La magistrada recibió el lunes 16 de tarde —del fiscal penal Gustavo Zubía—el pedido de procesamiento del ex guerrillero Jorge Zabalza, de la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites y de otros militantes, por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ocurrida el 15 de febrero.
Ese día, el Palacio Piria fue ocupado por un grupo de unos 300 manifestantes que impidieron durante tres horas el juramento de la jueza Mariana Mota y de otros 15 magistrados. Mota había sido trasladada hacía pocos días por la Corte de la materia penal, en la que concentraba gran cantidad de causas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, a la órbita civil.
Los imputados por Zubía no dudan en calificar el pedido fiscal como una “acción política” que —afirman— está sustentada desde el propio Poder Ejecutivo que los persigue.
Zabalza dijo a Búsqueda que el fiscal penal Gustavo Zubía pidió su procesamiento y el de seis personas más porque se siente “respaldado por los guerrilleros que están en el gobierno”, en referencia a los ex dirigentes tupamaros que ocupan lugares de relevancia en la administración del presidente José Mujica.
“Es una paradoja” que se pida el procesamiento de un “rehén” de la dictadura como él en un gobierno encabezado por otro “rehén” del régimen militar como Mujica, evaluó Zabalza.
“Es una paradoja porque el fiscal Zubía depende del Poder Ejecutivo, depende del ministro (Ricardo) Ehrlich, quien también era tupamaro”, comentó.
“El fiscal Zubía da por descontado que el gobierno de ex guerrilleros lo va a respaldar en esa actitud de ensañamiento contra quienes seguimos luchando por verdad y justicia”, añadió.
Más aún, Zabalza sostuvo que el fiscal “cree que tiene la espalda cubierta desde el punto de vista administrativo” y que por eso realiza este pedido de procesamiento con prisión.
“En este gobierno ha habido un clima de perdón y olvido que hace que el fiscal se sienta respaldado”, opinó.
De todos modos dijo que el pedido de procesamiento no lo sorprendió. “Después de la audiencia que habíamos tenido hace un mes más o menos con (la jueza Gabriela) Merialdo y con Zubía, yo tenía casi la certeza que iba a pedir el procesamiento por la actitud que había tenido en la indagatoria”, aseguró.
Para Zabalza existe una “continuidad” entre la actitud del fiscal y la que tuvo su padre, el general del Ejército Eduardo Zubía, durante la dictadura.
“El general Eduardo Zubía fue el que nos sacó a los nueve rehenes del Penal de Libertad y con (Julio) Marenales y (Raúl) Sendic yo fui a parar al aljibe de Durazno”, recordó.
“Allí él vino a comprobar que estábamos dentro de un aljibe y esa noche nos hicieron un simulacro de fusilamiento. Así que el recuerdo que yo tengo del padre del señor fiscal no es muy agradable”, apuntó.
A su juicio existe una “continuidad de espíritu”, porque ambas acciones están destinadas “a la persecución contra determinadas ideas”.
“El fiscal se ha ubicado de la misma manera que la Suprema Corte en la defensa y protección de los criminales del terrorismo de Estado e intentando desalentar la lucha por la verdad y la justicia”, sostuvo.
“¿Por qué de entre 200 y 300 personas que había en la Superma Corte eligió a siete para pedir el procesamiento?”, inquirió Zabalza.
El ex guerrillero también descartó la idea de que se hubiera impedido el funcionamiento de un poder del Estado, como denunció la Corte.
“Nosotros no impedimos nada, primero porque no era nuestra voluntad impedirlo. Cuando yo le planteé al jefe de Policía si se podía suspender la audiencia un rato era para intentar resolver el problema y sacar a la gente. Es decir, convencer de que había que irse”, relató.
Además —según Zabalza— la Corte podría “haber hecho su ritual” de todos modos con la presencia de los manifestantes.
“Simplemente se iba a escuchar algún cántico que demostrara la disconformidad del público en un acto que es abierto y público”, indicó.
“Realmente en todos los videos que se grabaron no hay un solo manotazo”, dijo Zabalza para fundamentar que no se había utilizado la violencia por parte de los ocupantes de la Corte.
“Se formó un cordón de muchachones de 25 años que fue avanzando y bueno..., a mí no me gustaba que me tiraran por la escalera. La forma fue pararse firme y no dejarse arrastrar”, relató.
“Después conversamos con los oficiales para que sacaran el cordón policial y la prueba está que lo sacaron”, expresó.
Para Zabalza los argumentos de que impidieron el funcionamiento de un poder estatal “no son de recibo” y lo que sí existe es “un ensañamiento y una visión de revancha por parte del fiscal Zubía”.
“Esto es político: fue política la actitud de la Corte de trasladar a Mota y es política la actitud del fiscal Zubía al pedir nuestro procesamiento de una manera injustificada”, remarcó.
“Denuncia”.
En la misma línea el abogado Juan Fagúndez sostuvo ayer en conferencia de prensa, que lo primero que debe quedar claro es que 'esto es una causa política, no judicial”.
'El que quiera transformar esto en un tema judicial es un mentiroso, es un tramposo y tiene una intencionalidad absoluta, lo que sí puede ser un delito', remarcó. Más aún, el penalista dijo que estudia la posibilidad de presentar una denuncia contra el propio fiscal Zubía y encarar acciones a nivel internacional por estos hechos si la jueza acompaña al representante del Ministerio Público.
'Fue la Policía la que causó el atentado. Fue la Policía la que causó la violencia. ¡Pero díganlo! ¿Qué miedo tienen? Entraron seis policías a patotear adentro de la Suprema Corte de Justicia. Eso fue lo que motivó todo el revuelo. Un fiscal no puede mentir. No puede ocultar ni tergiversar los hechos que encuadren una acusación. Eso sí puede ser delito', enfatizó Fagúndez, golpeando su puño sobre la mesa y casi a los gritos.
Para Leites se trata también de 'una acción política' que evidencia que “la Justicia uruguaya tiene la balanza claramente inclinada para quienes quieren mantener impunes los delitos cometidos en la dictadura'. 'Es una Justicia claramente clasista', remarcó.
'El fiscal Zubía responde al Poder Ejecutivo quedando en claro que su intencionalidad expresa la voluntad de dicho poder del Estado de ir intensificando las medidas represivas contra los derechos humanos', concluye uno de los puntos del comunicado repartido en la conferencia de prensa.
En otro de los puntos se agrega que la actitud del fiscal 'pone en evidencia que aún persisten en la sociedad uruguaya prácticas propias del terrorismo de Estado que en el pasado asoló al país'.
