Desde hace dos semanas los peritos psiquiatras del Instituto Técnico Forense (ITF) de Montevideo, que se encargan de realizar las evaluaciones psiquiátricas en las causas judiciales, están de paro, en protesta por lo que consideran que son cambios “arbitrarios” a sus condiciones de trabajo.
La modificación del régimen laboral contra la que protestan consiste en el incremento de las horas semanales que tienen que cumplir en las oficinas del Poder Judicial (PJ). Hasta el año pasado, como resultado de condiciones que se acordaron algunas décadas atrás, los peritos psiquiatras tenían un contrato de 30 horas semanales, de las cuales debían cumplir solo 12 de forma presencial. Estas se dividen en tres horas por día, cuatro días a la semana.
En noviembre del año pasado, la Corte resolvió incrementar a 20 la cantidad de horas que deben estar en la oficina, equiparando a los psiquiatras con el régimen que cumplen los peritos de otras especialidades. Las nuevas condiciones debían comenzar a regir a partir de enero de 2021.
Sin embargo, los médicos psiquiatras de Montevideo presentaron un recurso de revocación contra la resolución y pidieron que, mientras tanto, la medida se mantenga en suspenso. A mediados de mayo, la Corte desestimó el recurso y confirmó su decisión. También rechazó el pedido de los peritos de convocar a una instancia de diálogo con las autoridades del PJ.
Con el apoyo y asesoramiento del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), se realizaron varias reuniones en la Dirección Nacional de Trabajo, pero no se logró llegar a un acuerdo. Es que los representantes de la Corte aclararon que el cambio de régimen no era negociable.
Según comentaron a Búsqueda fuentes del Poder Judicial, en la Corte entienden que la carga de trabajo es demasiado baja y por eso se niegan a retroceder en su decisión. Si bien el acuerdo con los psiquiatras implica que las horas que no trabajan de forma presencial estén “a la orden” y realizando tareas fuera de las oficinas —como asistir a audiencias o concurrir al Hospital Vilardebó para evaluar a los pacientes con causas judiciales—, las autoridades del PJ afirman que esas actividades no llegan a cubrir todas las horas que se les pagan.
Por eso, en la resolución que determinó el aumento de las horas presenciales, la Corte también ordenó que cuando se realicen visitas al Vilardebó o a domicilio se ingresen las constancias en el reloj biométrico. Del mismo modo, se deberá dejar constancia de la asistencia a las audiencias. El objetivo de esto, explicaron las fuentes, es poder tener cuantificado el trabajo que los peritos afirman que realizan fuera del horario de oficina.
Frente a la posición inamovible de la Corte, y tras recibir la comunicación de que comenzarían a aplicarse descuentos en sus salarios por las horas no trabajadas en la oficina, los 16 psiquiatras de Montevideo decidieron iniciar un paro por tiempo indeterminado. “Nos piden más horas presenciales dentro de la oficina, pero increíblemente eso va en contra de la realidad de cómo se trabaja en el Poder Judicial”, dijo a Búsqueda la psiquiatra del ITF Paula Sarkissian. “Nos agregan más horario presencial, pero no nos reducen las funciones que hacemos afuera”, añadió.
Sarkissian resaltó que el trabajo de los psiquiatras “está al día” y agregó que el régimen laboral también les exige que realicen guardias los fines de semana, que son rotativas.
“No fuimos consultados sobre si era necesario el cambio, no nos explicaron qué falla detectaron, qué es lo que necesitan mejorar”, cuestionó. Y subrayó que las condiciones laborales que se acordaron años atrás buscaron hacer más atractiva una propuesta salarial que no compite con lo que ofrecen en el sector privado. “Como el sueldo no subía se mejoraba por otro lado”, explicó. Aumentar las horas en la oficina quitará más atractivo a la propuesta laboral del ITF, advirtió, lo que redundará en dificultades para llenar las vacantes.
Por otra parte, señaló que la tarea que desempeñan “tiene mucha sensibilidad” y lleva horas de análisis que no siempre es posible reflejar en la cuantificación que pretenden las autoridades del PJ. “Estamos asesorando a la Justicia sobre si una persona es capaz de administrar sus bienes o no. Si es imputable, si va a ir preso o no. Si puede ver o no a los hijos”, ilustró.
“Lo que necesitamos, lo que queremos, es dialogar. Pero llama la atención la rigidez. No nos dejan presentar contrapropuestas, no nos escuchan”, reprochó. “Les preguntamos ¿por qué? Si el trabajo está al día. Y ellos contestan porque sí, porque el funcionario está para la función”.
“Venimos hace 30 años trabajando así. Y de golpe y porrazo nos cambian. Y no nos dicen por qué. Esa es la sensación que tenemos”, resumió la psiquiatra. “Somos fieles al Poder Judicial, tenemos el sentido de pertenencia. No somos cómodos. Pero queremos dialogar. Para que nosotros lleguemos a un paro tiene que pasar mucha agua por debajo del puente”, insistió.
La presidenta del SMU, Zaida Arteta, cuestionó que se trate de una resolución “unilateral” de la Corte que “cambia las condiciones de trabajo sin escuchar cuáles son los argumentos y las propuestas de los trabajadores”.
“Los médicos y médicas están haciendo una medida de lucha importante que tiene como objetivo que se establezca nuevamente una mesa de diálogo y discusión para llegar a un acuerdo sobre la mejor forma de hacer el trabajo”, señaló. “El proceso de este conflicto tiene varios meses y el PJ no está en postura de diálogo”, afirmó.
Sin embargo, el vocero del PJ, Raúl Oxandabarat, aseguró que “los médicos psiquiatras participaron de numerosas instancias de intercambio con representantes de la SCJ, del Sindicato Médico y del Ministerio de Trabajo”.
“Yo mismo participé de un par de ellas”, añadió, e insistió: “Tuvieron numerosas oportunidades de plantear sus argumentos, tanto a través de la vía recursiva como en las reuniones”.
Consultado sobre la posición de la Corte, Oxandabarat dijo que “ha dejado muy clara cuál es su postura respecto del asunto: los médicos peritos están obligados por el marco jurídico que los une a la administración y deben actuar en consecuencia”. Respecto al paro y el riesgo de que continúe, dijo que los ministros se encuentran en una “actitud expectante”.
Zaida Arteta. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
“Lo mejor para el servicio”
En el recurso que presentaron contra la resolución de la Corte, los peritos advirtieron que la modificación del régimen laboral “generaría dificultades graves en varios niveles del servicio”, ya que varios “no podrán cumplir con las nuevas exigencias de horario presencial, lo que aumentará el número de cargos vacantes”. Es que los psiquiatras del Poder Judicial trabajan también en el sector privado y los horarios podrían resultarles incompatibles.
Los peritos plantearon en el recurso que desconocen cuál es la “motivación” de la Corte para exigirles más horas presenciales, ya que trabajan en el ITF “hace más de 20 años y siempre han cumplido en tiempo y forma sus tareas”. En ese sentido, consideran que la resolución es “arbitraria” y “se encuentra viciada por carecer de motivación”, puesto que la Corte “no explicitó cuáles habrían sido los motivos” para dictarla.
La Corte desestimó todos esos argumentos. En la resolución de mayo, sostuvo que la decisión es “legítima”, y busca fijar “criterios comunes” para el trabajo de los peritos con el objetivo de alcanzar “lo mejor para el servicio y el justiciable”. Planteó además que los funcionarios tienen una relación estatutaria y no contractual de trabajo y que por tanto no tienen un “derecho adquirido” a que se mantenga una situación acordada años atrás. “El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario”, señaló en la resolución.
A su vez, indicó que existe jurisprudencia consolidada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que sostiene que “es legítimo que la administración pueda variar el horario en forma unilateral en función de las necesidades del servicio”.
La Corte señala que el horario de 20 horas presenciales ya es “un régimen de excepción” y resalta que los peritos psiquiatras del ITF perciben una partida fija adicional por permanencia a la orden que equivale al 30% de su salario. Con ese extra el salario ronda los $ 101.000 nominales.