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Paros, marchas, cadenas humanas, ocupaciones, varios días de clase perdidos y hasta el intento de boicotear un acto patrio —sumados a un paro general de la central única de trabajadores— no les generaron a los distintos sindicatos las metas que persiguieron durante las últimas semanas. En particular los gremios de la enseñanza y la salud pública, no obtuvieron las mejoras salariales que pretendían y, por el contrario, el Frente Amplio cerró el proyecto de ley de Rendición de Cuentas más austero desde el 2010, con el argumento de que “la torta” debe repartirse con “prudencia”. La norma ya fue sancionada en la comisión de diputados que la estudió y negoció, y ahora solo falta “el trámite” de que la mayoría parlamentaria de la coalición de izquierda la apruebe en ambas cámaras. Para esto existe el compromiso explícito de todos sus legisladores.
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Sin embargo, a pesar de “sellar” un proyecto de ley que defienden como “responsable” y que permite redistribuir ingresos para áreas estratégicas como seguridad, educación y salud, el escenario de conflictividad y “roces” que quedó entre el oficialismo y los sindicatos de trabajadores es complejo. Para el diputado socialista Gustavo Bernini —quien tuvo una larga trayectoria en el movimiento sindical como dirigente del gremio de bancarios— los actuales sindicalistas “no logran ver los avances que han conquistado” desde que llegó el Frente Amplio a la administración nacional y por eso plantean reivindicaciones desmedidas”. A su vez opinó, consultado por Búsqueda,que es necesario hacer una “autocrítica” desde la fuerza política, ya que consideró que “el gobierno no ha sido muy hábil en el relacionamiento con el movimiento sindical cuando le toca estar de este lado del mostrador como patrón”.
La bancada oficialista encontró los fondos necesarios para cumplir con el compromiso del presidente José Mujica, de un aumento para los docentes de la Universidad de la República. La fórmula consiste en recortar 5,8% de los gastos de funcionamiento de los diferentes ministerios. Pero a pesar de retoques en el articulado y de la quita de algunos pasajes que generaron controversia, no aumentaron el gasto ni redistribuyeron plata hacia la educación o salud, como pedían los trabajadores.
Esto mantendrá en lucha a los gremios públicos, que saben que deberán esperar hasta el próximo gobierno para conseguir nuevos aumentos salariales. Por eso desde la salud pública buscan alternativas para pedirle al gobierno recursos extrapresupuestales: la mira está puesta en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). De no conseguirlo amenazan con un huelga general por tiempo indeterminado a partir del 27 de agosto. Incluso desde la central única de trabajadores PIT-CNT varios gremios —públicos y privados— plantean la convocatoria a un paro general nacional de 24 horas que, de concretarse, sería el primero en el gobierno de Mujica. Esta herramienta fue utilizada solo en una ocasión en un gobierno de izquierda: fue en la mitad del mandato del ex presidente Tabaré Vázquez.
En el caso del sector público la educación ha sido el gremio que reclamó con mayor fuerza. Por eso la bancada oficialista dedicó tiempo a estudiar sus planteos. La discusión se mantuvo hasta el último momento antes de votar el proyecto en la comisión. El diputado Doreen Ibarra propuso otorgar un aumento de 1% por encima del incremento ya previsto por el Poder Ejecutivo como “gesto” para “descongestionar” el conflicto con la educación. La propuesta fue rechazada. El legislador reiteró el planteo en la reunión de coordinación de bancada del martes 6. Su reclamo no fue el único. El frenteamplista Carlos Coitiño reprochó a sus compañeros por las “reiteradas” reuniones “informales y restringidas” para un grupo cerrado de legisladores. “Ahí se cocinan las cosas y muchas veces varios de los compañeros que están en el asunto quedan afuera de la jugada”, dijo el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), según comentó a Búsqueda una fuente que participó en la reunión.
Pero esa no fue la única queja. El diputado frenteamplista Felipe Carballo —del sector del presidente de Ancap, Raúl Sendic— criticó la forma en que se negociaron las modificaciones en la Rendición de Cuentas. “Acá no se abrió el diálogo interno en temas de mucha delicadeza. Faltó discusión política de varios puntos”, remarcó otro informante.
La conflictividad en el sector público no es la única preocupación del gobierno. La ronda de Consejo de Salarios en el sector privado recién comenzó y los empresarios y trabajadores negocian con los lineamientos más austeros desde que la izquierda está en el poder. Por encima de la inflación el Ejecutivo propuso que las partes pueden llegar a acordar aumento cero.
Para Bernini, una forma de solucionar las “dificultades de relacionamiento” con los gremios de trabajadores pasa por definir una persona especializada en el tema. Aclaró que su autocrítica no es un ataque contra el Ministerio de Trabajo, que ha desarrollado un “papel importante” articulando en los conflictos. También sostuvo que no es solo responsabilidad del gobierno, y que se observan estrategias sindicales —que no comparte— que no “valoran los avances ni analizan el escenario nacional en perspectiva”.
Sobre esa base planteó que desde la fuerza política se debe dar un debate político “más fuerte”. “Quizás exista un imaginario de izquierda, de confrontar ideas cuando vamos a contrapelo de lo que determinado gremio está haciendo. Yo creo que eso no deja de ser cierta debilidad política, porque en el fondo el debate de ideas hay que plantearlo”, comentó. Aclaró que oponerse a los planteos de trabajadores no es estar en contra de ellos, sino defender su posición como oficialismo.
“No se puede atender todos los reclamos ideales y al mismo tiempo. ¿Quién define qué reclamo es más justo que otro? Todos son justos, pero no se pueden atender al mismo tiempo”, remarcó. La Cámara de Diputados dispuso que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas se vote en el plenario entre el martes 13 y el jueves 15.
