Pese al accidente por el que murieron ocho ancianos, el gobierno evita cerrar centros que estén en falta y apuesta a mejorar sus condiciones

En noviembre del año pasado el director del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango, advirtió en el Parlamento que un tercio de los centros residenciales debían cerrar, pero que no se tomaría esa medida porque el país no cuenta con la capacidad parar ubicar a esas personas en otro lugar.

Los establecimientos de larga estadía se dividen en tres grandes grupos: los privados con fines de lucro (que ofrecen vivienda permanente, alimentación y atención geriátrica), los hogares sin fines de lucro, que brindan un servicio similar al primero, y los servicios de inserción familiar que albergan en su vivienda a personas mayores autoválidas.

El sistema hoy está compuesto por 1.112 centros, que atienden a unas 14.000 personas y emplean a unos 5.000 trabajadores.

El año pasado, el Estado clausuró nueve residenciales y sancionó a otros 76. Hoy quedan unos 180 centros en malas condiciones, que atienden a unas 2.500 personas, estimó Bango. Hasta el momento, se realizaron 2.800 inspecciones. Algunos centros fueron visitados hasta cinco veces, dijo el jerarca.

Bango explicó a Búsqueda que los organismos involucrados en este tema siguen trabajando en un “cronograma de mejora” de los centros y en capacitar al personal. Se espera que este año se formen unas 1.500 personas (asistentes personales a domicilios y cuidadores de residencia).

“Esta tragedia no nos modifica el curso de acción. Este problema lo planteamos en su momento, lo teníamos identificado. Hay un riesgo potencial y lo sigue habiendo”, afirmó. Ante esta situación, Bango explicó que tienen dos caminos: “O tratás de minimizar el riesgo y tener un plan de mejora de los establecimientos o dejás a la gente en la plaza”. El gobierno apuesta a la primera opción, afirmó.

Bango señaló que hubo algunos casos en los que ante el cierre de algunos centros, las familias no se hicieron cargo de los adultos y estos quedaron en la calle.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, también se refirió a este dilema. “Cuando pasa una cosa de este tipo, como ser humano y ministra, me siento absolutamente responsable. Me siento responsable también de la más de media docena de veces que hicimos inspecciones en la etapa anterior. Se fue, se advirtió, se amonestó, se planteó lo que tenía que ver con la cantidad de funcionarios por persona. Me siento responsable porque siempre tenemos la disyuntiva: ¿Qué hacer? ¿Cerramos? Esa es la opción que me cubre, la más cómoda. El Mides resuelve cerrar. ¿Y entonces qué hacemos con las personas? En muchos casos la familia las va a buscar. En otros casos, como sucedió hasta hoy, trabajamos con aquellos que los familiares no se llevaron”, dijo Arismendi, según informó el sitio “Montevideo Portal”.

“Hay miles y miles de personas en esta situación y vamos a tener más. El problema será más grave”, aseguró.

Bango, en tanto, dijo que la muerte de estos ancianos muestra “cómo cuida la sociedad a sus viejos. Cuando esto lo dice alguien del gobierno o responsable de aplicar una política pública puede sonar a lavarse las manos y dividir responsabilidades para sumar cero. Esto no exime de responsabilidad de gestión, pero la sociedad tiene un problema a todas luces”, afirmó.

Abuso y maltrato.

A nivel político también se señalaron estos problemas. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que hay una “actitud hipócrita” en la sociedad que tiene una visión “autocomplaciente con los derechos humanos”.

Hay una parte de la población compuesta por la gente que está en la cárcel, en instituciones psiquiátricas o en hogares de ancianos que vive en situaciones límites, afirmó. En este tema, añadió, hay una “corresponsabilidad” entre el Estado y la ciudadanía. “Hay familias que depositan en determinados lugares a los ancianos”. Atender este tema es central “si se quiere ser una sociedad orgullosa de sus derechos humanos”, afirmó.

La senadora colorada Viviana Pesce dijo que los adultos mayores son parte de una población “tristemente descuidada”. Denunció que son víctimas de “violencia, maltrato, trato humillante y abuso”. La senadora presentó un proyecto para que se penalice el maltrato al adulto mayor.

Desde el Partido Nacional, la senadora Verónica Alonso y el diputado Martín Lema criticaron la falta de coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo. Ambas secretarías tienen a su cargo el control de los centros, aunque desde este año, es Salud Pública la que tiene la palabra final para habilitarlos.

“Este es un problema socio-sanitario, pero no queda claro quién ejerce el control. En el control en conjunto yo siento que no controla ninguno, que se terminan pasando la pelota”, dijo Alonso.

Durante la reunión de la Comisión de Salud de Senadores, Alonso citó declaraciones de la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, Graciela Acosta,  quien cuestionó el control mixto. “Cuando se dio el cambio en la fiscalización de los residenciales, ella advertía que no era la mejor decisión. (...) Lo que planteó en aquel momento fue que les parecía que los residenciales, si bien son centros sociales, más que nada son biomédicos”, y por eso “lo médico es mucho más importante que lo otro”.