Para evitar baja de la imputabilidad el oficialismo debe convencer a frentistas de que menores no son los “culpables” de la violencia

En octubre de 2014, junto con las elecciones nacionales los votantes deberán resolver si aprueban incluir un agregado al artículo 43 de la Constitución para que las personas mayores de 16 años y menores de 18 sean “penalmente responsables y serán castigados” por la comisión “intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación”. También estará en discusión una disposición transitoria y especial “B”, por la que el Estado “asegurará la existencia de un Servicio Descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los delincuentes menores de dieciocho años, debiendo dotar al mismo de los recursos necesarios para su funcionamiento”. En la actualidad funciona el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) que opera como una comisión del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Acciones.

El viernes 8, la Mesa Política del Frente Amplio recibió un informe del grupo que trabaja en una estrategia hacia el plebiscito. El documento fue presentado por el diputado socialista Julio Bango.

Una de las primeras preguntas que planteó Bango a los dirigentes es si se puede ganar el plebiscito o es una batalla “perdida de antemano”.

En el informe, el grupo presentó tres encuestas realizadas por la consultora Cifra sobre el tema. En junio 2011, un 65% apoyaba bajar la edad de imputabilidad. Ese número bajó al 54% en mayo de 2012, pero en noviembre del mismo año creció nuevamente para alcanzar el 64%.

Según afirma el documento, la “oscilación” en el respaldo a la medida se da por “cambios de opinión en los votantes frenteamplistas”.

Los integrantes del grupo de trabajo especial entienden que las encuestas reafirman que la cuestión de la seguridad “atraviesa transversalmente a los ciudadanos de todos los partidos” y que ha “hecho carne” en la sociedad que son los adolescentes los “principales responsables de la violencia y la inseguridad”.

Por eso, se plantea que hay que tomar “acciones” orientadas a dar un “debate ideológico en la sociedad”, pero fundamentalmente dirigido a “informar y convencer” a los votantes del Frente Amplio. “Si somos capaces de lograrlo entonces tenemos posibilidades de que gane el ‘No’”, sostiene el informe.

Pero además de esto, se necesita que las políticas públicas generales, en especial la gestión del Sirpa y del plan “Estrategia por la Vida y la Convivencia” (una iniciativa gubernamental que busca mejorar la seguridad y la atención social en los barrios más pobres de Montevideo y Canelones), “sean exitosas”. Si bien tiene dificultades con la infraestructura, las autoridades del Sirpa destacan que han bajado la cantidad de fugas de los centros de reclusión y han logrado que decenas de jóvenes accedan a trabajos.

Por tanto, dicen los autores del documento, la estrategia pasa por una gestión exitosa y una “eficaz difusión” de la tarea realizada. Al mismo tiempo se debe impulsar una “movilización y debate político” en todo el país “priorizando” a los votantes frenteamplistas.

Para llevar adelante la movilización el primer paso es plantear un debate “político e ideológico con la derecha” a nivel de la opinión pública, explica el informe.

Hasta el momento, afirman los dirigentes del Frente Amplio, la “derecha ha sabido ocupar el centro del tablero político” y definió la “agenda imponiendo el tema de la seguridad”.

“Es hora que sea el Frente Amplio el que defina los tiempos del debate público en torno al plebiscito, y que tengamos la capacidad de imponer nuestra agenda a la sociedad”, agregan.

Para lograr eso, en 2013 se deberá preparar los informes que se darán a la militancia frenteamplista para dar definitivamente en 2014 el debate público. El plebiscito se puede ganar con una “amplia movilización por abajo” desde la sociedad, sostienen los integrantes del grupo de trabajo.

Se plantea además fortalecer el vínculo con las organizaciones sociales que están en contra de bajar la edad de imputabilidad y preparar una campaña de medios.