Oficialismo busca descomprimir el tema de los combustibles y apura reformas en Ancap
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Con la campaña ya lanzada de cara a un casi seguro referéndum que busca derogar parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el oficialismo se muestra resuelto a acelerar reformas en el sector de los combustibles, uno de los capítulos cuestionados por los promotores de esa consulta popular.
Algunos de los dirigentes de primera línea del gobierno de la coalición multicolor ya empezaron a tener apariciones públicas para defender la ley, mientras sus detractores —el PIT-CNT y el Frente Amplio— hacen su campaña. “El pueblo le dirá sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC”, arengó el miércoles 15, en el marco de un paro general parcial convocado por la central sindical, su secretario general, Marcelo Abdala.
Pero en el oficialismo están planteando no solo una defensa retórica de la reforma en torno a los combustibles.
El senador blanco Sergio Botana, en diálogo con miembros del Poder Ejecutivo, es uno de los que está al frente de la redacción de un proyecto de ley de “competencia en el mercado de los combustibles”, que busca consolidar cambios en esa área. El legislador declaró a Búsqueda que la iniciativa, en momentos en los que los combustibles son un tema instalado en la agenda política, apunta a la “necesidad de bajar rápidamente su costo con algunas cosas que se pueden hacer ahora”.
“Tenemos que sacarnos de encima de una vez por todas el tema del portland”, añadió, en alusión a la idea de tercerizar ese negocio que le da pérdidas a Ancap. También habló sobre “reformas necesarias” en la producción y en distintos subsidios. Mencionó, por otro lado, la apuesta a la “disminución del consumo de combustibles fósiles con energías limpias y renovables. Y apuntar a las flotas híbridas”. La reconversión de la matriz energética es una de las aristas del proyecto que es vista con buenos ojos desde el Poder Ejecutivo, dijeron las fuentes de Búsqueda.
En el gobierno asumen que el nuevo mecanismo de revisión mensual de las tarifas de los combustibles puesto en aplicación este año —que produjo tres aumentos y una leve baja este mes— mantiene en alerta a sectores de la población y la producción.
El miércoles 15, en rueda de prensa al visitar la Expo Prado, el presidente Luis Lacalle Pou reafirmó la intención de hacer cambios profundos en Ancap que redunden en una disminución en las tarifas.
“Creemos y estamos convencidos de que con las reformas que vamos a hacer en Ancap…, insisto, con las reformas que vamos a hacer en Ancap, en lo que hace al portland, a la cal y a otras cosas, vamos a hacer más eficiente” a la empresa, señaló con énfasis el mandatario. “La vamos a poder dejar mejor parada para el futuro, donde saben que la utilización de hidrocarburos está en franco descenso”, y “ahí tenemos que no solo mejorar Ancap, sino tener combustibles más baratos”, añadió en el diálogo que mantuvo con los periodistas.
Proyecto
El borrador en el que trabajan Botana y otros legisladores del oficialismo plantea abrir a la “libre competencia” el mercado de los combustibles y mantiene en Ancap la responsabilidad de la seguridad del suministro a escala nacional.
Según el texto, los importadores de nafta y gasoil, distribuidores y comercializadores finales (las estaciones) “asumirán responsabilidades compartidas” en cuanto a la seguridad del suministro “mediante el mantenimiento de inventarios operativos y de seguridad o el pago por dicho concepto a Ancap”. En ese sentido, prevé el cobro de una “tasa de mantenimiento de inventario” según el volumen de nafta y gasoil que acrediten disponer los importadores, y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) tendría el rol de fiscalización no solo del inventario, sino de la calidad de los productos. Para ello la Ursea, cuyo presupuesto se propone reforzar, crearía un registro de importadores (personas físicas y jurídicas de derecho privado y público) y estaría facultada a intervenir en el mercado en casos de “accidentes, conflictos, negligencia o conducta intencionada de agentes económicos”.
Además, en el borrador se proyecta reformar la Ley de Biocombustibles y establecer una “tasa de sustitución de etanol” a fin de que el ente se vaya adecuando a la competencia sin dejar de recibir ingresos y empujar la reconversión de Alcoholes del Uruguay (Alur).
En cuanto a los precios, el borrador plantea que el Poder Ejecutivo pueda fijar “máximos” según “informes no preceptivos de Ursea y Ancap”. Sin embargo, este punto genera dudas. Algunos creen que ello “colide con la ‘sana competencia’” y otros que es necesario establecer una “banda de precios durante 180 días”.
También se piensa en habilitar las estaciones de servicio de “bandera blanca” —sin un sello— y nuevas formas de expendio como el “autoservicio” y “móvil”, en principio para localidades que no tengan estaciones. Al mismo tiempo, se plantea prohibir que las distribuidoras sean dueñas de estaciones de servicio.
Por otra parte, se considera dar beneficios tributarios, por ejemplo, para las empresas del rubro que contraten personal de Ancap y de Alur, y para la promoción de inversiones.
karen@magnolio.uy
Pablo de María 1015
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