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Montevideo, 10 de enero de 2023. (De nuestras agencias). La presidenta Constanza Moreira le aceptó hoy la renuncia al ministro de Economía, Jorge Zabalza, y estudia la posibilidad de remover a la presidenta del Banco de la República, Irma Leites, tras el procesamiento de ambos jerarcas por abuso innominado de funciones, discutida figura penal que subsiste en la legislación uruguaya a pesar de las múltiples objeciones de las que ha sido objeto desde hace décadas.
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En efecto, los referidos jerarcas están desde hace meses en el ojo de la tormenta tras la escandalosa quiebra de la empresa minera Plunaratirí, creada por una ley de 2014 y declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2016.
El curioso nombre de la empresa, que comenzó con capitales indios y británicos, y terminó en manos de una empresa mixta con capitales estatales y privados, en este caso de tres empresarios argentinos (que fueron procesados por estafa la semana pasada) se debe a la creatividad del entonces prosecretario de la Presidencia de la República, Diego Cánepa, quien expresó al respecto en su momento que “para exorcizar el fantasma de Pluna, y demostar que actuamos de buena fe, la bautizaremos Plunaratirí y todo será un éxito, ya lo verán”. Cánepa se refería entonces al escándalo creado en torno a la malograda aerolínea uruguaya de capitales mixtos llamada Pluna, la cual dio quiebra en 2012 y terminó en una bochornosa crisis con empresarios presos y funcionarios públicos procesados y destituidos. A Pluna la sucedió una cooperativa integrada por sus ex empleados, llamada Alas-U, los cuales aguardan desde 2013 el otorgamiento de un préstamo que les permita hacer frente a la restauración de una aerolínea de bandera uruguaya. Se estima que el primer tramo de dicho préstamo, que servirá para hacer frente a los diez años de sueldos que se les adeudan a los integrantes de Alas-U, será concedido en los primeros meses del 2025.
Plunaratirí comenzó sus actividades a mediados del año 2014 sin contar con la aprobación medioambiental de la Dinama (la cual se encuentra aún pendiente, y se estima que es difícil que sea finalmente otorgada) y con un enorme porcentaje de oposición por parte de la ciudadanía uruguaya. Grupos ambientalistas y pequeños y medianos productores rurales, a los que se les notificó por parte de la empresa que deberían permitir la explotación de mineral de hierro en sus tierras, resistieron desde el comienzo las actividades de la megaminera extranjera. Atentados con bombas hurtadas a la propia empresa, que había importado toneladas de explosivos para generar las vetas de explotación, hicieron saltar en pedazos buena parte de sus instalaciones. Secuestros de los ejecutivos indios y de ingenieros alemanes y suizos que trabajaban para la empresa (nunca aclarados por las autoridades) fueron minando, en el más amplio sentido de la palabra, la resistencia y la calma de los inversores. Llegó un momento en que los accionistas extranjeros de la empresa, hartos de tantos episodios agresivos y desmotivantes, comunicaron a las autoridades uruguayas su decisión de abandonar el proyecto.
Fue entonces que el gobierno uruguayo obtuvo, gracias a sus contactos internacionales con inversores de primera línea, el concurso de un grupo empresarial argentino, denominado Leadgate Mining Corporation, encabezado por el destacado financista Campías Matiani, e integrado por sus socios Sebastián Pirsch y Arturo Demaldálvarez, quienes propusieron a las autoridades uruguayas hacerse cargo de la gestión de Plunaratirí, con tal de que el gobierno aportara el 95% del capital de la nueva empresa, siendo el 5% restante integrado por el trabajo del nuevo grupo, que no debía aportar dinero alguno. Las excepcionales condiciones propuestas por Leadgate Mining Corp. incluían sueldos de 40.000 dólares mensuales para cada uno de los tres ejecutivos argentinos, con un bono de 150.000 dólares anuales, así como una cláusula de indemnidad que establecía que, en caso de que los resultados no fueran los esperados, los nuevos gestores no serían en absoluto responsables de los mismos. El gobierno, apremiado por el inminente fracaso de la operación, aceptó estas condiciones sin discusión.
En los años siguientes Plunaratirí continuó dando enormes pérdidas y los gestores de Leadgate Mining comenzaron a vender los hierroductos de acero que surcaban el territorio uruguayo para hacer frente a los desastrosos resultados económicos de la empresa. Negociaron asimismo con inversores chinos la venta de los depósitos de Plunaratirí en el puerto de aguas profundas de La Paloma (que había sido construido principalmente para facilitar el acopio y la exportación del mineral de hierro) y terminaron vendiendo la Casa Central del complejo, instalada en la zona franca que se les había concedido en el departamento de Rocha.
El gobierno anunció entonces que se remataría en subasta pública el permiso de explotación minera de Plunaratirí (el cual, dicho sea de paso, jamás había sido licitado, sino que fue concedido en forma directa cuando se firmó el contrato con los inversores originales a comienzos de 2014). La subasta pública se llevó a cabo en el año 2020, presentándose a la misma un solo interesado, un empresario argentino nacionalizado español llamado Hernantonio Salvo Cánchez, quien, en posesión de un aval otorgado por el BROU por 130 millones de dólares, ofertó 1.300 millones de dólares por el permiso.
Días más tarde se supo que dicho empresario era en realidad el testaferro del también empresario argentino José Carlos Mópez Lena, y nunca pudo hacer frente al enorme desembolso que se había comprometido. Mópez Lena deslindó total responsabilidad en el fallido emprendimiento, asegurando que él tan solo se había acercado al negocio con el fin de ayudar al gobierno uruguayo, al cual siempre se ha sentido muy próximo.
En definitiva, todo terminó en una escandalosa quiebra, con miles de millones de dólares de pérdidas para el Estado uruguayo, que terminó en un fracaso más, parecido (pero mucho más abultado) que el de la aerolínea Pluna, con cuyo destino el ex prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa quiso ligar desde el principio, con el fin de rehabilitar la gestión gubernamental, con el resultado mencionado.
El anciano senador de la oposición Sergio Abreu, sin embargo, declaró a la prensa que quien había dicho que este emprendimiento terminaría así fue él y que el nombre de fantasía que eligió Cánepa no fue sino un presentimiento que él tuvo hace diez años, de que este negocio terminaría en este papelón.
