La primera Constitución nacional de 1830 delegaba en la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante el Senado al Jefe Superior del Estado y otros jerarcas por delitos de traición, concusión y otros “que merezcan pena infamante o de muerte”, pero la reforma de 1918 había desterrado esa pena no solo para los gobernantes, sino para todos. Uruguay, en efecto, fue pionero en la materia ya que en 1907, durante el gobierno de Claudio Williman, se eliminó la pena de muerte por ley. La última ejecución legal se produjo el 29 de setiembre de 1902 en Maldonado.
martes 14 de abril de 2026
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