Plan nacional de riego: una política de Estado

En términos generales, con la incorporación del riego se logran incrementos sustanciales en los niveles de producción. La información indica que se alcanzarían unos 800 kilos de carne por hectárea hectárea en pasturas regadas, tres o cuatro veces más de lo que se logra en situaciones sin riego con manejos intensivos, y siete u ocho veces más que el promedio de producción logrado en la ganadería actualmente, según el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Otra ventaja a considerar es la estabilidad en la producción, ya que el incremento del área regada determinaría un desacople productivo ante eventos de déficit hídrico. El análisis de datos estadísticos del ingeniero agrónomo Bernardo Bocking sobre la precipitación y evapotranspiración demuestran que en un 85% de los años hay algún grado de déficit hídrico en Uruguay.

Cabe destacar que la necesidad de riego no tiene el mero objetivo de aumentar la producción, sino que es para aumentar la rentabilidad. Se debe analizar la relación costo-beneficio en cada rubro y en cada caso. Los análisis tanto de casos reales como de modelaciones indican que la rentabilidad por incrementar el riego en la enorme mayoría de los casos es indiscutible.

Es imperioso encarar un plan nacional de riego que levante todas las limitantes para el crecimiento del área regada del país. Hay dos leyes de fomento del riego en Uruguay, la 16.858 del año 1997 y la 19.553 del año 2017. Estas constituyen una excelente base sobre la que se puede evolucionar, pero no han sido suficientes.

En primer lugar se debe enfocar el manejo hidrológico de las cuencas. El concepto es que cada cuenca tiene una determinada dinámica del agua. Por lo tanto, tiene cierta capacidad de almacenar agua y disponer de ella para riego, en concordancia con los tipos de suelo, la topografía, los sistemas de producción existentes en dicha cuenca y la precipitación promedio de cada zona. A su vez hay que respetar los caudales ambientales necesarios para el correcto mantenimiento del medio ambiente.

Es muy necesario el liderazgo del Estado en esta etapa del plan de riego para determinar los parámetros dentro de los cuales se pueden desarrollar los proyectos. En este sentido es muy interesante el caso de Chile, donde por una ley de la década del 80, el Estado determina los posibles proyectos de riego a desarrollar en determinada cuenca y se adjudican en un régimen de concurso a los mejores proyectos.

Está planteado el debate entre proyectos multiprediales versus proyectos prediales. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. En realidad, son enfoques complementarios, y se deben promover ambos modelos.

La ley de riego del año 2017 dio el marco jurídico necesario para permitir el desarrollo de los proyectos de riego multiprediales, aunque aún quedan aspectos fundamentales a reglamentar. Por un lado, la reglamentación de la participación de emprendimientos públicos privado (PPP), y por otro lado la reglamentación de los créditos fiscales generados a consecuencia de la inversión inicial, ambos aspectos claves para atraer la inversión en estas obras.

Otra limitante a analizar está relacionada con todos los aspectos burocráticos entorno a los proyectos de riego. Es imperioso generar una ventanilla única de gestión de estos proyectos, y que esta se estructure de acuerdo con las necesidades de los privados, y que no sean los privados los que deban ir de oficina en oficina intentando lograr las aprobaciones.

La parafernalia de trámites y requisitos entorno a los proyectos de riego hacen que sólo los más convencidos, o los que tienen más capacidad de gestión, sean los que terminan sorteando estas limitantes.

También debemos fortalecer las capacidades humanas en relación con el manejo del agua y del riego, así como fortalecer la generación y transferencia de conocimiento en esta materia.

Actualmente no contamos con una masa crítica tanto de recursos humanos, ni de conocimientos para encaminar un plan nacional que tenga metas ambiciosas. No alcanza con generar las reservas y conducciones de agua, debemos tener sistemas de producción que demanden el recurso y sepan manejarlo.

Por último, debe existir una política de estímulos. Fiscalmente es factible generar subsidios, o renuncias impositivas al riego, ya que los incrementos productivos generados pueden compensar con creces estos esfuerzos de la sociedad. No sólo se genera crecimiento en la economía, sino que se evitan parte de las enormes pérdidas generadas en los eventos de sequías.

“El Uruguay es un país seco donde llueve mucho”, esta frase fue adjudicada a diferentes personas, y es una gran verdad. Tenemos la suerte que aquí llueven unos 1.200 milímetros por año, pero muy desparejos e impredecibles. El país tiene una capacidad enorme de producir y de aprovechar parte del inexorable exceso de agua. No son tiempos de mirar hacia atrás y culpar, son tiempos de mirar hacia adelante y hacer.

* El autor es productor agropecuario y asesor, ingeniero agrónomo (MAA) director de INIA y secretario de la Federación Rural.