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Cada viernes de octubre y noviembre una subcomisión del Senado que analiza el proyecto de Presupuesto Nacional recibe a organizaciones sociales, sindicatos, institutos. Todos llegan a reclamar recursos para sus actividades. Por lo general no son grandes montos los que piden y los legisladores buscan resignar recursos para contemplar algunos pedidos.
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Pero en los últimos 15 días, estos grupos no fueron los únicos que pidieron dinero. El máximo órgano de la Justicia, la encargada de “cuidar el dinero de todos”, aquella que debe enfrentar posible actos de corrupción y la que organiza las elecciones; esas cuatro organizaciones públicas independientes del poder político pasaron por el Senado para solicitar el dinero que les permita funcionar en los próximos años.
En algunos casos los jerarcas plantearon su desazón y señalaron que, más que quejarse, deberían “llorar”, porque ni el Poder Ejecutivo ni la mayoría de la Cámara de Representantes previó recursos para ellos.
A diferencia de lo que pasó en Diputados, donde no hubo respuesta favorable, los senadores del oficialismo se dividieron en varios grupos para analizar los planteos y ver si pueden contemplar parte de los reclamos. “Vamos a trabajar para reasignar recursos”, explicó Constanza Moreira, integrante de la Comisión de Presupuesto. Los equipos de legisladores trabajarán hasta fin de mes. Está previsto que el proyecto comience a ser votado en el plenario del Senado del lunes 30 de noviembre hasta el jueves 3 de diciembre.
“Última oportunidad”.
“Esta es nuestra última oportunidad”, dijo Siegbert Rippe, presidente del Tribunal de Cuentas, durante su comparecencia en la comisión del Senado. La falta de recursos preocupa a los funcionarios y jerarcas del Tribunal, dijo Rippe, pero advirtió que también debería generar intranquilidad entre los legisladores, porque está comprometido “el presente y futuro de la institución”.
“Aquí está en juego no solo la suerte de un órgano constitucional, sino también el cumplimiento oportuno y adecuado de los cometidos” del Tribuna, agregó. Rippe afirmó que cuando fue a Diputados no planteó una queja o llanto, sino una “situación objetiva”. Ahora “me pregunto si efectivamente no debo llorar, si efectivamente no debo quejarme, porque este no es estrictamente un tema personal sino institucional”, dijo en comisión el jueves 12.
El ministro Álvaro Ezcurra dijo que la función del Tribunal de Cuentas es “cuidar el dinero de todos” y ser “un obstáculo notorio con respecto a la corrupción”. Recordó que en 1980, el Tribunal tenía 400 funcionarios y hoy continúa con la misma cantidad de trabajadores. Pero en ese período el Estado ha “progresado en la creación de entidades paraestatales, de fideicomisos”, añadió. “Es decir, hay instrumentos jurídicos que no teníamos en 1980 y que hoy existen”.
Aseguró que, como mínimo, el organismo necesita U$S 4 millones para poder funcionar.
El martes 10 fue el turno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En la comisión, el ministro Ricardo Pérez Manrique dijo que la corporación estaba preocupada porque la ausencia de nuevos recursos en el proyecto de Presupuesto significa que durante el quinquenio el organismo tendrá “muy serias dificultades para mantener el servicio”. “Mi gran preocupación es cómo pagaremos los gastos y cómo llegaremos al 31 de diciembre del 2016 con el servicio en funcionamiento”, agregó Pérez Manrique, quien el año próximo presidirá la SCJ. El actual titular del organismo, Jorge Chediak, adelantó que se creará “un comité de crisis”. En la Corte estiman que para funcionar “dignamente”, en 2016 necesitan unos U$S 4 millones.
El lunes 16 fueron a reclamar dinero al Senado los integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública —conocida como “Junta Anticorrupción”—. Aunque no se mostraron confiados en obtenerlo. “Hemos perdido toda esperanza, porque, a pesar de que se presentó nuestro presupuesto en tiempo y forma, el proyecto de ley de Presupuesto terminaba en el Inciso 33 y el Inciso 34 —que nos incluye— no figuraba para nada, aunque no sabemos por qué”, dijo el presidente de la Junta, José Pedro Montero.
Montero sostuvo que para “poder funcionar y cumplir los cometidos que las leyes” les asignan, se les hace “imprescindible contar con un personal más o menos acorde con la función”. El jerarca informó que el organismo necesitaría unos U$S 642.000 para cumplir con las funciones.
“Inadmisible”.
Los legisladores de la oposición reclamaron en cada caso llegar a un acuerdo para dar más recursos. “Lo que tenemos que hacer es ayudar, poner un poco de cabeza y ver cómo hacemos para que esos recursos lleguen”, dijo José Amorín (Partido Colorado) luego de escuchar a los integrantes del Tribunal de Cuentas.
Luis Alberto Heber (Partido Nacional) dijo que es “inadmisible” que no haya dinero para el Tribunal de Cuentas. “No puedo creer que no podamos conseguir el dinero que solicita el Tribunal de Cuentas para poder cumplir con su labor. Parecería que si no lo conseguimos es una suerte de castigo para el Tribunal de Cuentas por cumplir con su labor”, afirmó.
En tanto, Rafael Michelini (Frente Amplio) se refirió al enfrentamiento que mantienen el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por temas salariales. El conflicto comenzó cuando el Parlamento aprobó, en 2010, un aumento salarial para los ministros de Estado y desató incrementos inesperados en otras dependencias públicas. El Frente Amplio aprobó nuevas leyes para solucionar el tema y “desenganchar” de esos aumentos a los integrantes de la Justicia, pero fueron declaradas inconstitucionales. El último intento del oficialismo enfrenta también recursos de inconstitucionalidad todavía pendientes de resolución. El martes 17, durante un seminario realizado por el Colegio de Abogados, Michelini dijo al respecto: “Si la Corte dijera que es constitucional habríamos avanzado enormemente y seguramente la Rendición de Cuentas futura va a ser distinta. Si dice que es inconstitucional, nos tenemos que remangar y encontrar una salida”.
