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La Intendencia de Montevideo (IMM) entiende que el servicio de transporte que ofrecerán los choferes de Uber es “ilegal” y, por lo tanto, serán “multados” una vez que empiecen a operar. La empresa prevé que los conductores salgan a la calle en las próximas semanas. Planea aplicar una tarifa “similar” a la que ofrecen los taxis y asegura que pagará los impuestos correspondientes y se adaptará a las leyes de Uruguay.
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Uber es una empresa internacional que ofrece a los particulares que tengan coche una plataforma tecnológica para móviles que les permite brindar servicios de transporte. La empresa está valorada en más de U$S 50.000 millones y funciona en 64 países y 346 ciudades.
La aplicación generó polémica en los lugares donde se instaló. En varios casos, como el de España, la tecnología fue prohibida.
El jueves 29 Uber anunció su llegada a Uruguay en su cuenta de Twitter. Hasta ayer miércoles, 3.000 personas se habían anotado para participar en las charlas de capacitación, lo que no significa que ese sea el número de personas que usarán la aplicación, aclaró a Búsqueda la directora de Comunicación de Uber en el Cono Sur, Soledad Lago Rodríguez.
La ejecutiva adelantó que la empresa abrirá una oficina en Uruguay y dijo que, aunque la tarifa todavía no está definida, será “competitiva” con la que ofrece el servicio de taxi local.
El pago se hace con tarjeta de crédito por medio de la aplicación. El chofer recibe el 75% y la empresa el 25% restante. Quienes usen la tecnología no tendrán una relación contractual con la empresa.
Una vez que conoció la noticia, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, salió al cruce de la empresa en varios medios de prensa. “Uber es la ley de la selva. ¿Queremos estar en el África donde no hay reglas de juego?”, cuestionó el martes 3 en radio El Espectador.
Para la IMM, que existan personas que presten servicios de transporte sin tener la autorización correspondiente es, simplemente, “ilegal”, aseguró en diálogo con Búsqueda la directora de Movilidad, Beatriz Tabacco.
La jerarca basa esa postura en el artículo 1 del decreto Nº 25.858, que “prohíbe efectuar transporte de pasajeros mediante pago de retribución en vehículos no autorizados por la división Tránsito y Transporte”. El decreto prevé la retención de las matrículas mientras no se paguen las multas previstas.
Uber argumenta que es una empresa de software y no de transporte. Sin embargo, quienes brinden el servicio estarán “incumpliendo” esa norma y serán “plausibles de las sanciones”, destacó Tabacco. Criticó el hecho de que los representantes de la empresa de software no hayan solicitado una reunión con las autoridades de la IMM, que son los encargados de fiscalizar y regular el transporte en el departamento. Que haya choferes que brinden un servicio de transporte sin pasar por los controles de la IMM supone una situación “peligrosa”, opinó la jerarca.
Para ser taximetrista es necesaria una libreta profesional, lo que brinda garantías a los usuarios, mientras que a los choferes de Uber se les exige solamente una libreta amateur, para lo que no se requiere, por ejemplo, certificado de buena conducta, señaló Tabacco.
El director de Tránsito de la IMM, Pablo Ferrer, añadió que los choferes que usen Uber enfrentarán una situación “delicada” desde el punto de vista de las pólizas de seguros porque, según él, al tratarse de un negocio “ilegal”, si llegan a tener un accidente no estarán cubiertos ni el conductor ni el cliente.
De todas maneras, Tabacco dijo que no pueden evitar la instalación de Uber en Uruguay porque, por ahora, no ha cometido ninguna “infracción”.
El intendente Daniel Martínez, en tanto, se manifestó en contra de la aplicación, al menos de la manera en que se instaló la empresa. “No puede haber un sistema de transporte que esté por fuera de la regulación de la Intendencia”, dijo el jerarca a “Telemundo” de canal 12 el martes 3.
En sintonía con esa opinión, un comunicado de prensa difundido ayer miércoles por la Intendencia de Canelones planteó su “preocupación” por la llegada de Uber y advirtió que multará y retirará la matrícula a las personas que usen la plataforma tecnológica para brindar servicio de transporte.
“Escenario de equidad”.
En lo que pareció ser un anticipo a la llegada de Uber, el gobierno nacional incluyó el artículo 708 en el proyecto de Ley de Presupuesto, que fue aprobado en Diputados y está siendo estudiado por la Cámara de Senadores. El texto establece: “Todas las entidades, residentes o no, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, serán solidariamente responsables por los tributos y las sanciones pecuniarias aplicables a estas últimas”. Y agrega que eso incluye a “todas aquellas actividades, realizadas a título gratuito u oneroso, a través de cualquier medio, incluida la utilización de aplicaciones informáticas” que “tengan por objeto la mediación o intermediación en la prestación de los servicios” o que “suministren a los prestadores o a los usuarios datos de los servicios aludidos, a efectos de que una o ambas partes dispongan de información necesaria para acordar la prestación”.
“Más allá de que luego otras instituciones públicas deban tomar decisiones sobre cómo regulan y si admiten o no servicios” como el de Uber, el gobierno nacional debe generar un “escenario de equidad y que todos tributen los mismos impuestos”, afirmó ayer miércoles 4 en “El País TV” el ministro interino de Economía, Pablo Ferreri.
Lago aseguró que la empresa pagará “todos los impuestos” que sean necesarios y que se “adaptará” a las leyes locales.