N° 1892 - 10 al 16 de Noviembre de 2016
El pasado sábado 5 fueron sepultados en Santa Lucía los restos de Hernán Fioritto, uno de los tres parciales de Peñarol heridos de bala por un grupo de hinchas de Nacional el 28 de setiembre durante los festejos del aniversario del club carbonero en la plaza principal de dicha ciudad canaria. Otros dos simpatizantes de Peñarol resultaron también heridos y esta semana se informó que el estado de uno de ellos se había agravado.
La investigación policial y la posterior actuación de la Justicia reveló el grado de demencia de los agresores: debieron trasladarse en varios coches desde la sede de Nacional hasta la plaza principal de Santa Lucía para arrebatar a los celebrantes banderas de su club y “vengar” así acciones de igual naturaleza perpetradas por fanáticos aurinegros.
Un intercambio de “gracias” que son parte de una “guerra” de ofensas y agresiones que intercambian desde hace años “barras de aliento” de clubes deportivos. Prácticas que, en el caso de los “clásicos rivales”, rigen también en las divisiones inferiores. No solo ocurren en el fútbol, pero en el fútbol tienen mayor repercusión y gravedad.
La cosa viene de lejos. En 1994 un hincha de Nacional fue degollado por parciales de Peñarol en una riña a las puertas del Estadio Centenario poco antes de un clásico. Aunque no tan frecuentes ni con tanta violencia, ya mucho antes se producían riñas y agresiones originadas en pasiones exacerbadas.
En este, como en tantos otros temas, la sociedad uruguaya perdió los puntos de referencia hace mucho tiempo y aceptó con resignación comportamientos que merecían reprobación y castigo de parte de las autoridades del fútbol y de los clubes. Lejos de reaccionar ante cánticos ofensivos e insultantes contra árbitros y rivales, ante el evidente consumo y tráfico de estupefacientes en las tribunas, la falta de respeto y el enfrentamiento a la autoridad pública cuando esta fue llamada a actuar, quienes debieron proceder fueron ganados por una permisividad que es bastante común en el país. Y no escapa a nadie que cada día que pasa el problema se agrava y su solución resulta más compleja y difícil.
Que los agresores —homicidas finalmente— hayan salido de la sede de Nacional, que su dirigencia y la de otras instituciones no tengan control —o no quieran tenerlo— sobre las “barras de aliento” de sus clubes, integradas por grupos de patoteros a quienes no solo, ni siempre, mueve su pasión deportiva, es un tema que debe ser encarado con energía. Entre otras razones, porque sobre esas barras gravitan intereses ilícitos o que lindan en la frontera de la ilicitud.
Estas actitudes y comportamientos, esta enfermedad mental que exhibe sectores de la sociedad, debe ser resistida y combatida en todos los ámbitos ciudadanos. Cuesta entender que haya quienes en base a una enfermiza “pasión deportiva” se organicen y planifiquen una acción de tal insania, para la cual se organizaron, se armaron —y, conscientes de los riesgos que tenía la operación, algunos consumieron drogas para superar inhibiciones y temores— y viajaron 60 kilómetros dispuestos a todo. A matar, inclusive.
Lo que expone la profundidad de este drama nacional, es la constatación del magistrado actuante que destacó (“El País”, 5/11/2016) que, excepto los acusados, el resto de los integrantes del grupo agresor es integrado por “padres de familia, comerciantes, trabajadores, estudiantes que no tienen el perfil de barra brava”. Son gente que, al menos en apariencia, lleva una vida normal.
Por los enormes recursos económicos que están en juego, las competencias deportivas se han convertido en todo el mundo en un gran negocio que ejerce una inmensa presión sobre quienes están directamente involucrados: dirigentes, técnicos, jugadores, representantes de jugadores. Presión que se traslada a los aficionados y que termina convirtiendo el juego en una guerra en la que cada rival pasa a ser considerado un enemigo y la pérdida de un partido o de un campeonato motiva un duelo. Para el fanático, la derrota equivale a un golpe en su honor que debe ser vengado. Un “razonamiento” estimulado o producto de informaciones y comentarios difundidos a través de los medios, que incentivan las pasiones.
En este cuadro de pasiones y presiones, y con estos intereses en juego, la violencia en el deporte está incorporada a la vida diaria y ya nada sorprende.
Es un hecho más al que todos nos hemos ido acostumbrando. Como nos hemos acostumbrado a discursos políticos que fundamentan tanta tontería, tanta irresponsabilidad y tanta ofensa disparada desde enfermizas pasiones que se vuelcan en las redes sociales. Por lo general escudadas en seudónimos que ocultan identidades.
Las actitudes y los comportamientos de la gente común, de muchos militantes y dirigentes políticos, son ambientados por discursos y relatos que manipulan la realidad y que pocos contrastan con la realidad, con los hechos puros y duros.
Solo en una sociedad enferma por la intolerancia y el desprecio político pueden explicarse las ofensas que dos jerarcas de la Intendencia de Salto formularon en sus cuentas en Facebook apenas conocida la muerte del ex presidente Jorge Batlle. Coordinadores de Desarrollo Social y Cultura del gobierno departamental salteño, Lorena Molina y Regino López, volcaron todo su rencor hacia el difunto político colorado. Molina calificó al ex presidente de “inepto intelectual” y de “incapaz”. Para López, Batlle fue “una lacra, una porquería que menos mal que se murió”, a lo que siguió que “lo peor era que aún no se había muerto el ex presidente Julio María Sanguinetti”. Sin comentario, y no hay arrepentimiento que valga.
Sí, es cierto, son expresiones aisladas. Pero reflejan a qué nivel llega el maniqueísmo, la manipulación, la diaria desacreditación política y moral mediante la atribución de los peores propósitos a todo adversario político. Manipulación, desacreditación, rencores originados en manifestaciones generadas desde alturas partidarias. Razón por la cual resultan aceptadas, creíbles. Sobre todo por quienes razonan hemipléjicamente. Personas que, como en el ejemplo citado, son capaces de exponer impúdicamente sus odios y fanatismos. La culpa, se sabe, no es del chancho, sino de quien le da de comer.
Se trata de una expresión de intolerancia que daña profundamente la convivencia de una comunidad que pretende vivir en democracia. Y lo hace al punto de bloquear las posibilidades de negociar, de acordar, de establecer políticas de Estado. Hay en ello mucha responsabilidad en las direcciones políticas que exacerban las pasiones. Y hay, por tanto, mucha tarea pendiente para recomponer la trama social que sustenta la vida en democracia.
En estos días, por ejemplo, en una Francia aterrada por la sucesión de ataques del terrorismo islámico, el gobierno socialista acaba de cerrar una brecha abierta al disponer la clausura de dos mezquitas, cuyos imanes difundían en sus discursos una ideología radical. No es una medida liberal, pero tiende a preservar la convivencia democrática en una sociedad que ha acogido con generosidad la diversidad religiosa de las múltiples migraciones recibidas.
