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La última vez que visitó Uruguay, en setiembre del 2013, el relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas, el guatemalteco Frank La Rue, elogió el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que discute el Parlamento uruguayo pero recomendó que se otorgara mayor independencia al organismo responsable de fiscalizar su aplicación.
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El martes 8, La Rue visitó la Comisión de Industria del Senado, donde se está votando el texto, para conocer los avances. Considera que los cambios que se realizaron le dan independencia al regulador y, en entrevista con Búsqueda, cuestionó algunas de las críticas que se hacen al proyecto.
—¿Vio reflejadas sus recomendaciones en el proyecto?
—Sí, especialmente en el organismo regulador, que ahora tiene cinco miembros, uno nombrado por el Ejecutivo y cuatro electos por el Senado. Es lo que se buscaba, un órgano regulador democrático, independiente frente al poder político. Lo importante es que se les dé presupuesto y se les dé peso a sus decisiones.
—Algunos siguen cuestionando la necesidad de regular.
—Las reformas a servicios audiovisuales y a las telecomunicaciones ya se han hecho en buena parte del mundo, especialmente en Europa. Y países como Estados Unidos, muy liberales, son muy estrictos. Cuando uno habla de un medio de comunicación social, uno habla del derecho del comunicador y también del derecho de la sociedad a estar informada. La idea es que sea un debate abierto y plural. Eso implica regulación, no es cierto que no hay que regular nada. No es necesariamente una censura; puede serlo si es una mala regulación, pero puede ser también la forma de garantizar el ejercicio equitativo de un derecho.
—¿Las críticas defienden intereses del mercado?
—Ah, por supuesto. Esas mismas críticas las veo en todas partes.
—¿Cuáles son las principales críticas que escuchó en su visita?
—Una es la genérica, de que es injerencia indebida del Estado. Y la respuesta es no. El segundo tema es el de la regulación para la protección de la niñez, y ahí sí no entiendo la argumentación, porque ¿quién puede estar en contra de la protección a la niñez? El horario infantil es algo reconocido en el mundo entero, de 6 a 22.
—El argumento es que son los padres, y no el Estado, quienes deben tutelar a los niños.
—Es como que dijeran que no es el Estado el que debe dar educación, sino que los padres deben educar a los hijos. La educación recae en el Estado, que lo constituimos todos para buscar el bien común. Una de las funciones que le damos es la protección de los derechos humanos, y dentro de eso está la protección de la niñez, desde las normas de tránsito hasta las regulaciones de televisión.
—Se ha mencionado que los países escandinavos directamente prohíben la publicidad dirigida a niños. ¿Cómo es eso?
—Los países escandinavos tienen unos niveles de protección a la niñez altísimos. Ellos sostienen que publicidad para la niñez es como una forma de engaño porque es hacer que los niños se vuelvan intermediarios entre el producto y los que tienen el poder económico de consumir, entonces los están forzando a que vayan a pedirles a los padres. Se han hecho análisis y se descubrió que se usaron el año pasado 13.000 millones de dólares para ubicar a los niños como entes que agoten la paciencia de los adultos para que los lleven a comprar un producto. Eso es manipulación psicológica. No veo por qué no regularlo.