Piquetes

Es natural que una empresa que va a hacer una inversión importante minimice los riesgos. Asegurarse de antemano que su producción pueda ser transportada de un lugar a otro, que sus trabajadores puedan ingresar a su local de trabajo, que los ejecutivos puedan desarrollar sus tareas en su propias oficinas y que se respete su propiedad. Informaciones de prensa consignan que UPM demanda garantías de que sus instalaciones no serán ocupadas. Es una condición ineludible para que haya segunda planta, según parece.

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La norma ha generado un tembladeral en el partido de gobierno y colaterales. No así en la oposición, la que aparece más ajena de lo que debería.

En la coalición de izquierda y en tiendas sindicales están los que se alarman de que no exista una previa intervención judicial para disolver los piquetes.

Ahora, ¿quién da la venia previa para cerrar o bloquear una ruta, o una o varias calles, o cualquier vía de acceso a un lugar de trabajo e impedirle el paso a la gente violando su derecho a circular libremente? El derecho a circular es más que andar en auto. No es pasear. Son ciudadanos que van a su trabajo, a estudiar, a abrir sus negocios, a poner en marcha sus empresas, a visitar a un enfermo, a una cita con el médico, a una entrevista para conseguir un trabajo, a un juzgado, al puerto, al aeropuerto, a Tres Cruces, en fin, a un partido de fútbol o a donde se les antoje, que para eso la Constitución y las leyes los ampara en sus derechos y libertades. Y no hay derecho gremial que esté por encima de esas garantías a los derechos individuales de cada persona.

¿Qué intervención previa hubo entonces para que se le diga a un ciudadano: por aquí Ud. no pasa? ¿Quién lo dispone? ¿Una asamblea, un grupo que se junta espontáneamente, el PIT-CNT?

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Y no está en juego el derecho de reunión o de protesta. Ninguno de esos derechos puede afectar cualquier otro derecho ciudadano o derechos individuales incluso de mayor rango. Para su pleno ejercicio, además, en todos lados y aquí en Uruguay también, hay una serie de pasos previos, avisos, trámites y hasta autorizaciones a cumplir. Eso da garantías a quienes han resuelto hacer y convocar a esas actividades y, a la vez, permite anunciarle al resto de la ciudadanía de algunas limitaciones e inconvenientes transitorios que se justifican para el mejor ejercicio del derecho de aquellos. No se puede sostener que el cierre de una ruta o el bloqueo de las calles de la ciudad con vehículos o establecer en cualquier vía una muralla humana, o con lo que sea (cubiertas de auto, troncos, etc.), para impedir la circulación, sea una reunión o se enmarque en el derecho de reunión. Tampoco se puede asegurar que sea una acción pacífica: son situaciones que generan tensión, la que muchas veces degenera en violencia, como ocurre y ha ocurrido.

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La libertad de expresión tampoco está en juego. Esta implica el derecho de cada persona a emitir sus ideas y opiniones y a buscar, recibir y difundir informaciones sin ningún límite. No en vano se trata de la libertad custodio de las restantes; es la que garantiza, dando cuenta, la vigencia de los otros derechos y libertades. Esto, a su vez, no obliga a los ciudadanos a estar informados —salvo sobre aquellos tópicos muy específicos respecto a los cuales no pueda alegar desconocimiento— y mucho menos a hacer juicios, opinar, leer prensa, escuchar la radio, ver TV o usar Internet. Son libres de informarse como quieran y de no informarse también.

Un piquete puede entenderse como una forma de manifestarse, pero nada que ver con la libertad de expresión. Es todo lo contrario y, mucho más grave y peligroso, es tratar de imponerles a los ciudadanos, avasallándolos en sus derechos, una información y una opinión particular, estén o no estén interesados en ellas.

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Vale la pena debatir sobre el tema que se ha planteado con esto de los piquetes. Tiene que ver con cuáles son los límites para las libertades y con el uso y el abuso de los derechos.

En el Frente Amplio es notorio que hay diferencias grandes y que, en casos, no lo parecen tanto por los miedos, por aquello de “para que no lo utilice la derecha” y para estar dentro de lo que es políticamente correcto para un izquierdista.

Sería bueno conocer a su vez cómo se definen respecto a estos temas concretos —piquetes, ocupaciones, derechos gremiales, derechos al trabajo, a la propiedad y a circular— los distintos partidos y los principales líderes de la oposición.

Ayudaría a que los ciudadanos vayan avanzando en su inventario y lleguen con las cosas más claras a las elecciones. También sería muy útil para los gobernantes, porque les será más fácil interpretar lo que quieren sus mandantes, la gran mayoría de los cuales no protestan, no manifiestan, no hacen piquetes, pero se expresan a través del voto.