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Los desafíos y las oportunidades que genera la economía digital fue el tema que agrupó a gobernantes y empresarios en un seminario en la Torre de las Telecomunicaciones.
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Para el jerarca, esta nueva economía digital “cambia las normas por las que se rige el trabajo”: “el derecho y las regulaciones del trabajo serán mas globales y no de un solo país”.
“Esta economía tiene que tener reglas y normas. Toda empresa aquí paga impuestos y seguridad social. ¿Qué pasará en el futuro con estos trabajadores que no están aportando a ningún lugar? ¿Quién estará atrás de la seguridad social de esos empleados?”, se preguntó Loustaunau.
Adelantó que el Poder Ejecutivo está dispuesto a “explorar una ley de teletrabajo” y que hoy hay unas 70.000 personas que trabajan desde su casa, de las que 30.000 están vinculadas a las tecnologías de la información. De esas 30.000 “solo 3.000 están en el sector formal”, explicó.
Fernando Vargas, asesor legal de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay y profesor de posgrado de Sistemas de la Facultad de Ciencias Económicas, dijo que de cada 10 problemas laborales que llegan a su estudio jurídico “ocho están relacionados” a las empresas digitales.
Vargas dijo que actualmente no hay “ningún tipo de regulación” para solucionar los problemas que surgen de esta nueva economía donde hay “vacíos” legales ante variadas situaciones. “¿Cómo un empleador puede asegurarse que el uso del e-mail del trabajo sea solo para temas profesionales sin invadir la intimidad del empleado?”, ejemplificó.
Para Viviana Martínez, coordinadora de Servicios Globales del Instituto Uruguay XXI, este sector económico “no se puede dejar de lado” y tiene que tener apoyos para seguir “apuntando a la calidad” de sus productos.
“Tenemos que apelar a la formación de talentos. La educación tiene que formar gente más orientada hacia esta área de trabajo, con capacidad de discernir y tomar decisiones”, agregó.
El economista y director del centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM, Ignacio Munyo, dijo que el 54% de los puestos de trabajo en Uruguay corre alto riesgo de desaparecer en los próximos 20 años. El gobierno tiene “mucho que hacer en esto para evitar que este proceso sea dramático”, opinó.
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