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    jueves 20 de junio de 2024

    OSE: estatismo, gestión y comunicación

    Nº 2226 - 25 al 31 de Mayo de 2023

    Gracias a que en Uruguay llueve unos 1.200 mm por año y tenemos buenos arroyos en una peniplanicie de tierras suavemente onduladas, la falta de agua nunca ha sido un problema. Los uruguayos hemos derrochado el líquido elemento por décadas, tanto en nuestros hogares como desde la propia OSE, que pierde 50% en la distribución por el mal estado de las cañerías, robos y otros menesteres. Como referencia, se estima que a escala internacional se puede perder entre 20% y 30% por fugas, aunque en Israel solo pierden menos del 5% y más del 85% del agua proviene de plantas desalinizadoras.

    Pero cuando el agua nos llega al cuello (mejor dicho, a los tobillos) nos volvemos todos locos y ahí nos damos cuenta de lo malos que somos planificando y priorizando. Desde hace más de 40 años hay varios informes y diagnósticos que nos vienen diciendo que más temprano que tarde había que hacer obras de envergadura para evitar problemas con el agua, sea para riego, para la industria o para consumo humano. Pero ningún gobierno lo hizo a fondo. Hicieron parches, pero no arreglaron los cimientos.

    Si a esto le agregamos los cantos agoreros del cambio climático, las ONG sensibles al tema, el premio Nobel de la Paz en 2007 a Al Gore (exvicepresidente de Bill Clinton) por su activismo y más recientemente la mediática joven sueca Greta Thunberg, uno no comprende cómo no se priorizó este tema. O no creen mucho en estas predicciones o somos muy lentos de reflejos.

    En una entrevista el domingo 21 en Santo y Seña, el presidente de OSE, Raúl Montero, dice que “hasta ahora se vienen invirtiendo 8 o 10 millones de dólares por año, desde hace decenas de años”, pero esto solo sirve para “sustituir el 1% de los 18.000 km de cañerías”, muchas de ellas que vienen de la época de la The Montevideo Waterworks Co., fundada en 1879 por los ingleses y estatizada en 1950.

    También manejó como alternativa de emergencia hacer un canal para traer agua de “un bolsón de agua dulce (que está ubicado) a unos 30 kilómetros del Santa Lucía”, pero que hacer tal canalización “cuesta un platal” (unos 30 millones de dólares, a razón de un millón por kilómetro). Estas inversiones (que suenan millonarias para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero) son ridículas si las comparamos con los despilfarros innecesarios en que incurre nuestro Estado, como ser los 36 millones de dólares que pierde El Correo cada año, los seis millones del Inumet (hoy sustituible por cualquier app gratuita), la División Portland de Ancap y otros múltiples derroches más.

    El problema de fondo es que el Estado es un pésimo administrador, salvo las siempre honradas excepciones. Ningún político, ningún director, ningún gerente y ningún empleado público se hace cargo —económicamente hablando— de sus malas decisiones, cosa que sí sucede en cualquier emprendimiento privado.

    Para peor, en Uruguay amamos al Estado ineficiente. Así, casi el 70% de los uruguayos votó en contra de la Ley de Empresas Públicas aprobada en el año 1991 por el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y en el 2004 se aprobó un plebiscito para estatizar todo el sistema de agua potable y saneamiento bajo el marketinero slogan de “Por el agua y por la vida”.

    En el primer caso, el Frente Amplio argumentaba que esa ley ponía “en peligro buena parte del patrimonio nacional que el liberalismo irresponsablemente se dispone a entregar”, y que tal reforma nos dejaría “un Estado inoperante” que pondría “en juego la soberanía misma del país”, lo que estaba dentro de una estrategia “funcional al modelo neoliberal y al modo de inserción del Uruguay en el sistema capitalista mundial orientado desde el exterior y enmarcado en la transnacionalización de la economía”. Pero cuando gobernaron durante 15 años, privatizaron energía eléctrica, cerraron Pluna, permitieron la venta de millones de hectáreas a extranjeros y firmaron con la multinacional UPM un contrato inédito.

    Por último y no menos importante, es lo mal que comunica este gobierno sus grandes proyectos. Lo hizo muy bien durante la pandemia, pero muy mal con la ley de educación, con la reforma jubilatoria y ahora con OSE.

    Tienen que tener un único vocero, no que hablen jerarcas sueltos desde OSE, Presidencia, Ministerio de Ambiente, Salud, Ursec y algún otro que se sume a la mesa. Y quien lo haga debe presentar un plan A, uno B y otro C, con datos, cifras y argumentos técnicos sólidos, no como hizo el presidente de OSE en Santo y Seña, cuando se lo vio dubitativo, cabeza gacha, usando términos vagos y hasta no fue adecuadamente vestido para tan seria ocasión.

    Se dice que de los éxitos se aprende poco y lo poco que se aprende puede ser malo: ego, autocomplacencia, sentimiento de superioridad. Pero si de los fracasos se aprende, no parece ser el caso de Uruguay. Estamos más abocados a pasarnos facturas que a sentarnos a pensar —juntos— el futuro con seriedad. Hay una Comisión Especial de Futuros creada en el Parlamento, que hasta ahora no ha mostrado mucho, pero puede ser un buen ámbito para canalizar este tema. Que no se demoren más.