Pena de muerte y tortura en el Uruguay

El Estado aplica todo su poder institucional para ser omiso. Es el terror de Estado en su plenitud que –sistemática y eficazmente— cada 15 días deja ejecutar un ciudadano preso. Y es terror de Estado pues lo hace sin sentencia previa ni debido proceso ni ley que lo habilite, ajeno a cualquier respeto mínimo por la persona. Con la tortura de los ciudadanos presos sucede algo parecido: se deja hacer.

Cada tanto, algunas voces se elevan para que esta atrocidad se detenga: Naciones Unidas, el Comisionado Parlamentario, Brecha, el Poder Judicial. Parece que esas voces no han sido suficientes y eso que nos encontramos en un gobierno de izquierda, con un presidente cuya vocación es salvar vidas, y un ministro del Interior que sufrió la tortura.