Por un lado el gobierno quiere asumir el control del mercado de la marihuana para que los consumidores de esa droga dejen de acudir al circuito ilegal y puedan ser objeto de políticas sanitarias.
Por otro se propone regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas estableciendo limitaciones más estrictas que las que rigen en la actualidad, entre ellas la prohibición de beber en la vía pública y un aumento de la carga impositiva a esos productos.
“Cuando nos enfrentamos a los mercados de drogas tenemos que salir del falso dilema entre prohibición y legalización”, dijo el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, el 2 de agosto en el Parlamento. “De lo que se trata es de regular estos mercados, ya que si no hay una intervención clara por parte del Estado, quedan librados exclusivamente al poder de las corporaciones industriales o criminales. En el caso de las drogas legales quedan librados al poder de las corporaciones industriales, y en el de las ilegales, al poder de los grupos criminales”.
Marihuana.
El proyecto de ley de 11 páginas enviado ayer miércoles al Parlamento, con una larga exposición de motivos y un solo artículo, propone que el Estado asuma “el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados”, así como “toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante o posterior” para ello.
También puntualiza que esas actividades “deberán ser realizadas exclusivamente en el marco de una política de reducción de daños que, asimismo, alerte a la población acerca de las consecuencias y efectos perjudiciales del consumo de marihuana, así como a los únicos efectos de una minimización de riesgos y daños de la población potencialmente consumidora”.
Los detalles de la implementación quedan librados a la reglamentación que se establezca por decreto presidencial.
El proyecto cita un informe de la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por varios ex presidentes y autoridades de diversos países del mundo, que afirma que “la guerra mundial a las drogas ha fracasado” y que “a pesar de la creciente evidencia en cuanto a que las actuales políticas no están alcanzando sus objetivos, la mayoría de los organismos políticos a nivel nacional e internacional han tendido a evitar un examen o debate abierto en cuanto a alternativas”.
Para esa comisión, que se expidió en junio del 2011, “este es el tiempo correcto para una revisión seria, exhaustiva y de gran alcance de las estrategias para responder al fenómeno de las drogas”.
“El punto de partida para esta revisión es el reconocimiento que el problema mundial de las drogas es un conjunto de desafíos sanitarios y sociales interrelacionados a ser administrados, antes que una guerra a ser ganada”, agregó, según aparece en el proyecto de ley.
El texto consigna que, según las estimaciones de Naciones Unidas, “el consumo anual de opiáceos entre 1998 y 2008 aumentó 34,5% (de 12,9 a 17,35 millones de consumidores); 27% el de cocaína (de 13,4 a 17 millones) y 8,5% el de cannabis (de 147,4 a 160 millones)”.
El proyecto redactado por el gobierno sostiene que se está “ante el fracaso estrepitoso de una estrategia internacional (...) diseñada hace relativamente poco tiempo exclusivamente contra drogas declaradas ilegales que ni son todas ni son las que más daño producen”.
Muestra de ello, dice, es que “el consumo se ha expandido y con él sus pésimas consecuencias”.
“Las incautaciones logradas mediante tanto despliegue y tanto gasto son irrisorias en todo el mundo al compararlas con el tamaño de los diversos mercados” y “la humanidad ha despilfarrado colosales sumas de dinero y otros recursos de vasta gama, incluidos los humanos y los de la ciencia, en el camino equivocado de una guerra equivocada”, agrega.
Las naciones han “pagado el error con durísimas consecuencias sociales”, sostiene, como “la inundación de las cárceles” y “el desborde de los sistemas judiciales”.
Además, “al ponerse la puntería sobre la oferta se ha casi abandonado la acción sobre la demanda” y “poquísimos recursos han sido destinados a combatir el consumo”.
El narcotráfico “ha dado origen, como previenen los manuales elementales de economía, a una suculenta ‘reserva de mercado’, monopolio de hecho y derecho para las actividades criminales”. Se trata de “un mercado obligado a pagar por las drogas precios siderales dejando en manos de cada vez más poderosas mafias, la rentabilidad y la acumulación, sin impuesto alguno, que dichos precios generan”, dice.
“Cada eslabón de esa larga ‘cadena productiva’ disfruta de tales beneficios que, acumulados, hacen prácticamente imposible e ilusorio pretender derrotar a los traficantes con los siempre escasos recursos de los Estados”, añade.
La “concentración de poder” genera “corrupción en cualquier nivel y actividad de la sociedad” hasta “lograr imponer presidentes en campañas electorales”, dice el texto.
“En muchos lugares y momentos, el Estado queda sustituido o anulado; la sociedad desestabilizada y a merced de bandas criminales, y la democracia destruida. (...) En suma: el ‘remedio’ ha resultado ser mucho peor que la ‘enfermedad’”.
Estrategia uruguaya.
De acuerdo al proyecto, Uruguay definió una estrategia para el período 2011-2015 sobre “la perspectiva de que la temática de las drogas es un problema social complejo, multidimensional y multicausal, fuertemente anclado en los factores políticos y culturales de la sociedad”.
El documento recuerda que “el gobierno anterior definió una drástica política aceptada por la población y continuada por este gobierno” de combate al tabaco, que no cesará.
“El Poder Ejecutivo seguirá trabajando con todos los medios posibles a su alcance para disminuir y de ser posible erradicar el consumo de drogas legales e ilegales como lo hacemos y haremos en el combate contra toda práctica perjudicial para la salud”, asegura.
No obstante, la estrategia nacional “no comparte los enfoques prohibicionistas y las concepciones de ‘guerra a las drogas’ extendidas a nivel internacional”, dice el proyecto.
En cambio “Uruguay ha defendido la necesidad de impulsar a nivel de los organismos regionales, hemisféricos y mundiales un amplio debate político sobre el paradigma hegemónico en materia de políticas de drogas” que “debe poner en cuestión las modalidades de control y fiscalización” establecidas por “instrumentos jurídicos internacionales: la Convención Única de Estupefacientes de 1961, y la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas de 1988”.
A nivel nacional la Comisión de Adicciones de la Cámara de Representantes emitió algunas recomendaciones que “apuntan integralmente a la necesidad imperiosa de garantizar las condiciones de acceso a la marihuana, de forma de reducir los riesgos toxicológicos, psicológicos, sociales y legales producidos por la ilegalidad del acceso a esta sustancia”, agrega el texto.
“En nuestro país, la marihuana es desde hace muchos años la sustancia ilegal más consumida, teniendo un importante nivel de legitimidad en la sociedad uruguaya. Esta sustancia, cuya capacidad para generar dependencia física y psicológica es de leve a moderada, se diferencia claramente en sus riesgos de otro conjunto de drogas cuyo potencial toxicológico y adictivo es mucho mayor”, como “la pasta base de cocaína, al alcohol, al tabaco y los psicofármacos”, afirma.
“Si bien la gran mayoría de los usuarios de marihuana en Uruguay tienen un vínculo ocasional con la sustancia que no reviste mayores problemas para su salud física, es importante resaltar que se exponen frecuentemente a los riesgos psicológicos, sociales y legales producto de la necesidad de tener que acceder ilegalmente a esta droga”.
“Es fundamentalmente la unificación de los mercados ilegales la que los expone innecesariamente al posible consumo de otras drogas toxicológicamente más riesgosas, así como a situaciones de violencia asociadas a las actividades delictivas propias del mercado ilegal. Estos riesgos deben ser minimizados como vía alternativa para promover el cuidado de los usuarios y mantener niveles de convivencia ciudadana armónicos”.
La síntesis que realizaron los redactores del proyecto es que “las políticas actuales” en Uruguay “han mostrado ser ineficaces para reducir los daños sanitarios individuales y sociales asociados al consumo de marihuana, generando una importante criminalización y exclusión de los usuarios a través de la aplicación selectiva de la ley y alejando a los problemáticos del acceso real a la red de atención especializada”.
El proyecto de ley enumera cinco objetivos: lograr “la separación del mercado de la marihuana del mercado de las otras drogas”; “la normalización e inclusión social plena del uso de marihuana, de forma que los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos, y con la sociedad toda, a partir de programas y campañas educativas”; “la profundización (mediante los gravámenes que conllevará la comercialización legal de cannabis, entre otros aspectos) del desarrollo y diversificación del sistema nacional de atención a las personas con problemas de drogas” y “desarrollar un combate frontal al narcotráfico”.
Alcohol.
Mientras el gobierno espera el debate legislativo del texto sobre la marihuana, la Junta Nacional de Drogas (JND) prepara un proyecto para regular la venta y el consumo del alcohol, que es considerado por esa oficina como “el principal problema” en materia de adicciones por parte de los uruguayos.
La tarea está a cargo de un equipo integrado por técnicos de distintas vertientes. Si bien las fuentes señalaron que aún no se han acordado todos los detalles del proyecto, existen algunos grandes lineamientos.
Entre otras cuestiones, está previsto aumentar la carga impositiva que hoy tributan las bebidas alcohólicas y limitar el patrocinio que esas marcas realizan de eventos deportivos o artísticos. “Estamos discutiendo quién se hace cargo de los daños que el alcohol genera y los escenarios para el tratamiento de los costos sanitarios”, comentó una fuente vinculada al tema.
También está previsto prohibir el consumo de alcohol en la vía pública, limitar el horario en el que pueden venderse ese tipo de bebidas y delimitar y restringir el espacio que ocupa el sector de bebidas alcohólicas dentro de las grandes superficies, como los supermercados.
La comisión que está trabajando en el tema, tiene previsto culminar esta fase el 23 de agosto.
Calzada sostuvo el 2 de agosto en la Comisión Especial de Drogas y Adicciones del Parlamento, que se trata de “una política central y de largo aliento” para “generar un cambio cultural en el país con respecto a los usos problemáticos del alcohol”.
Allí Calzada reconoció que hay “un gran problema de control” del consumo de alcohol porque “los dispositivos de control son diversos, muchas veces se superponen y no actúan por desuso”.
El prosecretario de la Presidencia y titular de la JND, Diego Cánepa, afirmó que el problema “es el consumo abusivo del alcohol y no el alcohol en sí” y “por eso la estrategia nacional (es) contra el consumo abusivo de alcohol, no contra el alcoholismo, para el cual ya existen políticas públicas sanitarias”.
“Todos sabemos que un cigarro no mata, pero uno solo ya genera un daño en la salud. Sin embargo, (...) una copa de vino, de cerveza o de whisky, no genera un daño al ser humano”, ilustró.
Cánepa recordó que el Estado tuvo el monopolio del alcohol y que hoy participa en ese mercado por medio de una empresa privada estatal y que además hay “una industria muy importante en Uruguay, como es la del vino”, que ha tenido un “apoyo importante” del Estado.
“Entonces, no hay contradicción entre tener una industria nacional de vino y una lucha contra el consumo abusivo de alcohol. El problema no es el vino, sino las conductas asociadas al uso indebido del alcohol en sus distintas manifestaciones. Nosotros no vamos a prohibir, no tenemos una visión puritana de prohibir el consumo de alcohol”, afirmó.
El prosecretario evaluó que “hay un enorme problema vinculado al consumo abusivo de alcohol y al cambio en los patrones de conducta que provoca el alcohol como una de las drogas legales culturalmente aceptadas”, lo que “tiene vinculación, por supuesto, con las políticas de seguridad vial y de violencia doméstica”.
Para ilustrar el problema Cánepa reveló que “hay más de 15.000 situaciones que el Banco de Previsión Social atiende en seguros laborales vinculados al excesivo consumo de alcohol por parte de trabajadores en momentos en que realizan su tarea”.
El jerarca sostuvo que “el principal problema que hoy tiene Uruguay es el alcohol”, porque “su consumo abusivo es el que mayores estragos genera en la sociedad, y esto está demostrado científicamente”.
“Este es el principal problema de drogas que tiene el país, con 30.000 adictos al alcohol, es decir, 30.000 personas que en el futuro tendrán problemas que repercutirán fuertemente en el sistema sanitario —afirmó—. Hasta el presente no se ha podido dar solución, y eso es responsabilidad de todos”
