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Un lustro después de que la sucursal uruguaya de la constructora OAS se presentara a concurso, la Justicia aprobó una salida acordada por la empresa brasileña con la amplia mayoría de los acreedores.
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La decisión adoptada por la jueza de Concurso Susana Moll el viernes 31 de julio, acompañada por más del 90% de los acreedores, marca el camino para el cierre de un frente judicial abierto por la frustrada construcción de una planta regasificadora.
Aunque, para recuperar sus activos, los acreedores deben esperar a que el Estado cumpla con un fallo que lo obliga a transferir créditos por US$ 13 millones que tiene retenidos.
El Estado uruguayo, además, todavía enfrenta una demanda millonaria iniciada por presuntas deudas y daños presentada por OAS.
Salida
El proyecto para construir una regasificadora fue adjudicado en 2013 por Gas Sayago —empresa de derecho privado propiedad de UTE y Ancap— a GNLS, un consorcio integrado por GDF Suez y Marubeni.
La crisis que enfrentó OAS producto de las investigaciones por corrupción que sacudieron Brasil provocaron que la constructora se presentara a concurso de acreedores en 2015; primero lo hizo su casa matriz y poco después la sucursal en Uruguay.
La obra de la regasificadora, un negocio cuyos números no cerraban, fue rescindida por el gobierno de Tabaré Vázquez, quien resolvió ejecutar la garantía firmada con GNLS por US$ 100 millones.
El concurso de OAS representaba un pasivo de más de U$$ 150 millones, con acreedores internacionales y locales. “Se trató de un proceso concursal complejo por la cantidad de los acreedores alcanzados, la diversidad de los orígenes contractuales, el monto del pasivo, la complejidad en la determinación de algunos pasivos que dependían de un avance de obra y la particularidad de acreedores que se presentaron a verificar los créditos en la casa matriz y fueron comprendidos en el mismo también pretendían hacer valer sus créditos en Uruguay”, dijo a Búsqueda la abogada Adriana Pisano, del estudio OPH, contratado por la constructora.
El convenio aprobado por la jueza divide a los acreedores en dos categorías. En una se encuentran los que verificaron deudas en el concurso iniciado en Brasil por la casa matriz. En este grupo están, por ejemplo, bancos internacionales vinculados a las garantías otorgadas al proyecto. Los acreedores de esta categoría cobrarán algo de la sucursal uruguaya si OAS gana el juicio por casi US$ 30 millones que entabló a UTE y Ancap, cifra que incluye una indemnización de US$ 14 millones.
La segunda categoría incluye a los acreedores locales o extranjeros que fueron proveedores de servicios o maquinaria. En este caso, mediante el convenio OAS les cede el derecho de recibir unos US$ 13 millones que le debe Gas Sayago, además de bienes que se pondrán a la venta.
Para pagar a los acreedores del segundo grupo se constituirá un fideicomiso de administración cuyo fiduciario será la Liga de Defensa Comercial. Además de los US$ 13 millones que debe Gas Sayago, el fideicomiso estará integrado por lo que se pueda obtener en otros litigios y bienes que estaban en la obra. Entre los bienes muebles que cede OAS hay piedra granítica, tubos de acero, un guinche eléctrico y otros materiales de obra.
