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En una conferencia de prensa encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou, el gobierno anunció la aprobación de la primera etapa de proyecto de universalización del saneamiento. El plan de obras tiene una inversión prevista de US$ 284 millones, con los que se proyecta construir 42 plantas de tratamiento de líquidos residuales, 110 pozos de bombeo y 844 kilómetros de redes de saneamiento.
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Los trabajos alcanzan a 61 localidades del interior. Lacalle Pou anunció para febrero de 2023 la licitación internacional para su adjudicación y calculó que se generarán unos 2.000 puestos de trabajo.
De acuerdo a la legislación, en la licitación contará con una ventaja de entre el 5% y el 20% el consorcio proponente de la iniciativa privada, que está integrado por Saceem, Ciemsa, Fast y Teyma. Tres de esas empresas (Saceem, Ciemsa y Fast) forman parte también del grupo que planteó la iniciativa privada del proyecto Neptuno.
“Es la inversión ambiental más importante de la historia del Uruguay”, dijo en la conferencia el ministro de Ambiente, Adrián Peña.
El director en representación del Frente Amplio en OSE, Edgardo Ortuño, votó en contra de la aprobación y en una carta detalló los motivos de su posición con objeciones “técnicas, ambientales, comerciales y económico-financieras”. Según su análisis, se trata de un contrato a 25 años que hará que la OSE, cuando termine el período, haya pagado unos US$ 1.080 millones, lo que estima que son unos US$ 300 millones más que lo que le costaría a la empresa hacer las obras por sí misma.
Argumenta, además, que las iniciativas privadas de saneamiento y el Neptuno sumadas totalizarán un “déficit de aproximadamente US$ 876 millones”, que dejará “desfinanciada” a OSE.
“Desde el punto de vista ambiental la propuesta presenta una serie de debilidades y se apoya en supuestos de reducción de exigencias del Ministerio de Ambiente”, agrega.