además de acopio de la droga. Y digo que no se ha dicho claramente porque el ministro del Interior, ante la pregunta de un periodista del diario El País acerca de si Uruguay es ya un centro de acopio de droga, respondió con un lacónico: “Puede ser”.
Ecuador es posiblemente el último país de la región que dio ese salto cualitativo, y con él se vio envuelto en una escalada de violencia que tuvo su punto máximo con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
“Ecuador ha pasado en los últimos años de ser un país de tránsito de la droga a uno en el que esta se almacena, se procesa y se distribuye. Ese cambio de paradigma se nota en la mayor cantidad de droga —principalmente cocaína— decomisada, en el cada vez más habitual descubrimiento de laboratorios y, sobre todo, en el aumento exponencial de la violencia”, dice un informe de la BBC.
La producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia alcanzó el nivel récord de 2.000 toneladas anuales y con ello la necesidad de los grupos criminales de sacarse de encima la mercancía hacia lugares donde los precursores químicos para procesar la coca no estén tan controlados, donde hay bandas locales que pueden hacer el trabajo de custodia y donde el sistema político sigue adormecido.
Otro narco que, al igual que Marset, tiene vínculos no solo con la banda de los Camalas sino también con la de los Chingas de Casavalle, es Antonio González Bica, quien se fugó luego de pagar unos US$ 100.000 por un certificado de salud falso, con el cual logró que una jueza le diera la prisión domiciliaria, de donde se voló.
Este cambio de paradigma, ser un país de acopio, traerá consigo modificaciones dramáticas en el estado del narco local. Primero, un aumento de las requisas. Los volúmenes de droga que llegan a Uruguay ya están aumentando. La investigación de la Fiscalía paraguaya denominada A Ultranza PY, que fue sin éxito tras los pasos de Marset, detectó que en poco tiempo el capo narco había ordenado más de mil viajes en avioneta hacia el Paraguay. Junto con la hidrovía, Paraguay es el principal corredor de droga hacia los puertos del Plata para su posterior envío a Europa. Una avioneta puede cargar unos 450 kilos de cocaína, cuyo kilo cotiza a US$ 8.000 en Uruguay y US$ 35.000 en Europa; o sea que el contenido de una avioneta colocado en Europa deja al narco unos US$ 15 millones y medio.
Las requisas de cocaína en Uruguay evolucionaron así: 756 kilos en 2018, 12.000 kilos en 2019, 2.000 kilos en 2020, 3.000 kilos en 2021 y 5.000 kilos en 2022.
Para custodiar esos cargamentos acopiados en el país, las bandas locales necesitan mayor poder de fuego, que normalmente es proporcionado por los dueños del negocio. González Bica había sido procesado por tráfico de cocaína y también de armas. Esto significará un aumento en los niveles de violencia.
Por otra parte, algo que también fue admitido a media lengua por integrantes del gobierno, empezarán a aparecer laboratorios para procesar la pasta de cocaína. La necesidad de expertos en el procesamiento de la pasta base abrirá nuevos cupos de llegada de extranjeros vinculados al narco.
Con este nuevo paso en el negocio del narco, el país enfrentará varias amenazas que las autoridades buscan evitar desde hace décadas: la instalación de un grupo poderoso en Uruguay (a lo cual estamos contribuyendo con la violenta decadencia de las cárceles, caldo de cultivo para que crezcan las incipientes células del brasileño Primer Comando de la Capital) y que la violencia armada se traslade a enfrentamientos con la policía, algo que nunca ocurrió en el país.
Otra situación que se agrava en un país de acopio es la de la corrupción. La droga ya no pica y se va. Es probable que su presencia sea detectada con mayor facilidad, o sea, más potenciales objetivos para sobornar.
En suma, mayor presencia de grupos extranjeros, más volumen de drogas, laboratorios para procesar una parte y peligro de estallidos de violencia de mayor envergadura a los ya conocidos y, eventualmente, contra las fuerzas del orden.
En este contexto, los expertos en lavado de dinero advierten las debilidades que el país tiene en la materia y claman por una ley de financiación de los partidos políticos que, si bien no impedirá el vínculo entre el narco y la política, al menos será una señal de que se aspira a un sistema transparente.
Las falencias en este tema son tan graves que hasta la Embajada de Estados Unidos, dejando por un momento al margen la diplomacia, salió públicamente a advertir sobre este riesgo.
La realidad le ha venido dando la razón a los oficiales de la Policía que durante cinco gobiernos (desde la segunda presidencia de Julio Sanguinetti hasta la segunda de Tabaré Vázquez) advirtieron que los narcos se iban a organizar, que iban a demarcar su territorio, que la cárcel los vincularía con organizaciones internacionales, que el sicariato se iba a enquistar, que esta zona de tránsito potenciaría el consumo local y que el lavado de dinero se convertiría en una actividad extendida si no se perseguía con firmeza.
Luego, dijeron también que en las cárceles el PCC se haría fuerte, que armaría a guerra a las bandas locales y que la violencia alcanzaría niveles nunca vistos en Uruguay.
Los que antes calificaban de alarmistas a aquellos oficiales que actuaron durante dos gobiernos colorados y tres administraciones frenteamplistas —una generación de policías que fue borrada de un plumazo por la política de la ignorancia— ahora callan. Seguramente, en su fuero íntimo se están dando cuenta de que negar la realidad no era ni es el camino y que el paradigma prohibicionista sumado a errores de gestión, nos va a seguir desangrando, vaya a saber uno por cuanto tiempo más.
