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La petrolera estatal brasileña Petrobras acababa de comprar las estaciones de servicio de Shell en Uruguay en el marco de su política de “internacionalización” y el gobierno de Tabaré Vázquez vio una oportunidad para solucionar otro problema. Corría el año 2005 y Gaseba, la distribuidora de gas en Montevideo, estaba en dificultades y su accionista mayoritario Gaz de France quería vender su participación.
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El negocio no era bueno para la empresa brasileña, pero Petrobras siguió adelante y adquirió la mayoría del paquete accionario en 2006 por una decisión de “cuño político” y “para atender un pedido del gobierno uruguayo”, según una declaración judicial de Néstor Cerveró, director del área Internacional de la petrolera en aquel momento.
Cerveró dio detalles sobre esa negociación en una declaración a la Justicia de su país en el marco del Lava Jato, una investigación sobre corrupción de empresas públicas y privadas que ha salpicado a todo el espectro político de Brasil y de otros países de América Latina. A partir de esas declaraciones, el juez del Tribunal Supremo brasileño encargado de analizar las “delaciones” de quienes colaboran a cambio de una reducción de la pena, avaló que se enviarán los antecedentes a un juzgado de Río de Janeiro, ya que, de confirmarse, se trataba de la “realización” de negocios “sabidamente desventajosos” para Petrobras en los que había sospechas sobre el pago de “propinas”, aunque no pruebas.
En una de sus declaraciones a la Justicia de Brasil, Cerveró, procesado por corrupción y lavado de activos, contó que el ministro de Industria de la época, Jorge Lepra, le preguntó si había “interés de Petrobras en comprar Gaseba”, porque Gaz de France estaba interesada en dejar el negocio.
Ante esto, “el personal de la Dirección Internacional de Petrobras, para atender un pedido del gobierno uruguayo, inició negociaciones” con la empresa francesa “para adquirir” las acciones de la distribuidora.
La negociación se concretó a mediados del 2006, cuando Petrobras tomó control del 51% de las acciones de Gaseba que poseía Gaz de France y el 15% de Acodike. La estatal brasileña ya era propietaria de Conecta, otra empresa de distribución de gas, aunque fuera de Montevideo.
La decisión no respondió a criterios empresariales, según Cerveró. Para explicar que era un mal negocio a los ojos de la estatal brasileña, recurrió a una frase de uso popular en su país: “La verdad es que Petrobras ‘asumió un mico’, considerando que los franceses querían librarse de la empresa”.
La compra de Gaseba y Conecta “fue una decisión de cuño político, para atender un pedido del gobierno uruguayo”, dijo, y añadió que Petrobras estaba en un “proceso de internacionalización” en el cual cuadraba la adquisición de las empresas en Uruguay.
El exjerarca de Petrobras relató que Gaseba tenía “grandes problemas” con sus trabajadores y “precisaba reformular su red de distribución”, que era “muy antigua”. Después de la compra “el gobierno uruguayo ayudó a la resolución” del conflicto laboral.
De acuerdo con su declaración, Cerveró no podía asegurar que hubiera habido alguna “irregularidad” en el proceso y que la única posibilidad —sobre la que no da información— sería que se habrían beneficiado “personalmente” el director de Nuevos Negocios de Petrobrás, Luis Carlos Moreira, el abogado Atan Barbosa y el representante de Gaseba Uruguay Eduardo Irigaray.
Un documento de la Procuraduría General de Brasil, avalado por el juez del Tribunal Supremo — al que accedió Búsqueda—, resume el contenido de la declaración y establece los pasos a seguir.
Afirma que el tema de la compra de las dos empresas de gas en Uruguay implicó la “realización de un negocio sabidamente desventajoso para Petrobras por parte de dirigentes de la empresa, especialmente vinculados a la Dirección Internacional, para atender los intereses particulares de políticos extranjeros”.
Agrega que es “posible” que haya habido pago de “propina para celebración de la adquisición de las empresas”.
El documento dice que no ve “conexión” entre esos hechos y los investigados por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, en Curitiba, por lo que establece que los datos sean enviados al Ministerio Público Federal en Río de Janeiro.
Gaseba pasó a llamarse Montevideo Gas en 2007 y cuatro años después Petrobras adquirió el 100% de las acciones. En marzo de este año los trabajadores de Montevideo Gas ocuparon las oficinas de la empresa y denunciaron una “pésima gestión” de Petrobras. Denunciaron además que la petrolera estatal brasileña, sumida en una crisis producto del Lava Jato, acumula una deuda millonaria por el no pago del canon anual previsto en el contrato con el gobierno.
