ONU pide a Uruguay medidas para reducir la cantidad de niños pobres

¿Por qué en Uruguay los menores de 18 años se pueden casar? ¿Por qué sigue habiendo tantos niños en situación de pobreza cuando los indicadores económicos del país han mejorado? ¿Por qué los procesos de adopción son lentos? ¿A qué se debe que haya un alto número de niños institucionalizados en dependencias del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU)? ¿Qué se ha hecho para acelerar las investigaciones ante denuncias por violaciones a los derechos humanos en algunas dependencias del INAU?

Durante las audiencias, desde el Comité se planteó la situación de los niños bajo la línea de pobreza. Uruguay tiene 11,5% de pobres. Entre los niños menores de seis años, el 22% está bajo la línea de la pobreza. De quienes tienen entre seis y doce, el 21,2%, y de entre 13 y 17 años el 19,9%.

Sara Oviedo, integrante del Comité, dijo que los “niños pobres siguen siendo la mayoría en relación a los demás” tramos etarios, y advirtió que si eso no se modifica la sociedad seguirá “siendo excluyente” con ellos.

Cardona afirmó que “este es el momento” para adoptar medidas antes de que el crecimiento económico “se pare”. Afirmó que es “terrible” la “inequidad” que hay en la educación, donde se da una “discriminación” entre niños pobres y niños ricos. También dijo que en la aplicación de la justicia juvenil las medidas alternativas a la prisión “se las permiten a los ricos y no se las permiten a los pobres”.

“Esto no se combate con ayudas económicas directas o el crecimiento económico, se combate con políticas públicas para garantizar los recursos suficientes” para evitar las diferencias, afirmó Cardona.

Juan Pablo Martínez, representante del Ministerio de Trabajo, respondió que “es imprescindible aprovechar para afianzar los derechos de todas la personas, en particular los de los niños. Uruguay tuvo un crecimiento económico similar a la década de los 90 y el proceso fue el inverso: había cada vez menos trabajadores con derechos garantidos, menos niños y niñas en educación y menos niños y niñas atendidos en salud”.

Cardona planteó además, que hay discriminación a niños afrodescendientes o discapacitados. El integrante del Comité celebró que se hagan campañas de sensibilización, pero aseguró que eso “no es suficiente” y que se deben enfrentar las “causas” que las producen.

También afirmó que la relación entre los jóvenes y la policía es “violenta”, y que por “miedo” no se denuncian determinadas situaciones.

Los miembros de Naciones Unidas preguntaron por qué las medidas sustitutivas a la privación de libertad no son la primera opción para los adolescentes que cometen delitos, preguntaron si se investigan las situaciones de abuso y consultaron si continúa el hacinamiento en algunos hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa, dependiente del INAU).

Hay “mano dura y criminalización”, dijo Cardona, quien aseguró que no lo conforma que se creen más lugares para detener adolescentes. Además, dijo que recibieron denuncias en cuanto a que los menores de edad, estando recluidos en celdas, también están engrillados. “Eso no es necesario”, aseguró.

Los representantes del Estado uruguayo explicaron que aumentó el número de adolescentes presos debido a que se terminaron las fugas de los establecimientos. Además indicaron que las medidas alternativas a la prisión no son aplicadas por los jueces, pese a que en la ley se establece lo contrario.

Edad para casarse.

Oviedo mostró su preocupación porque haya muchos niños “institucionalizados en el INAU y no en familias. “No es justo tenerlos en instituciones”, afirmó.

Los integrantes del Comité mostraron sorpresa por que en Uruguay la edad mínima para el casamiento esté por debajo de los 18 años. El matrimonio a los 16 años, como establece la ley, “va contra los derechos del niño”. Hay una “sensación de que el adolescente no es considerado niño en Uruguay”, afirmó Cardona.

Daniela Payssé, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, explicó que existe un “compromiso” para llevar a 18 años la edad mínima para casarse. Comentó que cuando se aprobó la ley de “matrimonio igualitario” no se animaron a “avanzar tan abruptamente” en el cambio. “Pero el compromiso está dado”, aseguró Payssé.

En el primer día de audiencia también se consultó respecto a las adopciones. Para los integrantes del Comité, el proceso sigue siendo lento, pese a que los jueces “van más rápido”.

Asimismo, el Comité planteó su discrepancia con que ninguno de los cinco integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos esté especializado en temas de niñez y adolescencia. Daniela Payssé destacó el trabajo de la institución y señaló que todavía padece “dolores de crecimiento”.

El Comité también planteó su preocupación por los niños que trabajan, por los que viven en la calle y por las políticas de salud. El organismo solicitó al gobierno uruguayo que tenga buenos controles del suministro de metilfenidado y ritalina (para los déficit de atención e hiperactividad) a los niños.

También se preguntó por qué la ley que prohíbe el castigo físico a los niños (conocida como “ley del coscorrón”) no prevé sanciones. Payssé respondió que, por la difusión de la ley, ahora “hay una condena social” a quien castiga a un niño.

Al cierre de la sesión, el martes 20, Oviedo destacó el trabajo con el Estado uruguayo y reconoció que por momentos hubo planteos “fuertes” desde el Comité. A la vez destacó la apertura de la delegación al admitir que hay deberes por cumplir.

Oviedo planteó poner “más énfasis en la participación y consulta a los niños”, para que “sean sujetos de derechos”. También propuso mejorar el acogimiento familiar a niños sin hogar y adecuar la institucionalidad a los nuevos tiempos.