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Oficialismo admite que le “falta mucho” por hacer en la atención de la vivienda y de la salud de niños que viven en la pobreza
Mediante un grupo de WhatsApp, integrado por representantes de varios organismos públicos, buscan solucionar las situaciones más urgentes, pero siempre corren “de atrás”, dice jerarca
40% de los hogares pobres no tienen calefón, y el 37% usa leña para calefaccionar su vivienda.
Los celulares de varios integrantes del gobierno se activaron el lunes con un pedido urgente. Una niña, paciente oncológica, estaba en una situación crítica debido a que la casa en la que vive, ubicada en un asentamiento, se estaba inundando como consecuencia de las intensas lluvias de la última semana. Rápidamente, la diputada Cristina Lustemberg, representantes del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de la Intendencia de Montevideo y del sindicato de la construcción se pusieron en contacto para buscar una solución.
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No fue un caso aislado. El grupo de WhatsApp que integran los organismos estatales funciona para atender situaciones de extrema emergencia, en especial cuando se trata de niños recién nacidos o que están bajo tratamiento por una enfermedad, y que tras salir del hospital deben volver a hogares que están en muy mal estado.
En su celular, Lustemberg tiene fotos de algunas de esas casas: tienen techo de chapa o nylon y paredes muy precarias. La legisladora ha reclamado con insistencia que se deben atender esas situaciones de emergencia, ya que plantea que de poco sirve la ayuda que se le brinde a un niño en un hospital si luego debe volver a vivir en la miseria.
La coordinadora general del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda, Cecilia Cairo, hizo referencia al grupo especial de trabajo para situaciones de urgencia durante la sesión de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados del 6 de junio. Mediante el grupo de WhatsApp están de forma permanente buscando soluciones a emergencias, dijo, pero “la gran dificultad” es que lo hacen “cuando el problema existe y no antes”.
Lustemberg dijo a Búsqueda que si bien en materia social se está “mejor que antes”, aún persisten “problemas”. Como ejemplo de eso señaló que en “el tema vivienda y salud mental falta mucho”.
“A veces llegamos de atrás y, obviamente, eso nos complica, porque la emergencia es ya y todo lleva un tiempo”, explicó.
Cairo fue a la comisión para hablar del proyecto sobre primera infancia redactado por Lustemberg, que busca dar “garantías para el desarrollo, atención, educación y protección integral de la primera infancia” (niños entre cero y seis años). Para lograr ese propósito, Lustemberg considera necesario ordenar el gasto en ese sector de la sociedad y plantea adoptar tiempos más estrictos para resolver situaciones de emergencia. Para eso, propone dar un papel más importante al Ministerio de Economía y Finanzas, y crear una unidad dentro de esa Secretaría de Estado que se encargue de la coordinación, evaluación y monitoreo de las políticas destinadas a la infancia y coordine con distintos sectores.
Uno de los aspectos clave a mejorar es la calidad de la vivienda de las familias de los niños que viven en asentamientos. Cairo comentó que el presupuesto del Ministerio de Vivienda es del 0,45% del PBI. “Como ustedes se imaginarán, ese presupuesto no es tan importante como parece, diría que es bastante menor a lo que precisamos”, afirmó.
La coordinadora explicó a los legisladores que las situaciones de más precariedad se dan en las periferias de “todos los departamentos” y en esos asentamientos es donde hay más población de niños de cero a cuatro años. “Estoy convencida de que si no tratamos de poner recursos más importantes, esto no se va a resolver en cinco años, porque cualquiera de las acciones relacionadas con generar infraestructura, mejores viviendas y todo lo que precisa una población en su integralidad, requiere de una intervención muy importante que implica muchísimo dinero”.
Cairo informó que el programa que coordina dispone de un presupuesto de US$ 100 millones para regular los asentamientos. Con ese dinero se resolvió la situación en 12 asentamientos, indicó, y explicó además que para cualquier realojo se necesitan unos US$ 5 millones.
“Los montos para resolver un importante problema de infraestructura y de degradación urbana implican demasiado dinero. Y si no pensamos esto como una política de Estado a largo plazo con la que vayamos resolviendo esta situación y controlando que no existan nuevas ocupaciones en ninguno de los departamentos del país para que dicha precarización no exista más, estaremos frente al problema de que siempre correremos de atrás”, afirmó la jerarca.
Según la organización no gubernamental Techo Uruguay, en el país hay 656 asentamientos, con 60.191 viviendas.
El gobierno, en tanto, no publica datos oficiales desde 2011, cuando se registraron 589 asentamientos habitados por 165.271 personas. Sin embargo, en el oficialismo manejaban a mediados del año pasado que la cantidad de asentamientos había crecido 3,5%, llegando a 610 (Búsqueda N. 1984).
Problemas
Lustemberg dijo a Búsqueda que si bien en materia social se está “mejor que antes”, aún persisten “problemas”. Como ejemplo de eso señaló que en “el tema vivienda y salud mental falta mucho”.
La diputada, que lidera su propio sector PAR, se reunió esta semana con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista para informar sobre el avance del proyecto, que ha generado algunas dudas en el Mides y el INAU debido al papel más relevante que se le busca dar a Economía. “Faltan más mecanismos de evaluación y monitoreo”, dijo Lustemberg, y defendió que sea ese ministerio el que tenga un rol clave en la distribución de recursos.
La idea es que luego de las elecciones internas, en las primeras semanas de julio, la comisión comience a votar el articulado del proyecto.
