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Un grupo de organizaciones no gubernamentales transmitieron a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) su preocupación por la forma en que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) comenzó a fiscalizar los convenios bilaterales.
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Según informó Juan Fumeiro, de Defensa de los Niños (DNI-Uruguay), son siete las organizaciones que tienen convenios con el Sirpa para aplicar medidas no privativas de libertad a adolescentes que han cometido delitos. “Desde hace tres o cuatro meses empezó como un hostigamiento; se empezaron a hacer intimaciones para regularizar algunas partes de contratos. Después empezaron a cuestionar algunos temas, supuestos incumplimientos de contratos, cuando en realidad no habían sido tales o habían sido incumplimientos del propio Sirpa”, explicó a Búsqueda. “Por ejemplo, en el convenio está previsto que no se puede tener más de dos mensualidades depositadas en una cuenta, y resulta que el contrato se firmó en diciembre del año pasado y el primer desembolso fue en abril de este año e hicieron el pago de tres mensualidades juntas. Y al mes siguiente nos piden explicaciones sobre por qué tenemos más de dos mensualidades juntas. Parece una tomadura de pelo”.
Fumeiro añadió que por primera vez en 25 años que tiene convenios con el Estado, pidieron el “certificado de buena conducta” a cada directivo de las organizaciones. En el Sirpa “están muy preocupados por la parte formal, pero sobre cómo se ejecutan las medidas no tienen lineamientos generales para hacer la evaluación”, sostuvo.
El último episodio poco habitual, según Fumeiro, fue el envío de telegramas colacionados en los que se informa que a fin de año se vencen los contratos. Esos convenios son anuales y caen al 31 de diciembre de 2014.
Fumeiro explicó que cada organización tiene equipos multidisciplinarios para atender a los adolescentes que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad. Dijo que el presupuesto mensual que paga el Sirpa a estas instituciones es para atender en promedio a 25 jóvenes, pero que en los últimos tiempos bajó la cantidad de adolescentes atendidos y la derivación se dio hacia dependencias del propio Sirpa. “Tenemos el contrasentido de que están pagando a organizaciones para un cupo de media de 25 y gestionan para siete u ocho y se derivan adolescentes al Promesec (Programa de Medidas Socioeducativas con Base Comunitaria), dependiente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Evidentemente hay una idea de sacar a la sociedad civil”, afirmó.
Fumeiro sostuvo que las organizaciones no quieren ser “mal pensadas” y creer que “todo esto se da” porque en su momento pidieron la renuncia del Directorio del Sirpa.
A fines de abril de este año, más de 30 organizaciones sociales y un número similar de personas solicitaron la renuncia de la Dirección del Sirpa debido a “graves violaciones” a los derechos humanos de los adolescentes infractores que están en las dependencias de esa institución.
“Las situaciones visibilizadas muestran nuevamente las graves violaciones a los derechos de los adolescentes que suceden en los centros de detención juvenil, y cuestionan conceptual y estructuralmente a la cárcel como lugar propicio para disminuir la criminalidad adolescente”, advirtieron mediante un comunicado.
Observaciones. ?
El presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, dijo que el organismo aún no hizo una evaluación del resultado de los acuerdos con las organizaciones. Explicó que recién a comienzos de este año, el área Convenios del Sirpa se hizo cargo totalmente de este tipo de contratos. “Montamos un área de supervisión y control para ver cómo se van ejecutando los convenios, que salen dinero, que es mucho”, afirmó.
Villaverde dijo a Búsqueda que se “detectaron problemas” y se hicieron “observaciones” a algunos convenios y que en función de eso se realizarán las evaluaciones.
Consultado al respecto, Luis Pedernera, de Ielsur, opinó que “está bien” que el Estado “controle” a las organizaciones, pero que es necesario “saber qué piensa el Sirpa para las medidas no privativas de libertad”.?
